El acto final del descarrilamiento: certificación o nada
El escenario político se tensa. Tras el dictamen de la Fiscalía que apunta al exceso de velocidad en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, Claudia Sheinbaum sube al podio con un guión claro: defender a los operadores pero imponer condiciones durísimas para que el servicio vuelva.
“Muchos de ellos son ferrocarrileros, entonces son maquinistas experimentados”, declaró la presidenta en su conferencia mañanera.
Pero esa defensa viene con un pero monumental. El reinicio del transporte de pasajeros está congelado. Congelado hasta que una agencia certificadora internacional no sólo revise todo, sino que emita recomendaciones específicas y éstas se apliquen.
Un telón que no se levanta
Es una jugada de alto riesgo político. Por un lado, evita echarle toda la culpa a los trabajadores. Por otro, manda un mensazo: la seguridad nacional no basta. Se necesita un sello global.
“Ya estaba certificado nacionalmente, pero queremos la certificación internacional y ahí lo más importante son las recomendaciones”, insistió Sheinbaum.
Mientras tanto, las víctimas y sus familias esperan. La presidenta aclaró que los montos de apoyo los determina la FGR caso por caso, protegiendo la privacidad de los afectados. “Ellos tienen que aceptarlo, no es algo que se imponga”, dijo.
El tren de carga podría rodar antes, una vez liberadas las vías y con “ciertos mecanismos”. Pero el de personas… ese tendrá que esperar a que suene el silbato de un auditor externo. El gobierno federal pone toda la responsabilidad del próximo acto en manos internacionales.
