La propuesta del Gobierno federal de posponer hasta 2028 la elección judicial abrió un nuevo frente de confrontación política. PRI y Movimiento Ciudadano (MC) rechazaron la iniciativa y pidieron su cancelación total. Consideran que la reforma al Poder Judicial es inviable desde su origen.
La iniciativa fue presentada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, durante la conferencia matutina. Plantea aplazar un año el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros. También incluye ajustes como reducción de candidaturas, simplificación de boletas y nuevos mecanismos de capacitación y evaluación.
El PRI afirmó que el aplazamiento confirma el fracaso de la reforma judicial impulsada por el oficialismo. Señaló que el propio Gobierno reconoce las dificultades para implementar el modelo aprobado. La dirigencia priista sostuvo que la elección debe cancelarse, no solo posponerse, al advertir riesgos para la impartición de justicia.
Movimiento Ciudadano coincidió en que la reforma es insostenible y exigió su cancelación definitiva. Ambos partidos calificaron la propuesta como una muestra de improvisación y falta de viabilidad técnica.
El anuncio se da en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, luego de la aprobación de la reforma en 2024. La oposición considera que cualquier intento de corregir el proceso solo retrasa un problema estructural. La discusión continuará en el Congreso, donde el oficialismo busca consensos para sacar adelante la postergación.
