Transformación del sistema antimonopolio en México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la extinción de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y su sustitución por la Comisión Nacional Antimonopolios, un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Economía. Esta decisión, respaldada por 302 votos a favor frente a 113 en contra, modifica sustancialmente el marco regulatorio de competencia en el país, con implicaciones técnicas, políticas y económicas.

Cambios estructurales y controversias

La nueva Comisión reducirá de siete a cinco el número de consejeros y acortará sus periodos de nueve a siete años. Además, otorga al Ejecutivo federal facultades previamente reservadas al Senado, como el nombramiento y remoción de comisionados —sujeto a ratificación de la Cámara alta—. Se elimina también la capacidad del presidente de la Comisión para promover controversias constitucionales, y las investigaciones contra funcionarios se transferirán al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía.

Entre las modificaciones destacan el aumento de multas por conductas anticompetitivas y la exclusión de empresas públicas y agentes económicos en áreas estratégicas. Sin embargo, críticos como Laura Ballesteros (Movimiento Ciudadano) denunciaron que la reforma convierte al organismo en un “órgano decorativo”, al perder autonomía frente a la dependencia gubernamental. “Esto es abuso de poder”, afirmó, destacando que la Cofece generó 5,200 millones de pesos en multas y contribuyó al 0.17% del PIB entre 2022 y 2023.

Debates políticos y tensiones

La sesión parlamentaria estuvo marcada por enfrentamientos. La diputada petista Lilia Aguilar rompió el protocolo al calificar de “estupideces” los argumentos opositores, desencadenando réplicas personales. Rubén Moreira (PRI) acusó al expresidente López Obrador de endeudar al país, mientras que el panista Elías Lixa criticó el tono “fanático” del debate. Ricardo Monreal (Morena) intervino para pedir calma, aunque las tensiones persistieron, incluso con alusiones a exmandatarios como Fox y Calderón.

Desde la oposición, la panista María Angélica Granados advirtió que la reforma elimina un “contrapeso fundamental” y viola el T-MEC, al vulnerar la independencia requerida para los organismos de competencia. “Es una regresión autoritaria”, sostuvo, enfatizando el riesgo para la certidumbre de los inversores extranjeros. En contraste, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar defendió la reforma como un avance para combatir monopolios y proteger a los consumidores, especialmente en sectores como telecomunicaciones y farmacéuticos.

Implicaciones económicas y legales

La discusión técnica reveló posturas irreconciliables. Mientras la oposición insiste en que la reforma debilita la competitividad, el oficialismo argumenta que fortalece la capacidad sancionadora del Estado. Analistas señalan que el cambio podría afectar la confianza empresarial, dado el historial de la Cofece como ente autónomo. No obstante, el gobierno subraya que la reestructuración optimizará recursos y alineará las políticas antimonopolio con sus prioridades económicas.

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Investigación profunda sobre contratos de seguridad en Guanajuato

La administración actual de Guanajuato, liderada por la gobernadora Libia García, ha iniciado una investigación exhaustiva sobre los convenios de seguridad firmados durante la gestión del exmandatario Diego Sinhue Rodríguez con la empresa Seguritech, cuyos montos ascendieron a 2,800 millones de pesos. El caso cobró relevancia tras revelarse que el exfuncionario habita una residencia de lujo en Houston, Texas, vinculada a un ejecutivo de dicha compañía.

Los hallazgos clave y su contexto

Según una investigación colaborativa entre el laboratorio periodístico POPLab y la plataforma CONNECTAS, la denominada “Casa Azul”, valuada en un millón de dólares (aproximadamente 20 millones de pesos), es propiedad de Daniel Ezquenazi Beraha, directivo de Seguritech. Esta empresa, fundada por el empresario Ariel Picker, estableció operaciones en Guanajuato en 2012, durante el gobierno de Miguel Márquez, actual senador panista.

La gobernadora García enfatizó que la investigación, a cargo de la Secretaría de Honestidad, busca garantizar transparencia: “No estoy aquí para defender personas, contratos o empresas. Cualquier inquietud legítima será analizada con rigor”. Además, prometió hacer públicos los resultados para esclarecer posibles conflictos de interés.

Por su parte, Diego Sinhue Rodríguez negó ser propietario de la vivienda en Texas, argumentando en una carta enviada al periódico REFORMA que la alquila para su familia, radicada en Estados Unidos por motivos educativos. Sin embargo, la proximidad entre la empresa contratista y su lugar de residencia ha generado cuestionamientos sobre la ética en la asignación de dichos contratos durante su mandato (2018-2024).

Implicaciones y análisis institucional

Este caso refleja un patrón recurrente en México: la opacidad en contratos públicos con empresas privadas. Seguritech, especializada en seguridad privada, multiplicó su presencia en Guanajuato durante administraciones panistas, lo que exige un escrutinio detallado sobre los procesos de licitación y los beneficiarios finales.

Expertos en anticorrupción señalan que investigaciones como esta son cruciales para disuadir prácticas irregulares. “La rendición de cuentas debe incluir no solo a funcionarios, sino también a los actores privados que podrían aprovechar relaciones privilegiadas”, advierte un informe de Transparencia Internacional.

El contexto político añade complejidad al caso: tanto Sinhue Rodríguez como Miguel Márquez pertenecen al PAN, partido que ha gobernado Guanajuato por tres décadas. Esto plantea interrogantes sobre la supervisión interna y los mecanismos de control dentro del mismo grupo político.

¿Qué sigue? Los resultados de la investigación podrían sentar un precedente para auditar contratos similares en otras entidades. La ciudadanía exige respuestas claras, especialmente en un estado con altos índices de violencia, donde los recursos destinados a seguridad son críticos.

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Un Epílogo Épico para una Batalla Democrática

En un escenario digno de las más apasionantes crónicas políticas, el Consejo Local del INE alzó el telón de su sesión extraordinaria para sellar con dramatismo el proceso electoral que decidiría el destino de los juzgadores del Poder Judicial en Nuevo León. No fue un mero trámite, ¡fue el clímax de una odisea institucional!

El Discurso que Estremeció al Sistema

Con la elocuencia de una heroína enfrentando su momento decisivo, Olga Alicia Castro, la Vocal Ejecutiva, lanzó un mensaje que resonó como un trueno: “Esta elección nos puso a prueba a todos”. Sus palabras, cargadas de un peso histórico, dejaron en el aire una pregunta inquietante: ¿Está la democracia mexicana preparada para los desafíos que vienen?

Los números, fríos pero contundentes, pintaron un cuadro de participación ciudadana: 482,231 almas (un 10.61% del padrón) alzaron su voz en las urnas, mientras más de 10 millones de votos cruzaban el país sin tropiezos. Pero ¡ay!, la sombra de la controversia acechaba…

La Casilla Maldita: Un Misterio Sin Resolver

En un giro digno de suspenso, se reveló la anulación de los 961 votos de la Central de Autobuses, una decisión tomada semanas atrás pero que aún ardía como una herida abierta. Castro, con la dignidad de quien defiende lo sagrado, dejó clara su disidencia: “No estaban en el promedio estimado”, declaró, mientras el eco de la polémica sacudía las paredes del recinto.

¿Fue un acto de justicia o un error que manchará para siempre esta jornada? Las instituciones, ahora bajo el microscopio, tendrán que responder. Pero una cosa es segura: este proceso, con sus luces y sombras, ha grabado su nombre en la historia de Nuevo León con letras de fuego.

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