Nacional
Diez detenidos en Rancho Izaguirre enfrentarán proceso federal por homicidio y ataques
Diez implicados enfrentan cargos graves tras ataques contra autoridades federales y crímenes en un rancho de Teuchitlán.

Contexto legal y cargos en el caso Rancho Izaguirre
Los diez individuos arrestados en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, enfrentan un proceso judicial complejo que trasciende el ámbito estatal. Además de los delitos de homicidio y desaparición forzada, se les acusa de agredir a elementos de la Guardia Nacional e intentar cometer homicidio contra estos, lo que ha motivado la intervención de un juez federal. Según José Luis Álvarez Pulido, Presidente del Supremo Tribunal de Jalisco, la naturaleza federal de los cargos —particularmente los relacionados con ataques a autoridades federales— justifica esta decisión.
Detalles del proceso judicial
El magistrado explicó que, aunque no hay una fecha específica para que el juez federal determine si acepta el caso, una vez formalizada la aceptación, el procedimiento quedará bajo jurisdicción federal. Mientras tanto, los acusados —identificados como David “A”, Kevin “P”, Christopher “D”, Luis “R”, Gustavo “N”, Juan “A”, Armando “G”, Ricardo “T”, Óscar “J” y Érick “D”— continuarán su audiencia intermedia el 26 de mayo ante un juez estatal. Esta etapa es crucial para depurar pruebas y definir los términos del juicio posterior.
Los detenidos fueron arrestados el 18 de septiembre de 2024 y vinculados a proceso tras investigaciones previas que se intensificaron luego de que el colectivo Guerreros Buscadores revelara la existencia del rancho en marzo de 2024. La Fiscalía General de la República ahora lidera la indagatoria, lo que subraya la gravedad de los hechos.
Implicaciones y análisis del caso
Este caso destaca la colaboración entre autoridades estatales y federales en crímenes de alto impacto. La decisión de transferir el proceso a un juez federal refleja la estrategia legal para garantizar un procedimiento riguroso, especialmente cuando involucra a fuerzas de seguridad nacional. Además, la participación de víctimas y colectivos en la denuncia pública ha sido un factor clave para acelerar las investigaciones.
La audiencia intermedia servirá para consolidar las pruebas, que incluyen testimonios y evidencias forenses. Álvarez Pulido enfatizó que este paso es fundamental para evitar dilaciones y asegurar un juicio justo. Cabe resaltar que, aunque las investigaciones comenzaron antes del descubrimiento del rancho, la difusión mediática y la presión social impulsaron avances significativos.
Perspectivas futuras
El desenlace de este caso podría sentar un precedente en la judicialización de delitos contra autoridades federales y crímenes organizados en Jalisco. La atención pública y el escrutinio institucional garantizarán transparencia, pero también plantean desafíos logísticos y de seguridad para las audiencias.
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Nacional
Salinas Pliego empieza a pagar su histórica deuda con Hacienda
El magnate paga la primera parte de una millonaria deuda con el fisco, tras un descuento sustancial en recargos.

Un cheque que tardó 15 años en llegar
Ricardo Salinas Pliego, el magnate dueño de TV Azteca, empezó este jueves a saldar una cuenta pendiente con el país. Pagó los primeros 10,400 millones de pesos de una deuda que superaba los 32 mil millones. La cifra final incluye un descuento del 37% en recargos, otorgado por el SAT.
La letra pequeña del ‘acuerdo’
El Grupo Salinas no está contento. Aceptó pagar para “dar vuelta a la página”, pero asegura que el monto excede lo pactado. El gobierno federal, por su parte, desmintió tajantemente que existieran tales acuerdos previos.
“El conglomerado manifestó su desacuerdo con la cifra final, pero se comprometió a cumplir con los pagos.”
Con este movimiento, la deuda queda prácticamente cerrada. Un final negociado para un caso que parecía eterno.
Para Hacienda, esto es más que dinero. Es un triunfo simbólico después de más de 15 años de batallas legales infructuosas. La estrategia actual del gobierno, que incluyó renovar ministros en la Corte y apretar las tuercas fiscales, finalmente logró cercar a uno de los grandes.
La memoria es frágil, pero los números no mienten. Mientras el país debate otros temas, una factura multimillonaria empieza a cobrarse. Queda ver si esto sienta un precedente o será recordado como la excepción.
Nacional
SRE desmiente acusaciones de usar migrantes como arma política
México rechaza categóricamente las acusaciones de usar migrantes como herramienta política contra Estados Unidos.

La versión oficial frente a la teoría conspirativa
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acaba de dar un portazo a las afirmaciones del consultor estadounidense Peter Schweizer. En un comunicado directo, calificaron sus acusaciones como “falsedades carentes de sustento”. Nada más, nada menos.
Schweizer, en su libro El golpe invisible, lanza una bomba: asegura que las embajadas y consulados mexicanos buscan que los migrantes influyan en decisiones políticas estadounidenses. Para rematar, vincula esto con supuestos intereses de China y la “hermandad musulmana”. Los medios conservadores estadounidenses ya están amplificando el ruido.
“La labor de la diplomacia mexicana se limita a la asistencia consular y a la promoción de relaciones económicas y culturales”, enfatizó la SRE.
Traducción: hacemos exactamente lo mismo que hace Estados Unidos en México. Nada de intervención directa o indirecta. La defensa de los derechos de los migrantes, insisten, no es acción política.
Libros de texto y batallas culturales
El consultor también cuestiona la distribución de libros mexicanos a estudiantes en Estados Unidos. Alega que fomentan la identidad mexicana sobre la estadounidense. Aquí entró también la Secretaría de Educación Pública para aclarar: son materiales para apoyar la educación de hijos de migrantes y promover el español. Punto.
México recordó algo que parece olvidarse cada ciclo electoral: su Constitución prohíbe meterse en asuntos soberanos de otros países. Con más de 38 millones de ciudadanos viviendo al norte, el mensaje es claro: proteger derechos sí, interferir en política no.
La pregunta que queda flotando es por qué resurgen estas teorías justo ahora. ¿Memoria selectiva o estrategia conveniente? La historia se repite, pero los titulares cambian.
Nacional
Diputados de MC en estado grave tras ataque en Culiacán
Dos legisladores de MC se recuperan tras un ataque armado en Culiacán. Uno perdió un ojo, el otro fue operado de la cabeza.

El telón de violencia baja sobre dos legisladores
La escena es de película, pero el dolor es terriblemente real. Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, diputados de Movimiento Ciudadano, luchan por su vida en un hospital tras el ataque armado del miércoles en Culiacán. Jorge Álvarez Máynez, líder nacional del partido, confirmó que están graves pero estables.
Las heridas cuentan una historia brutal.
Torres Félix, exalcalde y jefe estatal de MC, recibió un impacto en la cabeza. Los médicos lo operaron y ahora enfrentan una carrera contra el tiempo: necesitan 48 horas críticas para ver cómo responde su cerebro a la inflamación. Su recuperación será un camino largo y delicado.
“Su recuperación será delicada y requerirá al menos 48 horas para evaluar la inflamación cerebral”, señalaron los especialistas.
El caso de Montoya Ojeda es igualmente desgarrador. La balacera le costó un ojo y le causó daños cerebrales. El milagro, si se le puede llamar así, es que está consciente y fuera del peligro inmediato que amenazaba su vida.
“Se encuentra consciente y fuera de peligro”, precisó Álvarez Máynez sobre la diputada.
Detrás del cristal blindado
Ambos legisladores viajaban en los asientos traseros de su vehículo cuando los disparos convirtieron la calle en una trampa mortal. Sus acompañantes sobrevivieron. Ahora, familiares y equipos médicos montan guardia en el hospital de alta especialidad donde los atienden.
Mientras las sondas y monitores marcan el ritmo de esta tragedia personal, fuera del hospital las preguntas crecen como la maleza. ¿Quién apretó el gatillo? ¿Por qué?
El gobernador Rubén Rocha Moya dice que las investigaciones avanzan con coordinación estatal y federal. Pero en Sinaloa, donde la violencia es un personaje más en la obra política, las promesas de “esclarecer” suenan a guión repetido.
Este no es solo un ataque contra dos personas. Es un golpe directo a la institución democrática, a la idea misma de que se puede hacer política sin temor a terminar en una camilla. La función continúa, pero con dos actores principales gravemente heridos.

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