Un acuerdo para que los vecinos no se maten entre sí (o al menos, que lo haga quien debe)

En un giro de los acontecimientos que nadie vio venir, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado un pacto de caballeros (y marinos) con las autoridades estadounidenses. La brillante idea, que seguramente les costó incontables reuniones y cafés amargos concebir, es que la Marina mexicana se encargue de interceptar las embarcaciones con drogas cerca de nuestras costas. ¿En aguas internacionales? También, por qué no. Al parecer, la alternativa –que los estadounidenses sigan convirtiendo el Caribe y el Pacífico en un campo de tiro al blanco con al menos 75 muertos– no era lo suficientemente atractiva.

La mandataria, en su ya tradicional conferencia de prensa matutina, explicó con la serenidad de quien anuncia el menú del día que el primer acuerdo es que la Secretaría de Marina haga el trabajo pesado cuando el Comando Sur o sus agencias hermanas pasen el chisme. Qué detalle, ¿verdad? Uno casi puede imaginar la conversación: “Oigan, gringos, ¿y si en lugar de disparar primero y preguntar después, nos avisan y nosotros, con toda la elegancia marítima mexicana, los interceptamos?”. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en un ejercicio de comunicación ejemplar, no se dignó a comentar. Quizá estaban demasiado ocupados planificando su próximo “conflicto armado” contra unos cárteles a los que, por arte de magia geopolítica, ahora vinculan directamente con el gobierno de Venezuela.

La delicada danza de la no colaboración (que se parece mucho a colaborar)

México, por supuesto, ha rechazado estas acciones con la vehemencia de un padre regañando a un hijo travieso. Pero la realidad es un poco más… gris. A fines de octubre, tras un ataque en el Pacífico a unos 830 kilómetros de Acapulco, la Marina mexicana acudió solícita a intentar rescatar a un superviviente. ¡Qué casualidad! Justo el barco más cercano era mexicano. Qué bonito es cumplir con los protocolos de salvamento marítimo, sobre cuando te evita tener que admitir abiertamente que estás cooperando con el vecino al que públicamente condenas.

Para rematar la farsa, el gobierno mexicano envió a los secretarios de Marina y de Relaciones Exteriores a tener una charla con el embajador estadounidense. La petición: que mejoren los protocolos de las operaciones conjuntas y se intercepte a las embarcaciones sospechosas en lugar de… ya saben, reducirlas a astillas. Una idea revolucionaria. Mientras tanto, la administración de Donald Trump acumula una enorme fuerza militar en aguas sudamericanas, justificando su beligerancia diciendo que están en un “conflicto armado” con los cárteles. Porque nada dice “paz y seguridad” como una demostración de fuerza descomunal.

Sheinbaum, con la calma de quien ha logrado un acuerdo “en principio”, afirma que las autoridades estadounidenses dijeron que sí. No aclaró cuándo, con quién, o sobre qué tipo de papel fue escrito ese “sí”. Pero bueno, un “sí” es un “sí”, incluso si viene envuelto en la ambigüedad diplomática y el ruido de los cañones recién disparados. Lo realmente importante es que, según ella, recientemente no ha habido ataques cerca de las costas mexicanas. ¡Milagro! Quizá el simple anuncio de un posible acuerdo funcionó como el mejor elemento disuasorio. O quizá los cárteles están de vacaciones.

¿No es enternecedor ver cómo la geopolítica se reduce a esto? Dos naciones, vecinas y supuestas aliadas, negociando básicamente el derecho a ser los primeros en perseguir a los malos en el patio trasero de uno de ellos. Todo para evitar que el vecino, con un historial reciente un poco disparatado, decida que la solución es la obliteración total. Un verdadero cuento de cooperación binacional para los libros de historia.

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El circo legislativo se pone serio (o eso dicen)

Parece que la Ley de Extorsión está de moda en el Senado, y nuestros ilustres representantes han decidido jugar a subir la apuesta. En un giro que nadie vio venir (o quizá todos, porque es la misma jugada de siempre), el coordinador de Morena, Adán Augusto López, ha anunciado con bombos y platillos que el cambio de fondo más relevante será… ¡sorpresa! aumentar el tiempo de encierro para los extorsionadores. Porque, claramente, si algo ha demostrado ser infalible para combatir el crimen organizado en este país es meter a más gente por más tiempo en el mismo sistema penitenciario colapsado. Una idea tan novedosa como un disco de vinilo.

El señor senador, en su infinita sabiduría, aseveró que la propuesta “vendrá en el sentido de elevar la media de la penalidad”. ¿La minuta original hablaba de 5 a 10 o 5 a 15 años? Quién sabe, los detalles son tan aburridos. Lo importante es que es “probable” que se vayan a una “media 10 o 15, mayor”. ¡Qué precisión legislativa! Es como ir al mercado: “Deme unos 10 o 15 años de cárcel, por favor, los que estén de oferta”. Adelantó este profundo análisis en el marco de una reunión con reporteros, ese sagrado ritual donde las noticias se cocinan a fuego lento.

Porque lo bueno de una ley es modificarla antes de estrenarla

Confirmó que el dictamen se discutirá la próxima semana, con la esperanza de que sea aprobado en la sesión ordinaria del miércoles. Por supuesto, el proyecto enviado desde San Lázaro (la otra cámara del congreso, para los despistados) no era lo suficientemente bueno, así que hay que retocarlo. El objetivo declarado es elevar la penalidad para el delito de extorsión y, atención a este detalle de gourmet legal, “evitar que la retroactividad opere a favor de las personas procesadas o sentenciadas”. Vaya, vaya. Resulta que alguien, en su brillantez, había contemplado que la nueva y más dura ley pudiera aplicarse retroactivamente para beneficiar a los acusados. Un despistecito de nada, ¿no? Menos mal que nuestros senadores están ahí para corregir estos pequeños deslices.

Pero esperen, hay más. No contentos con solo ajustar las condenas, también se prevé la creación de fiscalías estatales especializadas contra la extorsión donde no existan. Porque nada combate mejor la burocracia que añadir más burocracia. Y lo más importante: que no sean las fiscalías antisecuestros las que investiguen este delito. Claro, para eso se necesita una fiscalía especializada. ¿Extorsión? Es un tema completamente ajeno al secuestro, no vaya a ser que un fiscal se confunda y aplique la ley equivocada mientras toma su café.

Y para los funcionarios, la misma medicina (o casi)

Y aquí viene la joya de la corona, el momento “todos son iguales ante la ley”. Resulta que la Cámara de Diputados, en un arrebato de compasión institucional, había reducido la pena para los funcionarios públicos involucrados en extorsión. ¡Toma ya! Nuestros senadores, haciendo gala de un sentido de la justicia que roza lo poético, buscan ahora “equipar la pena” con la de los extorsionadores comunes y corrientes. Qué bonito gesto de igualdad. Es conmovedor que, por una vez, se intente tratar a un servidor público corrupto igual que a un delincuente de a pie. Casi da fe en la humanidad.

Mientras tanto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, nos ilumina con el dato de que el dictamen tiene ya un 90% de avance. Ese 10% restante, sin duda, contendrá los matices filosóficos y jurídicos que separan una ley mediocre de una obra maestra. Y, como no podía ser de otra manera en cualquier comparecencia política que se precie, hubo tiempo para los temas personales. Dijo no tener “preocupaciones” por las investigaciones contra casinos, porque durante su gestión en la Secretaría de Gobernación no otorgó ningún permiso. Y, por si acaso, añadió que no hay pruebas en su contra en otros casos. Suélteme, que yo no he sido, suele ser un argumento jurídico de un peso abrumador.

¿Servirán estos cambios para algo más que para un titular en los periódicos? El tiempo, y las estadísticas delictivas, lo dirán. Mientras tanto, el espectáculo debe continuar.

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