Expertos en derecho internacional señalaron que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos tiene vacíos que permiten la entrega de personas sin necesidad de presentar pruebas formales. Basta con que el país solicitante lo pida como parte de un proceso penal.
Las implicaciones del tratado
En el panel “Extradición contemporánea: eficacia penal y tutela de derechos”, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, los especialistas Javier Dondé Matute y Raúl Iruegas Álvarez coincidieron en que casos como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, serán resueltos más por vía política que jurídica.
Advierten que el tratado actual abre la puerta a violaciones de derechos humanos. Permite que una persona sea privada de su libertad hasta 60 días antes de ser enviada al país solicitante.
Dondé Matute, doctor en derecho penal internacional y perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum “está muy bien asesorada” y ha dado una respuesta política adecuada al decir que “es un tema de soberanía, nos tenemos que defender de las intromisiones de Estados Unidos, vamos a pedir pruebas, etcétera”.
Sin embargo, dejó entrever que la mandataria federal está ganando tiempo para negociar con el gobierno de Donald Trump.
“No sabemos qué esté pasando tras bambalinas. Se le prestó al gobernador con licencia una escolta para proteger su vida (…), no se le ha detenido formalmente, no está en un reclusorio, no tiene una especie de arraigo domiciliario, pero lo están siguiendo a todos lados. Ya también congelaron sus cuentas bancarias, lo cual también es otro indicio. Y por ahí estuvo circulando la acusación de Estados Unidos, la que formuló el gran jurado, y si nosotros leemos y hacemos un checklist de los requisitos para solicitar formalmente la extradición, que están en el tratado de extradición, pues ya se cumplen todos”, indicó.
El especialista cuestionó por qué Estados Unidos no ha solicitado la extradición de manera formal si ya tiene todos los elementos. Sugirió que detrás del discurso oficial podría haber negociaciones no públicas.
Declaraciones de expertos
Por su parte, Raúl Iruegas Álvarez, doctor en derecho penal, subrayó que el caso Rocha Moya está supeditado a una decisión política. Señaló que habría que revisar si el gobernador con licencia podría recurrir al amparo.
Ambos expertos coincidieron en que el tratado de extradición México-Estados Unidos debe revisarse, porque en su forma actual implica riesgos para los derechos humanos.
