El Telón de un Drama Nacional: El Rancho del Horror

En un giro que parece extraído de la trama más oscura de una serie de suspense, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló en la mañanera presidencial un capítulo que estremece los cimientos de la justicia mexicana. Con la solemnidad de quien desvela un secreto de estado, anunció que, hasta este martes 7 de octubre, la pesquisa sobre el enigmático Rancho Izaguirre, enclavado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ha dejado un saldo de 19 individuos detenidos y procesados ante la ley. Pero esta cifra, lejos de cerrar el caso, solo abre un abismo de preguntas más profundas y aterradoras.

Entre los rostros de la acusación, se dibujan siluetas que duelen en la conciencia colectiva: el presidente municipal y el jefe de la policía de una localidad aledaña, cuyas manos, se presume, estaban manchadas por su vínculo con la temible organización del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus sórdidas operaciones de huachicol. “Obtuvimos la información de esa relación con asuntos de huachicol y del Cártel Jalisco Nueva Generación”, declaró el fiscal con una frialdad que contrasta con la ferocidad del crimen. “Aseguramos el inmueble y creemos que la baja en el número de delitos que se cometían en toda esa zona de Jalisco está vinculada con estos hechos”. Una afirmación que resuena como un eco vacío frente al dolor de las víctimas.

Un Grito en el Silencio: Siete Meses de Impunidad y Búsqueda

Estas detenciones, presentadas como un triunfo de la justicia, llegan con una demora que grita al cielo: siete meses y dos días después de que el valiente colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco destapara la cloaca de horror. Fueron ellos, héroes anónimos, quienes identificaron los presuntos crematorios clandestinos que mancillaban la tierra, quienes recogieron el testimonio mudo de prendas de ropa, calzado, mochilas y objetos personales que pertenecieron a posibles víctimas de reclutamiento forzado. Cada hallazgo, una puñalada a la memoria de los desaparecidos.

Y sin embargo, en medio de este torbellino de evidencia, la Fiscalía General de la República se pronuncia con una frialdad que hiela la sangre: los restos humanos localizados en el Rancho Izaguirre permanecen en el más absoluto anonimato. “Hasta este momento no ha habido ninguno, ni por parte de las periciales locales ni de las nuestras federales, que nos haya dado un solo caso”, agregó Gertz Manero, sepultando toda esperanza de identificación. El caso Teuchitlán se convierte así en un duelo sin cuerpo, una herida que no cicatiza.

Pero las víctimas, aquellas que lograron escapar de las fauces del infierno, alzan su voz en un coro desgarrador. Sus declaraciones, incluidas en la sentencia contra 10 personas detenidas por la Guardia Nacional el pasado 18 de septiembre de 2024 y condenadas a 141 años de prisión, pintan un cuadro dantesco. EL UNIVERSAL accedió a este documento estremecedor, donde se detalla que el rancho era solo una pieza de una macabra red de fincas utilizadas por grupos delictivos para torturar personas en la región Valles de Jalisco, un secreto a voces sobre el que las autoridades guardan un silencio cómplice.

En la relatoría, las víctimas narran una pesadilla de la que es difícil despertar: fueron envueltas en plástico, golpeadas con palos y quemadas varias veces antes de ser arrastradas al rancho. Sus testimonios señalan a los policías municipales en el municipio de Tala como los verdugos que iniciaron su calvario. Un relato que convierte cada sombra en una amenaza y cada uniforme en un potencial enemigo.

La Batalla de las Versiones: Entre el Negacionismo Oficial y la Evidencia Ciudadana

El 20 de septiembre de 2024, un destello de esperanza irrumpió en la oscuridad. Elementos de la Guardia Nacional, en una operación coordinada con el Ejército, catearon una casa de seguridad en Teuchitlán. En el operativo, se informó de la detención de 10 sujetos y, lo más crucial, el rescate de dos personas secuestradas. La Fiscalía del Estado de Jalisco añadió un dato escalofriante: además de los dos hombres rescatados, había una tercera persona localizada sin vida. Sin embargo, como un fantasma, la información se desvaneció. La Fiscalía estatal, tras confirmar que la investigación estaba en fase preliminar, se sumió en un mutismo que alimenta la desconfianza.

En este paisaje de silencios oficiales, la voz de Ceci Flores, madre buscadora y activista, emerge como un clamor de verdad. Asegura con la fuerza de la desesperación que en diciembre de 2024 y enero de 2025, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco ya había penetrado en ese “narco rancho” siguiendo denuncias anónimas de un sobreviviente. Indica que en diciembre los hornos aún estaban activos, y que dieron aviso inmediato a las autoridades estatales. Su condena es un lamento que resuena en la impunidad: sus señalamientos fueron ignorados, sus advertencias, desoídas.

“Olía a muerte”, escribió la buscadora en sus redes sociales el pasado 10 de marzo, cinco días después del descubrimiento del Colectivo Guerreros Buscadores. “Había tantos casquillos como rastros de sufrimiento, montones de ropa, zapatos, esposas, cadenas y hasta en los baños había señales de dolor… en todos lados estaban las huellas del infierno, de esas que van dejando los grupos criminales”. Un testimonio visceral que se estrella contra la versión oficial.

Porque la Fiscalía de Jalisco niega con rotundidad que las Madres Buscadoras informaran en diciembre de 2024 sobre el descubrimiento de narco fosas. Afirma que “actuó de inmediato” tras el hallazgo de Guerreros Buscadores, pero que no localizaron estructuras que fungieran como hornos. No obstante, en una concesión que delata la gravedad del lugar, reconoce, con base en los indicios, rastros de calcinación, bajo el eufemismo técnico de “exposición térmica“. Además, corrobora la existencia de habitaciones, baños, cocina, bodegas, un área de adiestramiento táctico y otra de acondicionamiento físico. Un complejo diseñado para el crimen.

El 8 de abril, tras 15 días de tener posesión del Rancho Izaguirre, Alejandro Gertz Manero garantizó que el sitio era un centro de reclutamiento, de operaciones y de capacitación. Pero, en una declaración que generó escepticismo, aseguró que, hasta ese momento, no había indicios de cremación. Sobre la presencia de ropa, zapatos e identificaciones, el fiscal afirmó que no se encontró huella suficiente para afirmar que hubo acciones de cremación, alegando que se realizaron pruebas de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble.

Pero la última palabra aún no está escrita. El pasado 29 de abril, Raúl Servín, integrante de Colectivos Buscadores de Jalisco, lanzó un desafío a la narrativa oficial. Afirmó, con la contundencia de quien ha visto el abismo, que cuentan con pruebas contrarias a las afirmaciones del fiscal general. Los integrantes del colectivo aseguran haber encontrado más de 400 prendas de vestir, un monumento a la ausencia. Este testimonio forzó a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, a iniciar mesas de diálogo con colectivos de buscadores de todo el país, un rayo de esperanza en la larga noche de la desaparición.

El Rancho Izaguirre no es solo un lugar; es una herida abierta, un símbolo de la batalla entre la verdad ciudadana y el relato oficial, un misterio que clama justicia en cada prenda abandonada, en cada resto no identificado. Comparte esta historia para que la luz de la verdad ilumine cada rincón de este caso y explora más contenido relacionado para no olvidar a los que buscan en la oscuridad.