¿Llega el fin de las jubilaciones millonarias?
Las comisiones del Senado metieron este martes el dedo en la llaga. Discuten el dictamen para eliminar esas ‘pensiones doradas’ que disfrutan, sobre todo, exaltos mandos de Pemex y la CFE. La propuesta presidencial es clara: poner un tope.
La nueva regla sería brutalmente simple. Ningún servidor público podría cobrar una pensión superior al 50% del sueldo del presidente. Traducido a pesos y centavos: un máximo de 70 mil pesos al mes. Adiós a los cheques con seis o siete ceros.
“Modificar pensiones otorgadas legalmente puede generar conflictos jurídicos y cuestionamientos sobre seguridad jurídica”,
Esa advertencia no vino de un jurista cualquiera, sino del senador Luis Donaldo Colosio. Puso el dedo justo donde duele: la retroactividad. Cambiar las reglas del juego a quienes ya se jubilaron bajo otra ley es terreno pantanoso.
Pero ahí está el jugoso incentivo. La reforma no solo mira al futuro, sino que se aplicaría también a lo ya entregado. El cálculo oficial habla de un ahorro para el Estado de más de 5 mil millones de pesos al año. Una cifra que hace brillar los ojos a cualquier hacienda pública.
Todos los grupos parlamentarios dicen respaldar la medida. Suena a consenso, ¿verdad? Sin embargo, entre líneas se cuela la misma duda: la batalla legal que se viene. Algunos legisladores insisten en revisar ese punto espinoso de la retroactividad.
Es el clásico dilema entre justicia social y seguridad jurídica. Entre recuperar dinero público y respetar lo pactado. El Senado tiene ahora el bisturí en la mano. Veremos si opera con precisión o si el temor a los pleitos legales termina por embotar la hoja.
