Con el objetivo de fortalecer la organización interna, mejorar la gestión documental y garantizar la transparencia administrativa, el H. Ayuntamiento de Úrsulo Galván llevó a cabo la Actualización del Sistema Institucional de Archivo, una acción clave para el correcto manejo de la información pública.

La actividad se realizó el 28 de enero a las 15:00 horas y fue encabezada por el presidente municipal Bertín Bravo Montero, con la participación de la titular del área y coordinadora de Archivo, las y los responsables de Archivo en Trámite de cada dependencia, el responsable del Archivo de Concentración Histórica, el encargado del área de Correspondencia, así como la regidora primera, responsable de la comisión correspondiente.

Durante la jornada se reforzaron los lineamientos y procedimientos que rigen la organización, resguardo y consulta de los documentos oficiales, con el propósito de consolidar una administración más ordenada, eficiente y apegada a la normatividad vigente.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Úrsulo Galván refrenda su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado manejo de la información pública, en beneficio directo de la ciudadanía y del fortalecimiento institucional.

Integrantes del sindicato mayoritario del Nacional Monte de Piedad realizaron una marcha pacífica en la capital del estado para denunciar el incumplimiento de un convenio que permitió levantar una huelga anterior, así como para exigir el respeto a su contrato colectivo de trabajo, el cual —aseguran— ha sido vulnerado por la actual administración de la institución.

Miguel Ángel García, secretario general de la Sección 14, explicó que la huelga estalló el 1 de octubre de 2025, luego de que la administración asignara plazas a personal con menor antigüedad, en contravención a las cláusulas 54 y 55 del contrato colectivo, que establecen que los puestos deben otorgarse con base en la antigüedad y la capacidad laboral.

El dirigente señaló que el emplazamiento a huelga se originó por 26 violaciones al contrato colectivo, de las cuales la administración reconoció y corrigió 25, quedando pendiente únicamente la relacionada con la asignación de plazas, motivo por el cual el conflicto persiste.

“Como sindicato mayoritario tenemos la custodia del contrato colectivo y por eso estamos hoy aquí, informándole al pueblo de Xalapa la situación que estamos viviendo”, expresó.

A casi cuatro meses del estallamiento de la huelga, García indicó que los trabajadores no han recibido salario alguno, lo que ha provocado una severa afectación económica para sus familias. Denunció que, mientras el personal sindicalizado permanece sin ingresos, el personal de confianza y los integrantes del patronato continúan percibiendo su sueldo.

En ese contexto, acusó que los integrantes del patronato reciben ingresos superiores a cinco millones de pesos anuales, pese a tratarse de una institución con carácter altruista. Añadió que el Nacional Monte de Piedad cuenta con remanentes aproximados de 35 mil millones de pesos, de los cuales actualmente solo el 2.5 por ciento se destina a causas sociales.

El líder sindical también cuestionó que los apoyos sociales se concentren en únicamente tres instituciones: la Cruz Roja, el Teletón y la Fundación Monte de Piedad, creada por el propio patronato, cuando anteriormente —aseguró— se apoyaba a más de mil organizaciones de asistencia social en todo el país.

En Xalapa, la Sección 14 está conformada por 55 trabajadores que laboran en seis sucursales ubicadas en Magnolia, Zamora, Plaza Cristal, avenida Jalapa, Ávila Camacho y la colonia Revolución, además de una más en Coatepec. A nivel estatal, el sindicato agrupa a alrededor de 350 trabajadores distribuidos en cerca de 200 sucursales.

En relación con los clientes, los trabajadores desmintieron versiones difundidas por la administración sobre el presunto vencimiento de prendas durante la huelga. Aseguraron que las fechas de refrendo fueron recorridas y que ninguna prenda será puesta a la venta, por lo que llamaron a la ciudadanía a no dejarse engañar y acudir a las sucursales una vez que reanuden actividades para conocer las nuevas fechas de vencimiento.

Indicaron que algunos usuarios han continuado realizando pagos, incluso en tiendas de conveniencia, pero advirtieron que ello podría generar complicaciones al momento de recuperar las prendas, por lo que recomendaron esperar la reapertura formal de las sucursales.

Finalmente, los trabajadores reiteraron que la huelga se mantendrá hasta que la administración repare de manera total la violación al contrato colectivo, en particular en lo relativo a la asignación de plazas, y negaron que el sindicato busque controlar dichos espacios, al afirmar que únicamente exigen el cumplimiento de los criterios de antigüedad y capacidad laboral.

La movilización en Xalapa formó parte de una jornada de protestas simultáneas en otras ciudades del estado y del país donde existen sucursales del Nacional Monte de Piedad.

Representantes de cooperativas y empresas del transporte público en la capital del estado defendieron el ajuste a la tarifa del servicio urbano, al argumentar que durante más de 12 años el pasaje se mantuvo sin cambios, pese al aumento sostenido en los costos de operación, situación que —aseguraron— provocó un deterioro progresivo del servicio.

Durante la lectura de un comunicado, Ubaldo Apodaca Hobart, secretario del Consejo de Administración de Autotransportes Banderilla, expuso que desde 2014 la tarifa permaneció en 9 pesos, mientras que rubros como combustible, refacciones, seguros, mantenimiento y obligaciones legales registraron incrementos constantes, haciendo financieramente insostenible la operación del transporte urbano.

Señaló que la falta de actualización no protegió a los usuarios, sino que generó rezago y desgaste en las unidades. Aunque reconoció que cualquier aumento impacta la economía familiar, afirmó que la decisión se tomó tras analizar la realidad económica actual, muy distinta a la de hace una década.

Como referencia, destacó que el salario mínimo general en México aumentó alrededor de 368 por ciento entre 2014 y 2026, al pasar de 67.29 pesos a 315.04 pesos diarios, lo que —dijo— refleja un cambio estructural en la economía que no podía seguir ignorándose en el sector transporte.

En el comunicado, los transportistas reconocieron la decisión “firme y valiente” de la gobernadora Norma Rocío Nahle García, al atender una problemática que, afirmaron, fue postergada por administraciones anteriores y que llevó al transporte público a un estado de rezago.

Asimismo, lamentaron que existan pronunciamientos en contra del ajuste desde lo que calificaron como posturas oportunistas e irresponsables, sin considerar el esfuerzo extraordinario que, durante más de una década, realizaron concesionarios y operadores para mantener el servicio sin modificar la tarifa.

Advirtieron que los anuncios de acciones legales contra el ajuste representan un agravio directo al gremio, a sus familias y a miles de usuarios que dependen de un servicio funcional, al tiempo que afectan tanto a trabajadores del volante como a la población usuaria de Xalapa y su zona conurbada.

Los concesionarios reiteraron su compromiso con la modernización del transporte público en Veracruz y expresaron su respaldo al proyecto impulsado por el gobierno estatal, que contempla la incorporación de nuevas unidades de mayor calidad, similares al modelo “Ulúa”, que en la capital se denominaría “Olmeca”.

En entrevista posterior, Óscar Luis Ceballos Ramírez, presidente del Servicio Urbano de Xalapa, afirmó que el sector asume el compromiso de modernizar gradualmente las unidades a partir de la actualización de la tarifa. Indicó que aún no se define el número de nuevos camiones que llegarán a la ciudad, aunque ya se realizó una primera mesa de trabajo con amplia participación del gremio.

Sobre la zona metropolitana, aclararon que el ajuste aplica de manera proporcional en Xalapa, Banderilla y Emiliano Zapata, al tratarse de una región conurbada sin límites urbanos claramente definidos.

En materia de atención al usuario, informaron que se reactivarán los cursos de capacitación para operadores en temas de manejo a la defensiva y trato al usuario, en coordinación con la Dirección de Transporte Público. Además, señalaron que continúa el programa piloto de pago con tarjeta y teléfono móvil mediante plataformas como Mercado Pago, ya en operación en diversas unidades.

Finalmente, ante posibles manifestaciones ciudadanas, los transportistas reconocieron el derecho a la protesta, pero llamaron a analizar el tema de manera integral, al sostener que el ajuste no alcanza el nivel que marcaría la inflación —que ubicaría el pasaje por encima de los 14 pesos— y que se mantendrán las tarifas preferenciales para estudiantes y otros sectores.

El posicionamiento fue respaldado por más de una veintena de cooperativas y empresas que operan en Xalapa y la zona metropolitana, las cuales reiteraron su disposición a mejorar el servicio y garantizar condiciones dignas tanto para usuarios como para trabajadores del transporte público.