Fiscal General rechaza persecución y defiende actuar de la FGE ante el Congres

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la fiscal general de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre, defendió el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) y rechazó de manera categórica que la institución incurra en persecución contra periodistas, profesionistas o grupos específicos, al tiempo que abordó temas relacionados con el caso del periodista Rafael N., las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y su postura frente a las recomendaciones en materia de derechos humanos.

Ante diputados locales, la titular de la FGE subrayó que las órdenes de aprehensión no constituyen actos de persecución, sino mecanismos legales para conducir a una persona ante un juez por hechos determinados. Aclaró que corresponde al Poder Judicial definir la clasificación legal de los delitos al momento de dictar un auto de vinculación a proceso.

En ese contexto, se refirió al caso del periodista Rafael N., quien, dijo, fue vinculado a proceso por los delitos contra las instituciones de seguridad pública y encubrimiento por favorecimiento, además de contar con una medida cautelar que continúa vigente.

“No hay una persecución sistemática por parte de esta fiscalía; somos respetuosos del ejercicio profesional de periodistas y comunicadores, cuya labor es ética y fundamental para la sociedad”, afirmó Jiménez Aguirre.

En otro tema, la fiscal general explicó que las investigaciones relacionadas con la UPAV se derivan de imputaciones por presuntos delitos como ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, peculado e incumplimiento del deber legal, principalmente contra ex servidores públicos, entre ellos el ex rector y colaboradores cercanos.

Si bien reconoció que existen más personas implicadas, señaló que, por la secrecía de las investigaciones y para garantizar su eficacia, no es posible revelar nombres en este momento. No obstante, aseguró que las indagatorias abarcan no solo a quienes ejecutaron los actos, sino también a toda la cadena de decisiones, autorizaciones y omisiones.

“Pueden tener la certeza de que no va a haber impunidad”, enfatizó.

Respecto a la reparación del daño, indicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla mecanismos como la inmovilización de cuentas y el embargo precautorio, los cuales serán utilizados para garantizar los derechos de las víctimas.

Sobre las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostuvo que serán analizadas caso por caso, al considerarlas una oportunidad para fortalecer a la institución. Detalló que ya aceptó dos recomendaciones de la CNDH y una de la Comisión Estatal, relacionadas con desaparición de personas y actos de tortura.

“Tenemos que identificar qué falló, fortalecer controles, capacitar al personal y fincar responsabilidades a los servidores públicos que, por acción u omisión, afectaron el acceso a la justicia de las víctimas”, expresó.

Finalmente, al referirse a las investigaciones por delitos cometidos contra periodistas y otros casos relevantes, informó que se han desplegado grupos de policías ministeriales tanto de la Fiscalía Especializada como de la Fiscalía de Poza Rica. Reconoció que existen retos técnicos, como el desbloqueo de teléfonos para obtener información, pero aseguró que las indagatorias se realizan de manera minuciosa y exhaustiva.

“Por secrecía no puedo revelar líneas de investigación, pero tengan la certeza de que estamos siendo puntuales en todos los casos donde hay víctimas, porque es nuestra obligación”, concluyó la fiscal general.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la planeación del proyecto Carpeta de Investigación Digital, una estrategia integral que busca modernizar la procuración de justicia en Veracruz, agilizar trámites y mejorar la atención a las víctimas del delito mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Durante su comparecencia ante diputadas y diputados locales, la fiscal general del estado, Lisbeth Jiménez Aguirre, explicó que el nuevo sistema permitirá a la ciudadanía presentar denuncias en línea, evitando largas jornadas de espera en trámites presenciales. Además, facilitará el seguimiento automatizado de las carpetas de investigación.

Detalló que la plataforma digital permitirá clasificar y “semaforizar” los casos de acuerdo con su impacto social, lo que contribuirá a una mejor toma de decisiones y a la priorización de los asuntos de mayor relevancia.

La fiscal precisó que el proyecto contempla una primera etapa de seis meses para diagnóstico y diseño, seguida de una segunda fase de seis meses para su implementación, por lo que, una vez en operación, representará un avance significativo en la eficiencia institucional y en la atención a las víctimas.

Como parte de este proceso de modernización, Jiménez Aguirre informó que la FGE ya desarrolló una plataforma digital para la expedición de constancias de extravío, mediante la cual las personas podrán obtener documentos relacionados con la pérdida de placas vehiculares, pasaportes, licencias u otros objetos, sin necesidad de acudir al Ministerio Público.

Indicó que la prueba piloto de este sistema comenzará en febrero próximo, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios antes de su implementación a gran escala.

Asimismo, dio a conocer que se trabaja en la creación de Subunidades Integrales de Procuración de Justicia en el municipio de Emiliano Zapata, que beneficiarán a habitantes de Apazapan, Actopan y Jalcomulco, así como en Lerdo de Tejada, donde se brindará atención a pobladores de Saltabarranca y Ángel R. Cabada.

Estas acciones, señaló, buscan reducir los traslados de la ciudadanía, despresurizar las unidades de San Andrés Tuxtla y Xalapa, y garantizar un acceso más cercano, eficiente y digno a la justicia, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos.

Con estas medidas, la Fiscalía General del Estado avanza hacia un modelo de procuración de justicia más ágil, accesible y centrado en las necesidades de la población veracruzana.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, advirtió que intereses personales de algunos actores políticos están afectando la gobernabilidad en diversos ayuntamientos de Veracruz, por lo que el Poder Legislativo dará seguimiento puntual a los conflictos que se han presentado en el inicio de las actuales administraciones municipales.

En entrevista, el legislador recordó que, previo al arranque de los gobiernos locales, integrantes del Congreso realizaron recorridos por distintos municipios para exhortar a las autoridades a iniciar sus gestiones de manera ordenada, privilegiando el diálogo interno y la entrega de resultados a la ciudadanía.

“No traerse a los jaloneos, porque la ciudadanía pide resultados, pero parece que el mensaje no lo entendieron y están viendo intereses personales de cada quien”, expresó.

Bautista Hernández reconoció que, aunque en la mayoría de los municipios las diferencias se han mantenido dentro de cauces institucionales, existen casos que han generado mayor preocupación, como el de Lerdo de Tejada, donde se han difundido versiones encontradas sobre presuntos hechos de violencia entre autoridades municipales.

Detalló que en dicho municipio se han señalado supuestas agresiones contra la alcaldesa, mientras que el síndico ha afirmado públicamente haber sido agredido y amenazado. No obstante, aclaró que hasta el momento se trata únicamente de declaraciones, ya que no existe evidencia clara que confirme alguna agresión física.

“En ambas partes hay declaraciones, incluso el síndico dio una postura pública respaldado por el dirigente estatal del PT, pero son versiones que deben aclararse”, puntualizó.

El presidente de la JUCOPO informó que el Congreso del Estado citará en una primera etapa a autoridades de al menos dos municipios, entre ellos Vega de la Torre y Lerdo de Tejada, además de un tercer ayuntamiento que aún está por definirse, con el propósito de escuchar a las partes involucradas y buscar salidas institucionales a los conflictos.

Finalmente, Bautista Hernández recordó que, cuando no se alcanzan acuerdos y persiste la ingobernabilidad, la legislación contempla mecanismos como la renuncia de ediles o la caída de la figura del presidente municipal, como ha ocurrido en casos anteriores en municipios como Pajapan, antes Tatahuicapan de Juárez. No obstante, subrayó que aún existe margen para resolver las diferencias mediante el diálogo y el apego a la legalidad.