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Nacional

SCJN avala cobro del 2% a apps de reparto por uso de infraestructura

La Corte avala una contribución que busca compensar el desgaste de la ciudad. Las empresas no podrán trasladar este costo a repartidores o usuarios.

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Fallo Histórico para la Compensación Urbana

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado un proyecto de sentencia presentado por la ministra Lenia Batres, estableciendo un precedente jurídico crucial. La resolución impone un gravamen del 2% a los ingresos de las principales plataformas de movilidad y reparto, como Uber y Didi, por el concepto de “aprovechamiento” derivado de la utilización y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México. Este dictamen sienta las bases para una nueva relación fiscal entre la economía digital y las entidades públicas.

La justificación técnica detrás de esta decisión se centra en el principio de retribución a la ciudadanía. Se argumenta que estas compañías desarrollan una actividad comercial lucrativa que depende intrínsecamente del uso intensivo de la infraestructura urbana, generando beneficios económicos privados mientras contribuyen al desgaste acelerado de calles y avenidas. La ministra Batres fundamentó que “el uso de la infraestructura de la ciudad de manera indiscriminada para el enriquecimiento de empresas en detrimento de la ciudadanía debe resarcirse para garantizar el derecho de movilidad urbana y el disfrute de todos los habitantes”.

Naturaleza Jurídica y Aplicación del Aprovechamiento

Un aspecto fundamental del fallo es la clasificación legal de este cobro. El Alto Tribunal determinó que el ingreso tiene la naturaleza de un aprovechamiento, categorizándolo como un ingreso no tributario. Esta distinción es clave, ya que lo separa conceptualmente de un impuesto o una contribución, y por lo tanto, no está sujeto a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Su destino específico es compensar el deterioro y la utilización intensiva de las vialidades y demás bienes de dominio público. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz reconoció la novedad del tema, al tratarse de modelos de negocio digitales que escapan de los esquemas fiscales tradicionales.

La sesión plenaria no estuvo exenta de debate. El ministro Giovanni Figueroa Mejía emitió un voto en contra, argumentando que el cobro se pretende atribuir al uso físico de la infraestructura, situándolo en el “terreno de un impuesto”, una problemática que, según su postura, fue señalada en los conceptos de violación. Esta divergencia de opiniones subraya la complejidad de regular las actividades económicas emergentes en el entorno digital y su interacción con el espacio público físico.

Protección a los Actores de la Economía de Plataforma

Uno de los pilares de la resolución es la protección explícita a los eslabones más vulnerables de la cadena. El Pleno concluyó de manera taxativa que la norma prohíbe a las empresas trasladar este pago a los usuarios finales o a los socios repartidores. Esta disposición busca salvaguardar los derechos económicos de quienes participan directamente en estas actividades, evitando que la carga financiera recaiga sobre ellos. En un movimiento orientado a la transparencia y la reinversión, se determinó que los recursos obtenidos por este concepto pueden destinarse, de manera preferente, al mantenimiento y mejora de la infraestructura capitalina, fortaleciendo así el derecho constitucional a la movilidad.

El criterio fue finalmente aprobado con el voto a favor de siete ministros: María Estela Ríos, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías, Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf, Arístides Guerrero García y Hugo Aguilar Ortiz. La minoría disidente estuvo compuesta por los ministros Irving Espinosa y Giovanni Figueroa Mejía. Este fallo no solo representa un avance significativo en la regulación de la economía colaborativa, sino que también establece un marco para futuras discusiones sobre la responsabilidad fiscal de las corporaciones tecnológicas y su impacto en el entorno urbano. La decisión equilibra la necesidad de innovación con la obligación de las empresas de contribuir al sostenimiento de los bienes comunes que utilizan para generar riqueza.

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Nacional

Agricultores logran reformas clave en la Ley de Aguas Nacionales

Tras intensas negociaciones, el sector agrícola logra blindar el uso del agua para la producción nacional de alimentos en la nueva legislación.

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Análisis de las modificaciones a la Ley General de Aguas

Una investigación meticulosa del proceso legislativo revela que la iniciativa presidencial para reformar la Ley General de Aguas experimentó transformaciones sustanciales durante su trámite en la Cámara de Diputados. Estos cambios, que ascienden a aproximadamente cincuenta modificaciones según datos oficiales, responden directamente a las demandas planteadas por los productores del campo durante un período de negociación intensa y movilizaciones coordinadas.

El análisis estructural del conflicto demuestra que los agricultores organizados, en alianza estratégica con el sector transportista, establecieron una presión social sistemática mediante bloqueos en infraestructura vial crítica. Esta metodología de incidencia política culminó en mesas de diálogo con representantes del gobierno federal en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, donde se abordaron las preocupaciones fundamentales del sector agropecuario respecto a la gestión hídrica nacional.

Mecanismos de negociación y resultados concretos

La investigación documental confirma la participación directa de Aaron Mastache, subdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las conversaciones técnicas que permitieron articular las propuestas específicas del sector agrícola. El núcleo de estas demandas sectoriales se centró en establecer garantías jurídicas para priorizar el uso consuntivo del agua destinado a la producción de alimentos, conceptualizado como un recurso estratégico para la seguridad alimentaria nacional.

Según las declaraciones verificadas de los representantes del Movimiento Agrícola Campesino, la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, se logró incorporar al marco normativo el principio de indivisibilidad del agua para actividades agropecuarias. Este logro legislativo representa un punto de inflexión en la política hídrica mexicana, estableciendo barreras jurídicas contra la desviación de recursos hidráulicos hacia otros sectores productivos.

El análisis jurídico de las modificaciones revela que el instrumento legal reformado incorpora mecanismos para prevenir el acaparamiento ilegal, la venta irregular de concesiones y el monopolio de recursos hídricos. Según las declaraciones técnicas de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el nuevo esquema regulatorio mantiene equilibrio entre la protección de derechos de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y las necesidades de los sectores industrial y consumo humano doméstico.

Implicaciones estructurales y perspectivas futuras

La investigación especializada identifica que este proceso de reforma establece un precedente significativo en la gobernanza del agua en México, particularmente en lo concerniente a la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas. La metodología de vigilancia ciudadana implementada por los productores agrícolas durante la fase de revisión legislativa constituye un modelo innovador de corresponsabilidad social en la creación normativa.

El análisis prospectivo sugiere que estas modificaciones legales podrían generar efectos cascada en la distribución de recursos hídricos a nivel nacional, potencialmente fortaleciendo la capacidad productiva del sector agroalimentario mexicano. Sin embargo, la investigación rigurosa indica que la implementación efectiva de estas disposiciones jurídicas dependerá de los mecanismos de aplicación que desarrolle la Comisión Nacional del Agua en coordinación con los usuarios del recurso.

Las conclusiones documentadas demuestran que este episodio legislativo representa un cambio paradigmático en la relación Estado-sociedad respecto a la gestión de recursos naturales estratégicos, estableciendo un modelo de cogestión que podría replicarse en otros sectores de política pública. La evaluación técnica confirma que el proceso de reforma logró incorporar las demandas ciudadanas manteniendo el equilibrio institucional y los principios de gobernanza democrática.

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Sheinbaum rechaza misoginia y celebra apoyo a mujeres

La mandataria responde a críticos con un mensaje contundente sobre la fortaleza femenina mientras celebra un hito en apoyo social.

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Sheinbaum vs el machismo: Un capítulo más en la telenovela nacional

En un movimiento que nadie vio venir (es broma, todos lo vimos venir), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió darle una patada voladora al arcaico comentario de “calladita te ves más bonita”. Básicamente, le respondió al machismo con el equivalente presidencial de un “¿qué pasa, cuándo aprendiste a hablar?”. En un evento en Puerto Morelos, Quintana Roo, no solo repartió apoyos económicos, sino que también sirvió porciones generosas de actitud frente a los comentarios misóginos, dejando claro que, efectivamente, “es tiempo de mujeres”. Y no, no se va a dejar debilitar por su género; de hecho, parece que la subestiman y eso solo le da más poder, como un personaje de anime que se fortalece con los golpes.

Mientras encabezaba la celebración por llegar a tres millones de beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, Sheinbaum soltó la frase que todos esperábamos: “Nunca más calladitas las mujeres en México. Nunca más que nos digan que somos menos por ser mujeres”. Suena a himno generacional, la verdad. Y no se quedó solo en las palabras: destacó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la construcción de Centros Libres de Violencia en cada municipio y el reconocimiento de las mujeres en la historia. Básicamente, está armando el DLC de la equidad de género para el país, y viene cargado de contenido.

Las aliadas se pronuncian: El squad del poder femenino

Por supuesto, no estuvo sola en esta misión. Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar</strong, apareció para reconocer la figura de la primera presidenta de México, porque ¿qué mejor way de celebrar el poder femenino que con un poco de admiración histórica? Luego, Citlalli Hernández, de la Secretaría de Mujeres</strong, soltó la bomba: declaró que Sheinbaum es “la mujer más importante a nivel global que en este momento está gobernando”. Suena a que estamos en la era de las mujeres, y no, no es un reboot de “Sex and the City”, es la vida real.

Hernández también llamó a vivir eso de que “es tiempo de mujeres” y destacó iniciativas como la Red Nacional de Tejedoras de la Patria. Mientras tanto, la gobernadora Mara Lezama añadió su propio twist: “no solo es tiempo de mujeres, sino que es tiempo de mujeres libres de violencia”. Y, por si alguien dudaba, dejó claro que la presidenta “no está sola”. Para rematar, la señora Martha Patricia agradeció la pensión y le deseó “mucha fortaleza” a Sheinbaum. Básicamente, fue un evento lleno de good vibes y empoderamiento, como un grupo de apoyo, pero con más discursos y menos galletas.

En resumen, Sheinbaum y su equipo están reescribiendo el guion de la política mexicana, y parece que el capítulo de hoy se titula “Las mujeres mandan, y punto”. Con tres millones de beneficiarias de la pensión, está claro que no son solo palabras: es una realidad que está cambiando vidas. Y mientras los críticos siguen en su onda, ella demuestra que, en efecto, las mujeres se fortalecen con cada comentario en contra. ¿Qué sigue? Probablemente, más transformación y, con suerte, menos frases machistas del pasado.

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México y Estados Unidos fortalecen su alianza contra el crimen organizado

Especialistas y líderes militares definen la estrategia binacional para 2026, fortaleciendo la seguridad compartida y la capacitación conjunta.

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Estrategia Binacional Contra las Redes Criminales

En un contexto de creciente desafío para la seguridad regional, los gobiernos de México y Estados Unidos han intensificado su colaboración estratégica mediante el intercambio de expertise y recursos. Este acercamiento se materializó recientemente en el Foro Internacional “México y su Futuro en la Lucha Contra el Crimen”, celebrado en Puerto Vallarta, un evento que congregó a analistas y especialistas de ambas naciones. El objetivo central de este diálogo fue perfeccionar los mecanismos para confrontar de manera más efectiva a las organizaciones delictivas transnacionales y robustecer los protocolos de vigilancia en la frontera compartida. La embajada estadounidense en México, bajo la dirección de Ronald Johnson, enfatizó que esta alianza es fundamental para la protección de las comunidades en ambos lados de la línea divisoria, abordando amenazas críticas como el narcotráfico, la trata de personas y el creciente flujo de estupefacientes sintéticos.

La relevancia de este foro no es aislada, sino que forma parte de un esfuerzo diplomático y militar coordinado de mayor alcance. La visita oficial del General Gregory M. Guillot, Comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el pasado 19 de noviembre, constituye un pilar fundamental en este proceso. Dicho encuentro, que incluyó al titular de la Sedena, General Ricardo Trevilla Trejo, y al embajador Johnson, fue descrito por las autoridades como un reflejo directo de la directriz establecida por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario Donald Trump. Esta dirección conjunta se caracteriza por promover una cooperación tangible, una preparación conjunta ampliada y una misión compartida con el fin de salvaguardar la integridad de ambas naciones.

Mecanismos de Coordinación y Planificación Futura

La base operativa de esta colaboración se sustenta en el mecanismo de coordinación conocido como la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR), instituido desde 2016. Este foro especializado sirve como el principal canal para la discusión y planificación de actividades de defensa. Durante la más reciente reunión, los líderes militares sostuvieron conversaciones sustantivas centradas en las oportunidades de capacitación y adiestramiento castrense, tanto actuales como proyectadas para el programa de actividades anual correspondiente a 2026. Estos programas se desarrollan bajo principios rectores claramente definidos: reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y, de manera crucial, el respeto irrestricto a las decisiones y territorios soberanos de cada país.

El análisis de estos acuerdos revela un enfoque meticuloso en la eficacia operativa y la sostenibilidad a largo plazo. La Sedena ha destacado que estos encuentros binacionales no son meramente protocolarios, sino que están diseñados específicamente para fortalecer la coordinación interagencial. El resultado esperado es la obtención de logros concretos que incrementen los niveles de seguridad y fomenten la prosperidad económica y social en la región. La lucha contra el crimen organizado requiere, según la perspectiva compartida por ambas delegaciones, una respuesta integral que combine inteligencia, operaciones tácticas y un marco jurídico sólido, elementos que se ven potenciados mediante esta alianza estratégica renovada.

Este compromiso bilateral representa un componente esencial en el complejo panorama de la seguridad hemisférica. La evolución de las tácticas empleadas por los cárteles y la sofisticación de sus operaciones de blanqueo de capitales y tráfico exigen una contraparte igualmente dinámica y unificada. La continuidad de estos diálogos a alto nivel y la implementación de los programas de entrenamiento conjunto para 2026 serán indicadores clave para medir el éxito de esta iniciativa colaborativa. La prosperidad y la estabilidad de las comunidades, tanto en México como en Estados Unidos, dependen en gran medida de la capacidad de sus instituciones para mantener y profundizar esta coordinación sin precedentes.

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