Depresión tropical al sur de Guerrero podría convertirse en huracán

El ataque armado contra Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos, ocurrido al interior del Ayuntamiento, elevó a 14 la cifra de presidentes municipales privados de la vida durante el actual gobierno. Especialistas advierten que esto refleja el avance del crimen organizado en los gobiernos locales.

Una crisis que crece en municipios pequeños

De acuerdo con registros de organizaciones civiles y medios locales, Oaxaca encabeza la lista con cinco ediles víctimas de homicidio en el último año y medio, seguido de Michoacán con cuatro. Los ataques contra autoridades municipales evidencian, según expertos, una disputa de grupos criminales por el control territorial y la influencia política en comunidades.

• Alejandro Arcos Catalán, de Chilpancingo, Guerrero (6 de octubre)
• Román Ruiz Bohórquez, de Candelaria Loxicha, Oaxaca (15 de octubre)
• Jesús Franco Lárraga, de Tancanhuitz, San Luis Potosí (15 de diciembre)
• Mario Hernández García, de Santiago Amoltepec, Oaxaca (15 de mayo)
• Isaías Rojas Ramírez, de Metlatónoc, Guerrero (2 de junio)
• Yolanda Sánchez Figueroa, de Cotija, Michoacán (3 de junio)
• Salvador Bastida García, de Tacámbaro, Michoacán (5 de junio)
• Lilia Gema García Soto, de San Mateo Piñas, Oaxaca (15 de junio)
• Martha Laura Mendoza Mendoza, de Tepalcatepec, Michoacán (17 de junio)
• Miguel Bahena Solórzano, de Pisaflores, Hidalgo (20 de octubre)
• Carlos Alberto Manzo Rodríguez, de Uruapan, Michoacán (1 de noviembre)
• Joel Ángel Bravo Martínez, de San Miguel Amatitlán, Oaxaca (13 de junio)
• Eduardo Saavedra López, de San Miguel Yogovana, Oaxaca (12 de julio)
• Valentín Lavín Romero, de Temoac, Morelos (22 de julio)

Especialistas en seguridad señalan que los municipios pequeños son los más vulnerables por sus limitadas capacidades institucionales y de seguridad. Víctor Sánchez, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó:

Los ataques contra alcaldes representan un síntoma de la captura municipal por parte de organizaciones criminales, que buscan influir en policías locales, decisiones políticas y control territorial.

El senador del PAN, Mario Vázquez, afirmó que estos homicidios reflejan el abandono de los gobiernos municipales frente al crimen organizado y acusó falta de respaldo federal. Mientras, autoridades federales han señalado una reducción en delitos de alto impacto, aunque expertos consideran que la estrategia de seguridad no ha logrado fortalecer de manera uniforme a los gobiernos locales.

El expresidente Vicente Fox Quesada y cuatro exgobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) formaron un frente de defensa para Ernesto Ruffo Appel, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalara por presuntos delitos de delincuencia organizada y defraudación fiscal.

En conferencia de prensa, Fox estuvo acompañado por los exgobernadores Francisco Javier Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez, de Jalisco, así como Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato. Exigieron que el proceso judicial se realice con transparencia y apego al Estado de derecho.

Fox afirmó que “mete las manos al fuego” por quien fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. Aseguró que la defensa no busca privilegios, sino garantizar que se respeten sus derechos constitucionales durante el proceso.

El exmandatario cuestionó la audiencia inicial contra Ruffo Appel y señaló que existen dudas sobre la imparcialidad del procedimiento. Sostuvo que las acusaciones tienen un trasfondo político y recordó que antes se denunciaron redes de contrabando de combustibles y fraude fiscal a gran escala.

Fox criticó al nuevo Poder Judicial, surgido de elección popular, al que calificó como un órgano sin independencia para garantizar procesos justos. Los exgobernadores panistas insistieron en que el caso debe resolverse con base en pruebas y bajo los principios de legalidad y debido proceso.

Señalamiento y rectificación de la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) vinculó inicialmente una muestra de lechuga de Taylor Fresh Foods, empresa con operaciones en Guanajuato, con un brote gastrointestinal en ese país. Días después, la autoridad se retractó: el resultado fue un falso positivo. El caso generó incertidumbre en el sector exportador.

Reacción de productores y autoridades mexicanas

Ante el señalamiento, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) analizó 14 muestras de lechuga y agua de las zonas productoras. Los resultados descartaron la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis. Las entidades más afectadas fueron Guanajuato, Zacatecas, Puebla, Aguascalientes y Sonora, que concentran gran parte de las exportaciones de lechuga hacia Estados Unidos.

Representantes del sector agroalimentario solicitaron reforzar el presupuesto para sanidad e inocuidad. Argumentan que se requieren más recursos para garantizar la seguridad de los productos de exportación y evitar futuros incidentes que dañen la confianza de los compradores.

El caso expone la fragilidad de los procesos de control y la dependencia de certificaciones externas. Los productores confían en que la rectificación de la FDA ayude a restablecer el comercio sin mayores pérdidas.