Nacional
Corte de Miami condena a García Luna a pagar 2488 millones por corrupción
Una sentencia millonaria en Miami revela los detalles de un esquema de corrupción que drenó millones del erario público mexicano.

Sentencia histórica contra Genaro García Luna y su esposa
Un tribunal civil en Miami ha dictado una sentencia sin precedentes contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, ordenándoles el pago de 2 mil 488 millones de dólares como reparación por su participación en un complejo esquema de contrataciones fraudulentas durante su gestión en el gobierno mexicano. La jueza federal Lisa Walsh emitió el fallo tras un proceso legal iniciado en 2021, en el que los acusados se abstuvieron de presentar defensa alguna.
Detalles del fallo y fundamentos legales
La resolución judicial establece que García Luna deberá restituir 748 millones de dólares, mientras que su esposa fue condenada a pagar mil 740 millones, al identificarse su rol protagónico en la transferencia y ocultamiento de activos ilícitos. La decisión se basó en la figura legal de “default judgment”, aplicable cuando los demandados no contestan la demanda ni comparecen ante el tribunal. Los abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México argumentaron que, al no defenderse, los acusados admitieron tácitamente los hechos.
Según documentos judiciales, el exfuncionario habría facilitado que el conglomerado empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuviera al menos 30 contratos irregulares con dependencias de seguridad mexicanas, desviando 634 millones de dólares de fondos públicos. Estos recursos fueron canalizados mediante paraísos fiscales hacia Florida, donde se adquirieron propiedades y otros bienes. La UIF logró el embargo preventivo de 19 inmuebles vinculados a la red de lavado.
Antecedentes y alcance del esquema ilícito
La investigación revela que el modus operandi se extendió desde 2012 hasta 2018, aunque existen indicios de que los sobornos comenzaron en 2006. Los abogados de la UIF detallaron en court filings que García Luna y sus colaboradores desviaron 580 millones de dólares mediante contratos amañados, de los cuales 250 millones se transfirieron específicamente a cuentas en Miami-Dade para blanquearlos. La demanda civil original reclamaba 28 propiedades, aunque 18 ya habían sido vendidas antes o durante el litigio.
El caso tomó un giro decisivo cuando Pereyra, tras una aparición inicial mediante un abogado que luego abandonó el caso, dejó de participar en las audiencias de mediación programadas desde 2024. La jueza Walsh había fijado un plazo hasta el 28 de abril para alcanzar un acuerdo, advirtiendo que, de lo contrario, emitiría un fallo por default. Ante la inacción de los acusados, la sentencia se dictó en rebeldía.
Implicaciones internacionales y recuperación de activos
Este fallo sienta un precedente en la cooperación jurídica internacional contra la corrupción transnacional. México ha intensificado sus esfuerzos para rastrear y recuperar activos robados durante administraciones pasadas, con al menos 12 casos similares en tribunales extranjeros. La UIF destacó que la sentencia refuerza los mecanismos legales para combatir el lavado de dinero mediante bienes raíces en EE.UU., una ruta frecuente para ocultar ganancias ilícitas.
Analistas jurídicos subrayan que, aunque la recuperación total de los montos condenados podría enfrentar obstáculos prácticos, el fallo tiene un valor simbólico al marcar la primera condena civil millonaria contra un exfuncionario mexicano en cortes estadounidenses. Además, consolida la estrategia de la Fiscalía mexicana de utilizar evidencias financieras —como transferencias bancarias y registros de propiedades— para probar esquemas de corrupción sistémica.
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Nacional
México invierte 300 mil millones en modernizar sus puertos para competir globalmente
Una inversión histórica transformará nueve puertos mexicanos para potenciar el comercio y la economía nacional.

Inversión sin precedentes en infraestructura portuaria
El Gobierno de México ha anunciado un plan estratégico para modernizar nueve puertos clave del país, con una inversión conjunta de 300 mil millones de pesos. Este proyecto, presentado durante la conferencia matutina presidencial, combina recursos públicos y privados para fortalecer la conectividad logística y posicionar a México como un hub regional. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que estas obras no solo impulsarán el comercio internacional y el cabotaje, sino que también generarán miles de empleos directos e indirectos.
Detalles de los proyectos prioritarios
Según el almirante Raymundo Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, seis puertos serán modernizados con fondos mixtos: Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Veracruz y Progreso. Los montos asignados revelan una clara priorización: Manzanillo concentrará más de 112 mil millones de pesos, seguido de Topolobampo (84 mil millones) y Guaymas (40 mil millones). Destaca el enfoque participativo en Ensenada, donde se realizará una consulta ciudadana en la zona de Playa San Miguel antes de iniciar obras.
Además, tres puertos adicionales —Guaymas, Topolobampo y Altamira— recibirán exclusivamente inversión privada. Esta distribución refleja un modelo de colaboración público-privada diseñado para optimizar recursos y acelerar los tiempos de ejecución.
Impacto económico y logístico
La modernización del Sistema Portuario Nacional busca corregir cuellos de botella históricos en la cadena de suministro. Estudios del Banco Mundial indican que los puertos mexicanos operan al 60% de su capacidad potencial debido a infraestructura obsoleta. Con estas intervenciones, se proyecta un aumento del 25% en eficiencia operativa y una reducción del 30% en tiempos de despacho aduanal.
Expertos en economía marítima, como el Dr. Fernando Gómez de la Universidad de Guadalajara, señalan que este plan podría incrementar el PIB logístico en un 2.5% anual. “La competitividad de un país depende críticamente de sus puertos. Estas inversiones colocan a México en la ruta para competir con hubs como Rotterdam o Singapur”, afirmó.
Transparencia y desafíos
Si bien el anuncio ha sido celebrado por cámaras empresariales, organizaciones civiles exigen mecanismos claros de rendición de cuentas. El caso de Ensenada, donde se incluyó una consulta ciudadana, sienta un precedente importante para equilibrar desarrollo y sostenibilidad ambiental.
El calendario de ejecución prevé que el 70% de las obras estén completas para 2026, coincidiendo con la entrada en vigor del T-MEC. Este cronograma acelerado requerirá una coordinación sin precedentes entre los tres niveles de gobierno y los inversionistas privados.
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Nacional
Gobierno presenta 10 acciones clave para aplicar reformas en desaparición de personas
El gobierno federal detalla medidas urgentes para agilizar la localización de desaparecidos y fortalecer la justicia forense.

Gobierno federal impulsa medidas urgentes para implementar reformas en desaparición de personas
El gobierno de México dio a conocer un plan estratégico de 10 acciones prioritarias para ejecutar las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas. Estas iniciativas, presentadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, incluyen plazos definidos y la participación de múltiples instituciones federales e internacionales.
Acciones clave y plazos establecidos
Entre las medidas más relevantes destacan:
- Expedición del Reglamento de la Ley de Búsqueda, con fecha límite el 15 de octubre de 2025.
- Actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), integrando planes de seguridad y protección para familias afectadas.
- Implementación de la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda.
- Uso de tecnología avanzada, como datos biométricos e imágenes satelitales, para optimizar las investigaciones.
Además, se reforzarán las Fiscalías Especializadas y el Banco Nacional de Datos Forenses, junto con la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación para centralizar información.
Enfoque integral y participación multisectorial
La estrategia incluye atención al rezago en identificación de cuerpos y apoyo integral a hijos de desaparecidos. También se convocará una Sesión del Sistema Nacional de Búsqueda y se armonizarán leyes locales con la normativa federal.
Rosa Icela Rodríguez enfatizó: “No basta con la aprobación de la ley; trabajamos en ajustes normativos para una política pública efectiva”. El proceso ha contado con la colaboración de 450 colectivos y la revisión de 570 propuestas en cinco ejes temáticos: búsqueda, forense, bases de datos, bienestar y prevención.
Instituciones como la FGR, el Renapo, la CNDH y organismos internacionales como la Cruz Roja y la ONU participan activamente en la implementación.
Próximos pasos y compromisos
El plan busca no solo agilizar las búsquedas, sino también prevenir desapariciones mediante campañas de sensibilización. La secretaria Rodríguez estuvo acompañada por autoridades clave, incluyendo al subsecretario de Derechos Humanos y representantes de la Fiscalía Especializada.
Este esfuerzo refleja la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de priorizar el tema, combinando avances tecnológicos, coordinación interinstitucional y reparación del tejido social.
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Nacional
Detienen a ex policía vinculado con grupo criminal en Tabasco
Un exagente vinculado a redes delictivas es capturado en operativo federal, revelando tensiones internas en grupos criminales.

Un giro inesperado en la lucha contra el crimen organizado
¡La justicia sigue avanzando! Este miércoles, autoridades federales lograron la captura de Ulises Pinto Madera, conocido como “El Mamado”, una figura clave dentro de la estructura del grupo criminal La Barredora en Tabasco. La operación, ejecutada por elementos de la Secretaría de Marina en Guadalajara, Jalisco, marca un hito en la desarticulación de redes delictivas. ¿Lo más revelador? Su pasado como policía federal y su cercanía con Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario de seguridad estatal.
De uniformado a presunto criminal: una historia de contradicciones
Imagínate esto: quien antes presumía operativos legales, ahora es señalado por vínculos con el narcotráfico. Pinto Madera formó parte de la SSPC estatal durante el mandato de Bermúdez, pero según investigaciones, su trayectoria dio un oscuro viraje. La ruptura entre ambos en diciembre de 2023 desencadenó una ola de violencia en Tabasco, incluyendo un atentado fallido contra Bermúdez en la exclusiva zona de El Campestre. ¿Lección? Las alianzas en las sombras tienen pies de barro.
Pero hay más: desde octubre de 2024, emergieron videos del autodenominado Cártel Tabasco Nueva Generación (CTNG), anunciando más violencia. Este nuevo actor refleja la fragmentación del crimen organizado, un fenómeno que las autoridades monitorean de cerca. La detención de Pinto no es solo un golpe a La Barredora, sino un mensaje claro: nadie está por encima de la ley.
¿Qué sigue? Pinto fue trasladado a instalaciones federales, donde se determinarán cargos. Este caso evidencia la complejidad de la seguridad pública y la importancia de depurar instituciones. Cada detención acerca a México a un futuro más transparente, pero el camino requiere constancia y colaboración ciudadana.
Reflexión final: la esperanza como motor
En medio de noticias difíciles, recordemos que cada acción legal es un paso hacia la paz. ¡Comparte esta información para visibilizar el trabajo de las fuerzas de seguridad! ¿Quieres profundizar en cómo se combate el crimen organizado? Explora nuestros análisis exclusivos y únete a la conversación con #JusticiaEnAcción.
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