Un derecho que llega tras las rejas
La política, como mi padre me enseñó, se mide por cómo trata a quienes están en los márgenes. Hoy hay noticia que habla más de dignidad que de estrategia: el programa IMSS Bienestar extenderá su mano a más de 28 mil personas privadas de la libertad en los centros federales.
Se firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad. No es un gesto menor. Es reconocer que el derecho a la salud no se suspende cuando se pierde la libertad.
¿Qué cambia realmente dentro de los muros?
El acuerdo es concreto. Los internos podrán acceder a hospitales de segundo y tercer nivel. Eso significa atención especializada, urgencias, cirugías, hospitalización y estudios diagnósticos. Se acabó la idea de que la cárcel es también una condena a la mala salud.
“Con el objetivo de garantizar su derecho a la salud”, señala el comunicado oficial. Son palabras que cargan el peso de años de olvido.
Aquí está el detalle que hace pensar en teatro político: el convenio tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030. Justo cuando termina la administración actual. ¿Coincidencia? En este oficio, pocas cosas lo son.
Quedan por definir los hospitales asignados, los tiempos y los recursos. El IMSS Bienestar promete instrumentos adicionales para operar. La promesa está firmada. Ahora viene la parte difícil: hacerla realidad cada día, en cada centro, para cada persona.
Mi esposa, maestra, diría que esto es simplemente lo correcto. Y tiene razón. A veces la política debería ser tan simple como hacer lo correcto.
