Internacional
Bélgica exige reparto de riesgos por activos rusos para Ucrania
Bruselas busca un consenso europeo para una medida financiera sin precedentes, mientras evalúa las posibles represalias del Kremlin y la solidez legal del plan.

Análisis de la Propuesta Belga sobre los Activos Congelados Rusos
El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, ha emplazado a sus socios comunitarios a una distribución equitativa de los riesgos asociados a la utilización de los activos rusos inmovilizados, valorados en billones de dólares y localizados predominantemente en territorio belga. El objetivo declarado es sustentar la estabilidad económica y la capacidad defensiva de Ucrania frente a la agresión militar rusa. Esta postura subraya la vulnerabilidad estratégica de una nación de menor escala ante potenciales contramedidas por parte del Kremlin, que podrían materializarse en forma de confiscación de bienes occidentales en Rusia.
Las proyecciones financieras para Kiev indican unas necesidades de financiación que rondan los 153.000 millones de dólares para los ejercicios de 2026 y 2027. La Comisión Europea, en respuesta a esta exigencia, ha concebido un mecanismo innovador denominado “préstamo de reparación“. Este instrumento financiero no implica la expropiación directa de los fondos, sino su empleo como garantía para la emisión de un crédito masivo a Ucrania, aproximadamente de 165.000 millones de dólares, respaldado por los presupuestos de la Unión. La devolución del empréstito por parte de Ucrania quedaría condicionada al pago de compensaciones por los daños de guerra por parte de Rusia. En caso de que Moscú se negase, los activos permanecerían bloqueados de manera indefinida, constituyendo un elemento de presión financiera y diplomática continuada.
Evaluación de las Consecuencias Legales y Geopolíticas
La administración rusa ha calificado esta iniciativa como una apropiación ilícita de su propiedad, un acto que equipara al robo. No obstante, las autoridades europeas, encabezadas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, defienden la solvencia jurídica del modelo. La clave reside en la naturaleza de préstamo condicionado, que difiere conceptualmente de una confiscación pura y simple. Sin embargo, la prudencia es una constante entre los estados miembros. El propio De Wever ha solicitado un escrutinio exhaustivo de la base legal, destacando que no existen precedentes históricos de una medida de esta envergadura, ni siquiera durante los conflictos mundiales del siglo XX.
“Si queremos dárselos a Ucrania, tenemos que hacerlo todos juntos”, afirmó De Wever. “Si no, las represalias rusas podrían afectar solo a Bélgica. Eso no es muy razonable”.
La inquietud se extiende más allá de la posible retaliación inmediata. Instituciones financieras cruciales, como el Banco Central Europeo, han manifestado su preocupación por el impacto que una decisión de esta naturaleza podría tener en la confianza internacional en el euro. La percepción de que los activos denominados en la moneda única pueden ser objeto de medidas extraordinarias podría erosionar su estatus como valor refugio y medio de pago global. Esta perspectiva es compartida por líderes de países con importantes sectores financieros, como Luxemburgo, cuyo primer ministro, Luc Frieden, recalcó la imperiosa necesidad de garantizar la robustez legal del procedimiento.
“Necesitamos asegurarnos de que sea legalmente sólido”, dijo Frieden. “Creo que hemos avanzado en el hecho de que no habrá una confiscación de estos activos, porque creo que desde un punto de vista legal eso no funcionó”.
El contexto internacional añade otra capa de complejidad. La Unión Europea parece actuar con una determinación renovada para liderar el apoyo a Ucrania en un momento de parálisis por parte de los Estados Unidos, donde la administración del presidente Donald Trump ha suspendido la ayuda financiera directa. La esperanza en Bruselas es que otras potencias del Grupo de los Siete, como Japón, el Reino Unido y Canadá, que también retienen activos rusos, adopten iniciativas similares, creando un frente unificado. Cabe señalar que los rendimientos generados por estos activos ya están siendo canalizados hacia Kiev a través de programas del G7, una práctica que continuaría independientemente del destino del principal.
En conclusión, la propuesta belga representa un punto de inflexión en la arquitectura de las sanciones internacionales. Trasciende el mero castigo económico para adentrarse en el terreno de la reconstrucción financiada por el agresor. Su viabilidad última dependerá de un delicado equilibrio entre la necesidad de apoyar a Ucrania, la mitigación de riesgos legales y geopolíticos, y la preservación de la estabilidad del sistema financiero europeo. La decisión final marcará un precedente histórico con profundas implicaciones para el derecho internacional y la geopolítica del futuro.
¿Considera que esta estrategia financiera es el mecanismo más efectivo para apoyar a Ucrania a largo plazo? Comparta este análisis en sus redes sociales para ampliar el debate y explore más contenidos sobre geopolítica y economía internacional en nuestro sitio.
Internacional
Venezuela propone amnistía general tras la caída de Maduro
El gobierno anuncia una ley para liberar opositores, pero las cifras y las reacciones muestran un panorama complejo.

Una promesa de libertad que divide aguas
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes un proyecto de ley de amnistía. Dice que busca liberar a dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas y activistas detenidos por motivos políticos desde 1999.
“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política… que sirva para reencauzar la justicia”, enfatizó Rodríguez ante magistrados.
La medida era una exigencia clave de la oposición, respaldada por Estados Unidos. El pedido se intensificó después de que fuerzas estadounidenses capturaran al depuesto Nicolás Maduro el 3 de enero.
Las cifras no cuadran
Rodríguez afirma que su gobierno ha liberado a más de 600 personas. Pero el Foro Penal, una organización civil prestigiosa, tiene otros números.
Hasta el miércoles, contabilizaban 302 excarcelados y 711 personas aún detenidas por razones políticas. El gobierno niega que existan “presos políticos” y acusa a los detenidos de conspirar.
“Una amnistía general es bienvenida siempre que… no se convertirá en un manto de impunidad”, declaró Alfredo Romero, presidente del Foro Penal.
La líder opositora María Corina Machado fue más directa. Dijo que estas acciones no se tomaron “voluntariamente, sino en respuesta a la presión real” de Estados Unidos.
Un símbolo que cambia de cara
Lo más sorprendente fue el anuncio del cierre de El Helicoide. Este centro del SEBIN ha sido denunciado por años como un lugar donde se violan derechos humanos.
“Las instalaciones del Helicoide… se convertirán en un centro social, deportivo, cultural y comercial”, indicó Rodríguez.
Familiares de presos vieron el discurso en sus celulares frente al edificio. Algunos lloraban. Muchos coreaban: “¡Libertad! ¡Libertad!”.
El proyecto excluirá a condenados por homicidio, tráfico de sustancias prohibidas y violaciones graves a derechos humanos. Rodríguez pidió al Alto Comisionado de la ONU verificar las listas para acabar con discrepancias.
Pero las autoridades no han dado nombres ni números concretos. Grupos defensores buscan pistas en medio de la angustiosa espera familiar.
Machado recordó que hay personas detenidas desde hace un mes hasta 23 años. Para ella, cuando desaparece el miedo se liberan las fuerzas democráticas. Y eso significa el fin de lo que llama tiranía.
Mientras tanto, Venezuela intenta escribir un nuevo capítulo sobre viejas heridas. La pregunta es si esta ley será realmente una página en blanco o solo otro párrafo en un conflicto sin fin.
Internacional
Starmer apuesta por China pese a advertencias de Trump
El primer ministro británico busca negocios en China mientras Trump advierte y legisladores rechazan acuerdos sobre sanciones.

La visita de Starmer a Beijing: negocios, advertencias y una polémica sanción levantada
Keir Starmer aterrizó en Shanghái con una misión clara: abrir puertas para las empresas británicas. Lo hizo acompañado de más de 50 líderes empresariales, en la primera visita de un primer ministro del Reino Unido a China en ocho años. El mensaje era económico, pero el contexto era pura geopolítica.
Horas antes, desde Washington, Donald Trump soltó una advertencia. Dijo que era “muy peligroso” que el Reino Unido hiciera negocios con Beijing. Starmer intentó quitarle hierro al asunto, sugiriendo que las críticas de Trump iban más dirigidas a Canadá.
“No creo que sea prudente que el Reino Unido esconda la cabeza en la arena”, afirmó Starmer a Sky News. “China es la segunda economía más grande del mundo… hemos abierto muchas oportunidades para la creación de empleos y riqueza”.
El gesto concreto: sanciones levantadas
Tras reunirse con Xi Jinping, Starmer anunció un logro concreto. China levantaría la prohibición de viaje impuesta a varios legisladores británicos. Esas restricciones se habían establecido después de que el gobierno conservador anterior sancionara a funcionarios chinos por los informes sobre los uigures en Xinjiang.
“La respuesta de los chinos es que las restricciones ya no se aplican”, dijo Starmer a ITV News.
Pero el acuerdo no sentó bien a todos. Los propios legisladores sancionados, incluido el exlíder conservador Iain Duncan Smith, salieron al paso con un comunicado contundente.
“Preferiríamos permanecer bajo sanción indefinidamente que tener nuestro estatus utilizado como moneda de cambio”, declararon siete parlamentarios.
La sombra de Trump y el tablero global
Mientras Starmer hablaba de oportunidades, Trump insistía en su narrativa. “No puedes ver a China como la respuesta”, sostuvo el expresidente estadounidense. Sus palabras reflejan la tensión constante entre Occidente y Beijing, donde cada movimiento comercial se lee en clave política.
Starmer y otros líderes, como el primer ministro canadiense Mark Carney, visitan China buscando alternativas. Muchas economías siguen resentidas por los aranceles de la era Trump y necesitan diversificar mercados. Pero cada gesto de acercamiento viene con un coste político, como demuestra la polémica por las sanciones.
La visita dejó claro que hacer negocios con China en 2026 es caminar sobre un campo minado diplomático. Se firman declaraciones de “asociación estratégica”, pero las heridas recientes —Xinjiang, Taiwán, la rivalidad tecnológica— no se borran con un apretón de manos. Starmer consigró su foto con Xi y promesas comerciales, pero también despertó viejos fantasmas y nuevas críticas en casa.
Al final, el viaje resume la dicotomía actual: la necesidad económica empuja hacia Beijing, mientras la política tira en direcciones opuestas. Y en medio, legisladores que se niegan a ser fichas de cambio en un juego mucho más grande.
Internacional
Sudáfrica e Israel expulsan diplomáticos en escalada bilateral
Sudáfrica e Israel expulsan diplomáticos en escalada de tensiones por el caso de genocidio en Gaza ante la ONU.

Una expulsión que no viene sola
Sudáfrica ordenó este viernes al viceembajador israelí, Ariel Seidman, abandonar el país en 72 horas. Lo declararon persona non grata tras acusarlo de usar redes sociales para insultar al presidente Cyril Ramaphosa y violar protocolos diplomáticos.
Horas después, Israel respondió con la misma moneda. Expulsó al diplomático sudafricano Shaun Edward Byneveldt y le dio el mismo plazo para irse.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica explicó que la expulsión “sigue a una serie de violaciones inaceptables de las normas y prácticas diplomáticas que representan un desafío directo a la soberanía”.
Relaciones al límite
Este intercambio no es casual. Las relaciones ya estaban rotas desde que Sudáfrica llevó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio en Gaza. Israel niega las acusaciones y acusa a Sudáfrica de ser “el brazo legal” del grupo Hamás.
Seidman era el diplomático israelí de mayor rango allí desde que Israel retiró a su embajador en 2023. Sudáfrica también aleja incumplimientos en informar sobre visitas oficiales israelíes.
La comunidad judía local criticó la medida. Karen Milner, presidenta de la Junta de Diputados Judíos, dijo que era “una medida drástica” basada en “unos pocos tuits”.
Ahora todos miran a Washington. Estados Unidos, aliado clave de Israel, ya ha sido crítico con Sudáfrica durante la administración Trump. El año pasado incluso expulsaron al embajador sudafricán por comentarios sobre el movimiento Make America Great Again.
Esta escalada parece otro capítulo en una grieta que se hace más profunda cada día. Y cuando los diplomáticos empacan maletas, nunca es buena señal.

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