Las cifras que no cuadran

El gobierno de Donald Trump presume números “históricos” en expulsiones de migrantes. Casi tres millones de personas en su primer año, según el Departamento de Seguridad Nacional. Pero aquí viene el primer problema: nadie sabe exactamente qué están contando.

Especialistas y organismos como el Instituto de Política Migratoria advierten que no existe una definición legal única del término ‘deportación’.

Y esto es clave. Porque si miramos solo las expulsiones con orden judicial, tanto Obama como Biden superaron los números de Trump. La diferencia está en lo que esta administración mete en la bolsa: rechazos en frontera, devoluciones administrativas… cosas que antes se contaban aparte.

Más allá de los números

Pero lo realmente preocupante no son las cifras, sino cómo se están aplicando. Hay un cambio radical en la estrategia.

Mientras gobiernos anteriores priorizaban deportar a personas con antecedentes penales graves, ahora solo entre 25% y 35% de los expulsados tiene historial criminal. Cualquier persona sin documentos es tratada como “criminal”, sin importar su arraigo familiar o si tiene procesos de asilo pendientes.

Las redadas han cambiado de escenario. Con menos cruces irregulares en la frontera, agentes fronterizos han sido reasignados al interior del país. Ahora operan en calles, centros de trabajo… incluso en tribunales donde detienen a personas que iban a cumplir con trámites legales.

Se acabó la protección en “lugares sensibles”: escuelas, hospitales, iglesias ya no son refugio. Agentes encapuchados, tácticas agresivas… se ha creado un clima de miedo permanente en comunidades migrantes.

Comparar números entre administraciones es engañoso. Lo que realmente ha cambiado es la filosofía: antes se buscaba deportar a quienes representaban un peligro; ahora se persigue a cualquiera sin papeles, sin distinción.

Las cifras pueden ser discutibles, pero el miedo en las comunidades es muy real.

La escalada que nadie quería

Teherán no se quedó callado. Tras la decisión de la Unión Europea de etiquetar a su Guardia Revolucionaria como organización terrorista, el gobierno iraní convocó a todos los embajadores del bloque. Una movida clásica de protesta diplomática, pero con un tono más duro de lo habitual.

El Ministerio de Exteriores iraní lo dejó claro: están analizando “opciones de respuesta”. Y no son palabras vacías. El presidente del Parlamento fue más allá, afirmando que, por ley, Irán ahora considera a todos los ejércitos de la Unión Europea como grupos terroristas. Es una declaración que sube el nivel del enfrentamiento.

“La medida europea es ilegal e injustificada”, dijo el gobierno iraní.

Un tablero ya complicado

Esta crisis llega en un momento delicadísimo. Mientras Europa e Irán intercambian acusaciones, Turquía intenta hacer de puente entre Teherán y Washington. El riesgo de una acción militar estadounidense es real, y Ankara busca concretar una reunión entre enviados.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en la región. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto: la Guardia Revolucionaria no es solo un ejército.

Nacida tras la Revolución de 1979, es un pilar del poder político y económico iraní. Su papel central en la represión de protestas internas –con miles de muertos y detenidos– es lo que motivó la sanción europea. Para Bruselas, es una forma de aumentar la presión internacional.

Pero Teherán tiene sus propias cartas para jugar. Confirmó maniobras militares en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial. Aunque llaman a la calma, el mensaje es claro: pueden afectar las rutas energéticas globales.

La combinación es explosiva: sanciones occidentales, despliegues militares y una diplomacia que parece cada vez más un intercambio de ultimátums. La volatilidad en Medio Oriente acaba de subir otro escalón.

Un saludo diplomático con ojo en la seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Laura Fernández por su triunfo en las elecciones de Costa Rica. En redes, la mandataria mexicana habló de fortalecer la amistad y cooperación entre ambos países.

Pero más allá del protocolo, ¿qué significa este cambio en San José? Fernández obtuvo el 48.3% de los votos, evitando una segunda vuelta. Se define como la “candidata de la continuidad” del presidente Rodrigo Chaves.

Es heredera política del presidente Rodrigo Chaves y se ha autodenominado a sí misma como la “candidata de la continuidad”.

Su modelo parece claro: mira hacia Nayib Bukele en El Salvador. Entre sus promesas estrella están construir una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño, aumentar penas e imponer estados de excepción en zonas conflictivas. Un giro duro para un país tradicionalmente estable.

Desde México, el gobierno expresó interés en mantener una relación sólida, destacando la cooperación en seguridad y desarrollo. No es casualidad que se mencione primero la seguridad.

La victoria de Fernández podría marcar un nuevo capítulo regional. Su llegada consolida un bloque de líderes con enfoques similares contra grupos delictivos. Sheinbaum, enfrentando sus propios desafíos internos, extiende la mano a una aliada potencial en esa lucha compartida.

Las felicitaciones son formales, pero el subtexto es claro: hay agendas que coinciden. Veremos si las promesas de campaña se traducen en una colaboración concreta más allá de los mensajes en redes.