Por fin: un intento de ponerle candado a la caja fuerte que siempre está abierta
En un giro de eventos que nadie vio venir (o más bien, que todos esperaban desde hace una década), los honorables diputados en México decidieron que quizá, solo quizá, sería buena idea intentar controlar el pasadizo clandestino favorito de la nación: las aduanas. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para, atención al eufemismo, “fortalecer y modernizar las aduanas“, logró avanzar. Esto sucede, por supuesto, justo después de que escándalos por el contrabando de combustible nos recordaran que nuestro erario público tiene más fugas que un colador en el fondo del mar.
Parece que la clase política finalmente se dio cuenta de que dejar que las mercancías y los combustibles pasen como Pedro por su casa, sin pagar ni un peso, podría no ser la estrategia fiscal más brillante. ¿Quién lo hubiera dicho? La noticia llega con el aroma justiciero de una factura pendiente, aunque muchos especulamos, con un humor bastante negro, si no será otro parche de papel sobre una herida que requiere cirugía mayor.
Los cambios: o cómo intentar que el zorro cuide el gallinero con un manual de instrucciones
La joya de la corona de esta reforma es el tratamiento que se le dará a los agentes aduanales, esas figuras tan misteriosas y a menudo vinculadas a los casos más creativos de malversación y corrupción. La patente, que antes parecía tener la vigencia de una roca, ahora será de 20 años. Pero ¡sorpresa! deberá certificarse cada 3 años. Es decir, ahora tendrán que demostrar periódicamente que aún recuerdan cómo se supone que debe hacerse el trabajo de manera legal. Un concepto revolucionario, sin duda.
Y para darle un toque de solemnidad (o de burocracia extrema), nacerá el flamante Consejo Aduanero, presidido nada menos que por el secretario de Hacienda. Este nuevo órgano tendrá el poder divino de otorgar, suspender y cancelar patentes, así como de inhabilitar a los agentes o agencias que se pasen de listos. Básicamente, es crear un comité para vigilar a los que debían estar vigilando. Porque si algo funciona en México, es añadir más capas de supervisión.
Para las empresas de mensajería y paquetería, se establece un procedimiento simplificado. Lo que se traduce como: “queremos que los paquetes legales pasen rápido, para poder concentrarnos en los que no lo son”. Y como toda reforma que se precie, incluye sanciones más severas para aquellos que intenten sacar mercancías sin cumplir los requisitos. O sea, ahora sí, en serio, la próxima vez nos enojamos de verdad.
La oposición y la cruda realidad: cuando el optimismo choca con el escepticismo
Mientras el oficialismo celebra, los partidos de oposición, en un arranque de alegría desbordante, advierten que estas medidas podrían restar competitividad a México. Su argumento es que no atacan el problema de fondo: la corrupción estructural en unas aduanas que, no olvidemos, actualmente están en manos de los militares. Es una queja válida. Es como cambiar las cerraduras de una casa cuyo problema principal es que los guardias de seguridad dejan la puerta principal abierta a propósito.
Uno no puede evitar preguntarse con sarcasmo: ¿realmente creemos que el problema son los trámites y no la red de complicidades que permite que el combustible se esfume como por arte de magia? La Procuraduría Fiscal de la República, en un informe que parece el guion de una serie de narcotráfico, reveló que en los últimos dos años ha presentado más de 100 querellas por más de 800 millones de dólares relacionadas con operaciones ilícitas en el sector hidrocarburos. A eso hay que sumarle 59 denuncias por casi 3,000 millones de dólares contra redes de empresas de facturación. Son cifras tan grandes que duelen, la clase de dinero con el que se podrían resolver varios de los problemas del país, pero que en su lugar alimentan la opacidad y la impunidad.
El verdadero desafío, en el que nadie parece querer profundizar, es cómo se implementará todo esto. De qué sirve una ley impecable si no existe la voluntad política real para aplicarla, o si las instituciones designadas para hacerla cumplir están minadas por los mismos vicios que se pretende erradicar. Es el eterno dilema mexicano: tenemos las leyes, nos faltan los mecanismos y, sobre todo, la consistencia para hacerlas valer.
En el fondo, esta reforma es un síntoma de una enfermedad mayor: la desconfianza institucional. Se legisla desde la desesperación, reactivamente, tras cada escándalo. Es un paso, sin duda, pero en un camino tan largo y tortuoso que uno se pregunta si no haría falta algo más radical, más audaz. Mientras tanto, los agentes aduanales corruptos, los funcionarios coludidos y los empresarios sin escrúpulos probablemente ya estén buscando la siguiente rendija por donde colarse. Porque en el arte del contrabando y la evasión, la creatividad humana es infinita.
Así que celebremos este avance, con la ironía que merece. Es un buen titular, un gesto necesario, pero el verdadero trabajo —el de cambiar una cultura de corrupción— sigue pendiente. Y eso, queridos lectores, no se resuelve con una sola reforma legal.
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