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Más de la mitad de los 15 migrantes latinoamericanos que Estados Unidos deportó a la República Democrática del Congo en abril ya están de regreso en sus países de origen. Así lo confirmaron autoridades congoleñas y Alma David, abogada que representa a algunos de ellos.

Los deportados fueron enviados al país africano como parte de acuerdos de tercer país seguro impulsados por la administración de Donald Trump. Abogados han cuestionado la medida, señalando que varios contaban con protecciones legales ante el riesgo de persecución si regresaban a sus naciones.

El camino de regreso

Ocho personas —entre colombianos y peruanos— retornaron con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones mediante un programa de retorno voluntario asistido. Un colombiano más lo hizo por sus propios medios. La abogada Alma David detalló que estas gestiones se realizaron en las últimas semanas.

El gobierno congoleño calificó los retornos como prueba del carácter temporal del mecanismo y anticipó que podrían ocurrir más salidas pronto. Hasta ahora no se ha informado sobre la situación de los siete migrantes restantes.

Senado de EE.UU. aprueba millonario financiamiento migratorio

El Senado de Estados Unidos dio luz verde a un proyecto de ley por 70 mil millones de dólares para financiar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante tres años. La votación terminó 52 votos a favor y 47 en contra, casi por línea partidista.

La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Representantes, que la revisará la próxima semana. La aprobación ocurrió tras semanas de retrasos y negociaciones alrededor de un fondo de compensación de mil 776 millones de dólares vinculado a un acuerdo legal del presidente Donald Trump.

Varios senadores buscaron impedir que esos recursos beneficiaran a aliados del mandatario que consideran víctimas de persecución política.

Reacciones y detalles de la votación

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, respaldó los recursos para las agencias migratorias y señaló que las disputas sobre el fondo retrasaron innecesariamente el proceso. Una propuesta para redirigir parte de ese dinero hacia agentes heridos durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 fue rechazada.

La republicana Lisa Murkowski fue la única de su partido que votó en contra.

Los demócratas criticaron la medida y exigieron que cualquier financiamiento migratorio incluya mayores controles sobre las acciones de los agentes federales.

Un pacto que evita la cárcel

El exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, aceptó declararse culpable de un cargo relacionado con la conservación de información clasificada. El acuerdo con el Departamento de Justicia permite que evite una condena de prisión.

La acusación inicial incluía 18 cargos. Fiscales señalaron que Bolton compartió documentos personales con información confidencial mientras preparaba su libro sobre su paso por la Casa Blanca. El material contenía datos altamente sensibles sobre inteligencia, operaciones gubernamentales y asuntos internacionales.

Como parte del pacto, Bolton podría pagar una multa de 2.25 millones de dólares. La pena máxima queda limitada, pero la decisión final la tomará el juez. La próxima audiencia está programada para el 26 de junio en un tribunal federal de Maryland.

El caso generó críticas sobre el uso del Departamento de Justicia para perseguir a figuras consideradas opositoras a Trump. Bolton, conocido por su postura firme en política exterior, se convirtió en crítico del expresidente tras dejar su cargo en 2019.

Este desenlace podría influir en la percepción pública sobre el manejo de información clasificada y la política de seguridad nacional en Estados Unidos.