Hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación
Una exhaustiva auditoría de Cumplimiento Forense realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto al descubierto un presunto daño patrimonial de más de 272 millones de pesos atribuido al extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF). El organismo de fiscalización determinó que la institución judicial reportó desembolsos sustanciales por diversos servicios contratados, entre ellos seguridad, vigilancia, mantenimiento y servicios de impresión, sin poder acreditar con evidencia documental que dichas prestaciones se hubieran efectuado. Este hallazgo subraya una grave falla en los controles administrativos y los procesos de comprobación durante su última etapa operativa.
El análisis técnico identificó múltiples transacciones irregulares. Un caso emblemático es la adjudicación de un contrato por 431,900 pesos a la empresa Profesionales en Comidas Industriales, S.A. de C.V. para el servicio de comedor en la administración regional de Toluca. A pesar de que el servicio quedó suspendido durante los meses de septiembre y octubre de 2024, el contrato no fue rescindido, y el pago procedió. De forma paralela, se ejecutó un desembolso de 21.467 millones de pesos a tres compañías de seguridad privada –Seguridad Privada Integral Macotela, Servicios Integrales Pesados y Sedegral Seguridad Privada– sin que existiera la documentación que avalara la ejecución de los servicios de vigilancia pactados.
Inconsistencias en Servicios de Impresión y Mantenimiento
Uno de los rubros con mayor monto cuestionado corresponde a los servicios de impresión. La ASF observó un pago de 92.861 millones de pesos a la empresa Distri Copy, S.A. de C.V. por conceptos de impresión, digitalización y copiado. La fiscalización detectó inconsistencias críticas, como la falta de reportes de lecturas electrónicas del consumo inicial y final de los equipos. Tampoco se proporcionó una justificación documentada que explicara por qué el proveedor realizó levantamientos manuales de datos o la razón por la cual existían equipos no registrados en la herramienta de control MICAS, lo que imposibilita verificar el consumo real y la prestación efectiva del servicio.
Asimismo, se identificó un pago por 9.983 millones de pesos a la firma Inmobiliaria DNI, S.A. de C.V. por el mantenimiento de las áreas comunes del edificio conocido como “Torre Afirme” en Monterrey, Nuevo León, sin que se entregara soporte documental que acreditara la realización de dichos trabajos. Otra irregularidad significativa fue un desembolso de 39.488 millones de pesos a Eos Limpieza, S. de R.L. de C.V., relacionado con el contrato CON/DGRM/DCS/104/2023, del cual no se encontró documentación que demostrara la prestación del servicio de limpieza de acuerdo con el anexo técnico establecido.
Conclusiones y Acciones Derivadas de la Fiscalización
La síntesis de la auditoría cuantifica el perjuicio en varias categorías. Se comprobaron pagos por 21.467 millones de pesos sin documentación que acreditara los servicios de seguridad y vigilancia de inmuebles. Adicionalmente, se erogaron 49.472 millones de pesos sin respaldo para servicios de mantenimiento y limpieza. La partida más cuantiosa, que asciende a 201.066 millones de pesos, carece de comprobantes para una amplia gama de servicios tecnológicos y administrativos, que incluyen impresión, digitalización, soporte de software de firma electrónica, mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de audio, video y tecnología, así como licenciamientos y soporte para la red local LAN. A esto se suma el incumplimiento en la ejecución de una póliza fianza por la suspensión del servicio de comedor.
Como resultado de estas graves irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación emitió un total de 34 observaciones. Este paquete de medidas incluye 11 recomendaciones específicas dirigidas a fortalecer los mecanismos de control y transparencia, así como 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los posibles responsables. Estos procesos buscan no solo la reparación del daño económico, sino también sentar un precedente para la depuración de prácticas opacas en la administración de recursos públicos.
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