La nueva ley de infraestructura y las alarmas que nadie quiere escuchar
Mientras el gobernador de Tamaulipas visitaba tortugueros y gasolineras, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lanzaba una advertencia que debería hacer ruido. Sobre la iniciativa de ley para acelerar la inversión en infraestructura que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La propuesta busca sumar 722 mil millones de pesos adicionales al plan 2026-2030. Dinero fresco mediante coinversión público-privada. Suena bien, ¿verdad? El problema está en los detalles que se esconden detrás del discurso del desarrollo.
Tres riesgos que no son cualquier cosa
El IMCO identificó al menos tres problemas graves. Primero: no hay expertos técnicos independientes en la ecuación. Segundo: no hay certeza presupuestal más allá de 2030. Tercero: los rendimientos para atraer inversión privada podrían no ser acordes al riesgo real de cada proyecto.
“La variable de los flujos de ingreso será determinante para la viabilidad financiera de los proyectos”
Pero hay más. La palabra mágica que siempre aparece en estos casos: discrecionalidad. La iniciativa permite que proyectos estratégicos se autoricen fuera de procesos de licitación tradicionales. Sin protección jurídica clara. Sin reglas transparentes sobre cómo se deducen costos antes de repartir beneficios.
¿Les suena familiar? A mí también.
El IMco no se opone a la inversión en infraestructura -al contrario-. Pero sugiere un modelo más descentralizado donde las empresas puedan desarrollar proyectos por cuenta propia. Según ellos, esto permitiría mayor escala, velocidad y diversidad… sin reducir la ambición.
Mientras tanto, seguimos visitando tortugueros. Porque algunos problemas son más fotogénicos que otros.
