La cifra que Washington confirma y las preguntas que no responde

El Comando Sur estadounidense elevó este lunes a 126 el número de personas fallecidas en sus ataques contra lanchas sospechosas. La cifra incluye a quienes se “presumen muertos” tras perderse en el mar.

De esos, 116 murieron en al menos 36 operaciones desde septiembre en el Caribe y el Pacífico. Las otras diez son casos como los ocho individuos que saltaron de una embarcación atacada el 30 de diciembre y nunca fueron hallados.

“El gobierno estadounidense ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de haber matado a ‘narcoterroristas’.”

Una estrategia bajo la lupa

La narrativa oficial habla de un “conflicto armado” contra cárteles. Pero los críticos señalan dos fallas enormes: la mayoría del fentanilo mortal entra por tierra desde México, y la legalidad misma de estos ataques está en entredicho.

El escándalo estalló cuando se supo que, en el primer operativo, fueron eliminados sobrevivientes que ya estaban en el agua. Para republicanos fue “legal y necesario”. Para demócratas y expertos, fue algo mucho más oscuro.

“Los legisladores demócratas y expertos legales señalan que esas muertes fueron asesinatos, si no es que un crimen de guerra.”

Esta campaña naval —una de las mayores en la región en décadas— se intensificó junto a la presión sobre Venezuela, que culminó con la captura y extradición de Nicolás Maduro. Ahora, con Maduro en suelo estadounidense, el foco parece haber cambiado.

Tras la incursión del 3 de enero en Venezuela, solo ha habido un ataque a lanchas. El nuevo objetivo son buques petroleros venezolanos, como parte del plan para tomar control del petróleo del país.

Mientras tanto, en Washington, los republicanos han bloqueado todos los intentos demócratas por limitar la capacidad del presidente para ordenar más ataques. La cuenta sigue abierta.

La amenaza arancelaria que no se fue

Otra vez. Donald Trump anunció este lunes que aumentará los impuestos a la importación de autos, madera y medicamentos desde Corea del Sur. Pasa del 15% al 25%. La razón, dice, es que la Asamblea Nacional surcoreana aún no aprueba el marco comercial pactado el año pasado.

“Nuestros acuerdos comerciales son muy importantes para Estados Unidos. En cada uno de estos acuerdos, hemos accionado rápidamente para reducir nuestros aranceles… Desde luego, esperamos que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”,

escribió en redes.

Pero esto no es nuevo. Es el mismo patrón de presión que ya vimos. Primero amenaza, luego negocia, y si no obtiene lo que quiere rápido, aprieta las tuercas con más impuestos.

Un ciclo sin fin mientras Trump siga al mando

La jugada con Seúl es solo el último capítulo. La semana pasada fue Europa: amenazó con aranceles a ocho países si no obtenían control sobre Groenlandia (sí, Groenlandia). Luego se retractó tras reuniones en Davos.

El sábado fue Canadá: advirtió un impuesto del 100% si Ottawa estrechaba lazos comerciales con China. Y ahora Corea del Sur.

¿El resultado? Una economía global en modo perpetuo de negociación forzada. Los inversores y las familias que dependen de comercio estable viven en la cuerda floja.

Lo irónico es que muchos de estos “acuerdos históricos” de los que Trump se jacta ni siquiera están finalizados. El Parlamento Europeo aún no aprueba el pacto que impondría un 15% a productos de la UE. Y este año toca renegociar el T-MEC con México y Canadá.

Esto no es diplomacia comercial tradicional. Es táctica de presión constante. Y mientras dure esta administración, será la nueva normalidad: amenazas, represalias y mercados nerviosos.

La pregunta real es cuánto aguantará la economía global este péndulo entre promesas y castigos antes de que alguien diga ‘basta’.

¿Reconciliación o presión? Las liberaciones que dividen a Venezuela

La noticia llegó por X, como casi todo ahora. Alfredo Romero, del Foro Penal, anunció que 266 personas consideradas “presos políticos” han salido de prisión desde el 8 de enero. Solo este fin de semana, al menos cien recuperaron su libertad.

“Aquí no hay presos políticos. Aquí hay gente que cometió delito”, declaró Diosdado Cabello, ministro del Interior.

Pero los números bailan según quién los cuente. El gobierno interino de Delcy Rodríguez -quien asumió tras la detención de Maduro- dice haber liberado a más de 620 reclusos. Incluso prometió pedir a la ONU que verifique sus listas.

Entre los liberados: un estudiante por quejarse de las cloacas

La lista incluye casos que hacen arder las redes. Un activista opositor, un abogado de derechos humanos y un estudiante de periodismo encarcelado en marzo. Su “delito”? Publicar quejas sobre el sistema de alcantarillado de su ciudad. Lo acusaron de “incitar al odio”.

Mientras las familias mantienen vigilias fuera de las cárceles, el Foro Penal insiste: al menos 600 disidentes siguen detenidos. Entre ellos, varios miembros del partido de María Corina Machado, la Nobel de la Paz a quien el gobierno sigue viendo como amenza.

Las organizaciones humanitarias acusan al Estado de inflar cifras. El gobierno responde que solo buscan socavar su credibilidad. En medio, cientos de vidas suspendidas y un país que intenta mostrar gestos mientras Washington observa con lupa cada movimiento.

Lo cierto es que cada liberación significa una familia que vuelve a respirar. Pero también quedan preguntas incómodas: ¿gesto genuino o cálculo político bajo presión internacional? En Venezuela, hasta las buenas noticias vienen con asterisco.