La negativa oficial que huele a manual

La Secretaría de Relaciones Exteriores salió al quite. Con ese tono plano que usan cuando quieren cerrar un tema, negaron rotundamente que los consulados mexicanos en Estados Unidos estén metidos en actividades de carácter político. Lo dicen tras unas versiones que empezaron a circular como pólvora en redes y algunos medios.

“Las oficinas consulares mexicanas no promueven ni participan, ya sea de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política dentro de los Estados Unidos”,

Suena contundente, ¿no? El comunicado, firmado por la cancillería que lidera Juan Ramón de la Fuente, se escuda en el principio sagrado de la no intervención. Dicen que su política exterior se basa en respetar la soberanía y los procesos legales de cada país. Nada nuevo bajo el sol.

La defensa: solo asistencia, cero política

Insisten hasta el cansancio. Aseguran que cualquier rumor sobre querer influir en procesos políticos internos de Estados Unidos es “absolutamente falso”. En su versión, todo se reduce a coordinación con autoridades locales y federales gringas, siempre respetando sus leyes.

Su narrativa es clara: los consulados son máquinas de ayuda, no de agitación. Expedir documentos, visitar a detenidos, repatriar restos. El trabajo gris y necesario.

“El trabajo consular de México trasciende administraciones y no responde a motivaciones políticas, sino a la búsqueda de la protección de mexicanas y mexicanos”,

La SRE cerró con un rechazo total a cualquier duda sobre la “institucionalidad” del trabajo consular. La línea está trazada: aquí no ha pasado nada fuera del guion. Pero uno se queda pensando… ¿por qué tanta insistencia en negar algo que, según ellos, ni siquiera está ocurriendo?

La versión oficial se descarrila

La bancada del PRI en el Senado no se traga el cuento. Para ellos, el accidente del Tren Interoceánico no fue culpa de un solo operador. Fue el resultado final de fallas graves en el diseño y la construcción, documentadas hace tiempo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y sin embargo, la Fiscalía General (FGR) encontró en el conductor su ‘chivo expiatorio’ perfecto.

¿La prueba? Las observaciones técnicas que nadie quiso arreglar.

“Cuando se descarrile [el tren], ya será otro asunto”,

advirtió la senadora Carolina Viggiano, citando advertencias previas. Para ella, echarle la culpa al conductor es solo un intento de lavarse las manos y proteger a los verdaderos responsables, a quienes llamó sin tapujos ‘amigos de los hijos de AMLO’.

Un tren construido con irregularidades

La lista de problemas es técnica y concreta. La senadora Claudia Anaya detalló lo que encontró la ASF: vías de un calibre distinto al que necesita el tren, durmientes incompatibles con el balasto instalado y hasta pagos por obras que nunca se ejecutaron.

Viggiano fue más allá:

“Todas las obras de infraestructura de este gobierno tienen observaciones, sobreprecios y ninguna funciona”.

El patrón, según las legisladoras, es claro: opacidad, falta de supervisión real y una politización que contamina hasta las decisiones técnicas. Lo peor es que ya vimos esta película.

Ambas piden un peritaje externo e independiente, como el que se hizo tras el desplome de la Línea 12 del Metro. Pero ahí está el problema:

“Ya no tenemos una Fiscalía independiente y todo el poder está en manos de un solo grupo político”,

denunció Anaya.

Mientras tanto, la diputada federal Ana González González presentó una iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Una propuesta progresiva que busca mejorar la vida de los trabajadores, demostrando que hay temas donde sí se puede legislar pensando en la gente.

Pero hoy, el foco está en ese tren descarrilado. Y en la pregunta incómoda: ¿Están castigando al mensajero para no escuchar el mensaje?

Un delito que roba la infancia

La política a veces es teatro. Pero lo que ocurre en las comunidades de Chiapas no es una obra. Es una tragedia silenciosa que arrebata la niñez. Ahora, el Congreso local quiere levantar el telón y cambiar el guión.

La 69 Legislatura prepara una iniciativa para sancionar con 8 a 15 años de prisión a quien obligue a un menor de 18 años a una ‘cohabitación forzada’. Es decir, a esas uniones informales que se disfrazan de matrimonio.

“Es un problema crítico que arrebata la infancia, aumenta la violencia doméstica y limita el desarrollo de niñas y adolescentes”, advirtió el Congreso Estatal.

La puntería está clara: acabar con prácticas ancestrales que se han usado como escudo para normalizar lo inaceptable. La presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, lo dijo sin rodeos: se penalizará a quien obligue, coaccione o incluso gestione que un niño o niña viva así.

Cuando la tradición choca con los derechos

Lo más revelador es el agravante. Las penas aumentarán cuando la persona afectada pertenezca a comunidades indígenas o afro mexicanas. No es casualidad.

Los números gritan. Los altos índices de embarazos adolescentes y uniones forzadas en estas comunidades son la chispa que encendió esta reforma. Detrás hay un caso concreto, desgarrador: una niña tzotzil de 13 años con un embarazo de alto riesgo que puso en peligro dos vidas en San Cristóbal.

La iniciativa “pretende tipificar y penalizar la cohabitación forzada de menores… erradicar las uniones informales obligadas, a menudo, escudadas en usos y costumbres”, explicó Gómez Mendoza sobre la propuesta de la diputada Rosa Linda López Sánchez.

Aquí está el meollo del asunto político. Es el eterno debate entre respetar las tradiciones y proteger los derechos humanos fundamentales. El Estado dice: hasta aquí. Lo que llaman ‘usos y costumbres’ no puede ser licencia para violar derechos.

La iniciativa ya está en proceso. Pasó por análisis en comisiones con autoridades y organizaciones civiles. Ahora va al pleno para su aprobación final.

Es una jugada fuerte. Manda un mensaje claro a todo el país: en Chiapas, la infancia no se negocia. Ni siquiera ante la tradición más arraigada. El teatro de la política por fin representa una historia de protección, no de omisión.