Con el objetivo de fortalecer y consolidar el sector audiovisual en la entidad, el pasado 30 de enero de 2025 se llevó a cabo la instalación oficial de la XIV Delegación de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) en el estado de Veracruz, quedando al frente Aarón Campos como delegado estatal, tras ser electo por unanimidad durante la Asamblea General del organismo.

Durante su mensaje, Campos recordó que CANACINE fue fundada en 1942 por un grupo de empresarios del cine, con autorización de la entonces Secretaría de Economía, y que a casi 88 años de su creación se mantiene como una de las cámaras más sólidas y representativas del gremio cinematográfico a nivel nacional.

Explicó que la misión de la Cámara es representar, fortalecer y articular al sector audiovisual, integrando a productores, directores, exhibidores y distribuidores, además de fungir como un vínculo entre la industria cinematográfica y las autoridades gubernamentales, sectores económicos e inversionistas.

Detalló que entre los principales objetivos de CANACINE se encuentran la vinculación entre creadores, proveedores e inversionistas, así como el impulso a políticas públicas que favorezcan el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual tanto a nivel nacional como estatal, con especial énfasis en Veracruz.

Durante su primer año de actividades en la entidad, la Delegación Veracruz ha enfocado sus esfuerzos en consolidar la estructura de la Cámara, establecer canales de comunicación con dependencias gubernamentales y fortalecer el ámbito académico mediante convenios con instituciones educativas, a fin de impulsar la formación, profesionalización y permanencia del talento local.

Aarón Campos precisó que CANACINE no atiende de manera directa la producción de películas, ya que este proceso suele canalizarse a través de instancias de turismo o cultura; sin embargo, subrayó que la Cámara sí brinda acompañamiento a proyectos específicos que requieren vinculación económica y logística. Como ejemplo, mencionó una producción que se filmará próximamente en Veracruz y que fue enlazada con un sector empresarial de Huatusco para facilitar su desarrollo.

En materia de exhibición y preservación, destacó que CANACINE impulsa la difusión del acervo cinematográfico veracruzano mediante la promoción de espacios para la proyección y conservación de obras locales. En este contexto, resaltó la creación del Festival Universitario de Cortometraje “Lumínica”, cuya primera edición permitió que producciones estudiantiles trascendieran del aula a la pantalla grande, con funciones en salas de Cinépolis.

Respecto a la operación de los complejos cinematográficos, aclaró que la apertura o cierre de salas corresponde exclusivamente a las empresas exhibidoras; no obstante, reiteró que el papel de la Cámara es impulsar a los creadores para que sus obras lleguen a las salas de cine y al público en general.

Finalmente, anunció que durante este encuentro se presentará un balance de las actividades realizadas en 2025, así como los proyectos y propuestas para 2026, con la participación de invitados especiales como Diana Álvarez Segoviano, directora nacional de la Comisión Nacional de Filmaciones (Uncine); Alexa Muñoz Vidaña, productora y directora de Industria de FD Estudios; y Ligie Schutter, representante de la Misión Económica México–Francia.

Con la instalación de esta delegación, CANACINE busca consolidar a Veracruz como un referente nacional en la industria audiovisual, impulsando la creación, exhibición y preservación del cine hecho en la entidad.

Integrantes del transporte colectivo de la ciudad de Xalapa denunciaron un rezago tarifario de casi dos décadas, luego de quedar excluidos del reciente ajuste a la tarifa del transporte urbano, pese a prestar el servicio en condiciones similares a otras empresas que ya cobran hasta 12 pesos por pasaje.

El representante del sector, Sergio Hernández y Hernández, explicó que el transporte colectivo en la capital veracruzana está conformado por 40 unidades distribuidas en cuatro rutas, las cuales mantienen desde 2007 una tarifa general de 7 pesos, sin que hasta la fecha se les haya autorizado incremento alguno.

Señaló que, a diferencia de otras empresas de transporte urbano que han recibido ajustes tarifarios de manera paulatina, los colectivos no fueron considerados en el aumento reciente, situación que ha complicado de forma significativa su operación.

“Nos dejaron fuera del alza de tarifa, a pesar de que prestamos el servicio en unidades ligeras similares a las que ya operan otras empresas con un costo mayor”, expresó.

Hernández y Hernández explicó que uno de los principales problemas radica en la clasificación legal del servicio, ya que el transporte colectivo no está considerado formalmente dentro de la submodalidad de transporte urbano, sino en un apartado distinto de la ley, aun cuando ofrece recorridos, capacidad y condiciones semejantes.

Agregó que la falta de actualización tarifaria ha impactado directamente en el estado del parque vehicular. Si bien alrededor del 40 por ciento de las unidades se encuentra en buenas condiciones, otras ya presentan desgaste fuera de los rangos permitidos, lo que atribuyó a la crisis económica derivada de la pandemia y a la imposibilidad de renovar o dar mantenimiento adecuado con una tarifa que calificó como insuficiente.

“Desde la pandemia no hemos logrado recuperarnos; con una tarifa de 7 pesos es muy complicado mantener la operatividad y mucho menos renovar las unidades”, sostuvo.

El representante del gremio recordó que el transporte colectivo cuenta con más de 44 años de operación en Xalapa y subrayó que se trata de la única submodalidad de transporte a la que nunca se le ha otorgado una concesión, lo que ha contribuido a su estancamiento administrativo y económico.

Indicó que, tras declaraciones recientes de la gobernadora Rocío Nahle García, en las que señaló que el transporte colectivo sería revisado de manera independiente al urbano, el sector se mantiene a la espera de que sus peticiones sean atendidas, las cuales consideró justas ante el incremento de las necesidades familiares de los trabajadores.

Finalmente, reiteró que el objetivo de este pronunciamiento no es confrontarse con las autoridades, sino visibilizar su situación y buscar soluciones que permitan mejorar el servicio y garantizar la viabilidad del transporte colectivo en la capital del estado.

Integrantes del sindicato mayoritario del Nacional Monte de Piedad realizaron una marcha pacífica en la capital del estado para denunciar el incumplimiento de un convenio que permitió levantar una huelga anterior, así como para exigir el respeto a su contrato colectivo de trabajo, el cual —aseguran— ha sido vulnerado por la actual administración de la institución.

Miguel Ángel García, secretario general de la Sección 14, explicó que la huelga estalló el 1 de octubre de 2025, luego de que la administración asignara plazas a personal con menor antigüedad, en contravención a las cláusulas 54 y 55 del contrato colectivo, que establecen que los puestos deben otorgarse con base en la antigüedad y la capacidad laboral.

El dirigente señaló que el emplazamiento a huelga se originó por 26 violaciones al contrato colectivo, de las cuales la administración reconoció y corrigió 25, quedando pendiente únicamente la relacionada con la asignación de plazas, motivo por el cual el conflicto persiste.

“Como sindicato mayoritario tenemos la custodia del contrato colectivo y por eso estamos hoy aquí, informándole al pueblo de Xalapa la situación que estamos viviendo”, expresó.

A casi cuatro meses del estallamiento de la huelga, García indicó que los trabajadores no han recibido salario alguno, lo que ha provocado una severa afectación económica para sus familias. Denunció que, mientras el personal sindicalizado permanece sin ingresos, el personal de confianza y los integrantes del patronato continúan percibiendo su sueldo.

En ese contexto, acusó que los integrantes del patronato reciben ingresos superiores a cinco millones de pesos anuales, pese a tratarse de una institución con carácter altruista. Añadió que el Nacional Monte de Piedad cuenta con remanentes aproximados de 35 mil millones de pesos, de los cuales actualmente solo el 2.5 por ciento se destina a causas sociales.

El líder sindical también cuestionó que los apoyos sociales se concentren en únicamente tres instituciones: la Cruz Roja, el Teletón y la Fundación Monte de Piedad, creada por el propio patronato, cuando anteriormente —aseguró— se apoyaba a más de mil organizaciones de asistencia social en todo el país.

En Xalapa, la Sección 14 está conformada por 55 trabajadores que laboran en seis sucursales ubicadas en Magnolia, Zamora, Plaza Cristal, avenida Jalapa, Ávila Camacho y la colonia Revolución, además de una más en Coatepec. A nivel estatal, el sindicato agrupa a alrededor de 350 trabajadores distribuidos en cerca de 200 sucursales.

En relación con los clientes, los trabajadores desmintieron versiones difundidas por la administración sobre el presunto vencimiento de prendas durante la huelga. Aseguraron que las fechas de refrendo fueron recorridas y que ninguna prenda será puesta a la venta, por lo que llamaron a la ciudadanía a no dejarse engañar y acudir a las sucursales una vez que reanuden actividades para conocer las nuevas fechas de vencimiento.

Indicaron que algunos usuarios han continuado realizando pagos, incluso en tiendas de conveniencia, pero advirtieron que ello podría generar complicaciones al momento de recuperar las prendas, por lo que recomendaron esperar la reapertura formal de las sucursales.

Finalmente, los trabajadores reiteraron que la huelga se mantendrá hasta que la administración repare de manera total la violación al contrato colectivo, en particular en lo relativo a la asignación de plazas, y negaron que el sindicato busque controlar dichos espacios, al afirmar que únicamente exigen el cumplimiento de los criterios de antigüedad y capacidad laboral.

La movilización en Xalapa formó parte de una jornada de protestas simultáneas en otras ciudades del estado y del país donde existen sucursales del Nacional Monte de Piedad.