Análisis de una movilización ciudadana por responsabilidad y memoria

La tarde del jueves 7 de noviembre, el centro histórico de Hermosillo fue el escenario de una significativa manifestación cívica impulsada por el duelo colectivo. Estudiantes de educación superior, parientes de las personas fallecidas y ciudadanos solidarios protagonizaron una marcha pacífica en recuerdo de las 24 víctimas mortales y los 14 individuos que sufrieron lesiones durante el incendio de la tienda Waldo’s, ocurrido el pasado 1 de noviembre. Este acto constituye una respuesta social organizada frente a una tragedia que ha dejado una profunda huella en la comunidad.

Los participantes, ataviados predominantemente de negro, portaban elementos simbólicos como flores de color blanco, velas y retratos de sus seres queridos. La procesión, cargada de una palpable mezcla de dolor, indignación y un anhelo de rectificación, recorrió las calles desde las escalinatas del Museo de la Universidad hasta el inmueble siniestrado, el cual permanece acordonado y conserva el olor a humo, sirviendo como un recordatorio físico de los hechos. Las consignas coreadas por la multitud, entre las que destacaban “Fuera Waldo’s” y “No fue accidente, fue negligente”, reflejan una hipótesis ciudadana generalizada: la presunción de que el siniestro pudo evitarse y fue consecuencia de fallos en los protocolos de seguridad.

Memoria colectiva y propuestas de cambio estructural

En las inmediaciones de los restos carbonizados del establecimiento comercial, se llevó a cabo un conmovedor pase de lista de las 24 víctimas fatales. Cada nombre fue pronunciado y coreado por los asistentes como un acto de reafirmación de su existencia y de la demanda de justicia. Un altar improvisado, presidido por el número “24” formado con velas encendidas, sirvió como el espacio central para el homenaje póstumo. Allí se colocaron las fotografías de los fallecidos, entre los que se encontraban familias completas, incluyendo menores de edad y una mujer en estado de gestación, lo que acentúa la magnitud de la pérdida humana. La lista incluyó a Guadalupe Córdova, Jesús Murrieta, Jhoana Hernández, María del Carmen Aguilar, Zelma Quintero y sus vástagos Rafael y Danna, Maribel Castro y su hijo Alejandro, Lupita Castro —quien esperaba una niña—, Karla Cota y sus hijos José y Diego, Julio César Salas, María Guadalupe Pérez, Marcos González, Joaquín Ortiz, María Luz Tánori, Edith Villa y su hija Corina, Ana María Cortés, Marcos Segundo y Carlos Arriola Ramírez. Cabe destacar que la identidad de una mujer de 38 años originaria de Caborca aún no ha sido divulgada oficialmente.

La dimensión institucional de la protesta quedó patente con la intervención del catedrático de la Escuela de Derecho, Óscar Medina Díaz, quien leyó una proclama en representación de la comunidad universitaria. El documento expresó las condolencias formales pero también articuló una exigencia explícita de justicia y transparencia en las investigaciones. “Hoy nos une el dolor, la indignación y la esperanza. No podemos permitir que esta tragedia quede en el silencio. Cada vida perdida representa una responsabilidad que el Estado y la sociedad deben asumir con verdad y con acción”, declaró, resumiendo el sentir general.

En un ejercicio de incidencia política concreta, los estudiantes, a través del portavoz Paul Axel Medellín, presentaron una propuesta legislativa denominada “Ley 1ro de Noviembre”. Esta iniciativa busca obligar a escuelas, comercios y todo tipo de establecimientos de uso público a implementar y mantener medidas estrictas de protección civil y seguridad. Como mecanismo de control complementario, se propuso la creación de un observatorio ciudadano independiente que supervise el cumplimiento de dicha normativa, con el objetivo fundamental de prevenir la repetición de catástrofes similares.

Al concluir la marcha, los manifestantes se trasladaron al Palacio de Gobierno, donde depositaron veladoras y fotografías en memoria de las víctimas. En este punto, surgió una nueva iniciativa: la organización de una caravana hacia la Ciudad de México para solicitar de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación. Esta petición busca garantizar una pesquisa imparcial y el castigo severo de los responsables, “sin importar siglas partidistas ni influencias políticas”, lo que denota una demanda de justicia que trascienda cualquier posible condicionante local.

Este movimiento social evidencia un patrón recurrente ante tragedias prevenibles: la búsqueda de respuestas se transforma en una fuerza motriz para la participación ciudadana y la demanda de reformas estructurales. El caso de Hermosillo se erige así como un estudio de caso sobre cómo una comunidad, unida por el duelo, puede canalizar su dolor hacia la exigencia de accountability y cambios legislativos con miras a un futuro más seguro.

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Porque en el país de la ‘nada’, un ‘ajuste’ no es un ‘recorte’

En un giro argumental que dejó a la semántica mexicana temblando, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió al quite este viernes para aclarar un pequeño, diminuto, casi imperceptible malentendido nacional: no hay recorte presupuestal. Lo que hubo, según la explicación oficial, fueron unos “ajustes” y una “pequeña disminución, muy pequeña” en instituciones de la talla del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM). Claro, porque en el vasto universo de las finanzas públicas, una reducción es como un dietista que te quita el postre pero te promete que tal vez, quizá, en un futuro incierto, te lo regresa. ¡Tranquilos todos! La mandataria federal, en su conferencia mañanera, aseguró que el dinero será repuesto. ¿Era tan difícil decirlo antes de que cundiera el pánico?

Mientras la comunidad estudiantil y académica intentaba descifrar la diferencia filosófica entre un ‘recorte’ y una ‘pequeña disminución’, Sheinbaum pasó a la siguiente diapositiva de su presentación: el fabuloso e inminente programa de capacitación en inteligencia artificial. Porque qué mejor manera de calmar los ánimos por unos pesos menos que hablando de un curso para 10 mil jóvenes que los convertirá en los próximos gurús de la computación en la nube y los lenguajes de programación. El proyecto, que se antoja tan ambicioso como la promesa de reponer fondos, se llevará a cabo en coordinación con el TecNM, el IPN y unas 20 empresas. Por supuesto, todo será público y gratuito a través de la flamante plataforma Saberes MX. Un verdadero consuelo para el alumno que ve cómo se estrechan los recursos de su universidad, pero que podrá aprender sobre manejo de datos de forma totalmente gratuita. La ironía es simplemente deliciosa.

Innovación sobre ruedas: el próximo acto de este circo digital

Y por si alguien pensaba que el espectáculo terminaba ahí, la presidenta guardaba un as en la manga: la próxima semana se presentará el programa “México, país de innovación”. Una estrategia integral que, según se adelantó, impulsará la formación tecnológica desde la educación básica. Uno no puede evitar preguntarse si esta maravillosa estrategia incluirá un módulo avanzado sobre cómo gestionar expectativas cuando los presupuestos bailan más que un TikTok viral. Sheinbaum subrayó con orgullo que este es quizá el proyecto más grande de América Latina, porque es público, gratuito y con certificaciones oficiales. “Queremos que México entre con fuerza en la carrera de la inteligencia artificial y el desarrollo digital”, sentenció. Una carrera, cabe destacar, en la que esperamos no nos quedemos sin zapatos a mitad del camino por esos ‘ajustecitos’ presupuestales.

Así que ya lo saben, queridos ciudadanos. Mientras las universidades navegan el proceloso mar de las ‘diminutas disminuciones’, el gobierno nos invita a soñar con un futuro digital y lleno de innovación. Un futuro donde, presumiblemente, la semántica será tan avanzada que la palabra ‘recorte’ habrá sido eliminada por completo del diccionario oficial.

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