El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Federico Salomón Molina, expresó el rechazo del panismo veracruzano a la reforma electoral impulsada por Morena, al considerar que se trata de un proyecto de control político que pone en riesgo la pluralidad, la equidad en las elecciones y la vida democrática del país.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente panista afirmó que la iniciativa presentada por el gobierno federal bajo el argumento de austeridad, en realidad busca concentrar el poder y debilitar los contrapesos democráticos. En ese sentido, recordó que Morena ha conformado mayorías legislativas que, dijo, no reflejan la voluntad real de la ciudadanía, al señalar que con aproximadamente el 54 por ciento de los votos obtuvo cerca del 73 por ciento de los escaños en el Congreso.

Salomón Molina advirtió que la reducción al financiamiento público de los partidos políticos no obedece a una convicción democrática, sino a que el partido en el poder ya no depende de esos recursos. Asimismo, alertó sobre casos documentados de presunto financiamiento ilegal en campañas, relacionados con prácticas como el huachicol fiscal y otros esquemas irregulares.

“Reducir el financiamiento sin fortalecer la fiscalización no combate la corrupción, la normaliza”, sostuvo.

Otro de los aspectos que calificó como preocupantes es el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y la centralización de funciones que deberían mantenerse autónomas, lo que, afirmó, significaría un retroceso a etapas en las que el propio gobierno organizaba los procesos electorales. Por ello, Acción Nacional calificó la iniciativa como la llamada “Ley Maduro”, al considerar que sigue una ruta de captura institucional y autoritarismo.

El dirigente estatal subrayó que el PAN está a favor de una reforma electoral, pero no de una que excluya a la oposición y a la ciudadanía. Aseguró que el deterioro democrático en México no ocurre de manera abrupta, sino a través de decisiones sistemáticas que eliminan contrapesos y permiten la conformación de mayorías artificiales.

En otro tema, lamentó que en diversas investigaciones y señalamientos públicos se persiga a trabajadores administrativos y personal operativo, mientras que funcionarios de alto nivel no son llamados a rendir cuentas. Consideró necesario que exfuncionarios comparezcan y expliquen su actuación, en lugar de utilizar a empleados como “chivos expiatorios”.

Sobre la cooperación internacional en materia de seguridad, Salomón Molina consideró válida la ayuda extranjera cuando se trata de apoyo y capacitación, aunque advirtió que también refleja la falta de voluntad política del gobierno mexicano para enfrentar al crimen organizado.

“No debería ser necesario que desde fuera nos digan qué hacer; el gobierno tiene que aplicar la ley y combatir a los cárteles con firmeza”, afirmó.

En cuanto al escenario político y electoral en Veracruz, señaló que Morena realiza actos que se presentan como reuniones informativas, pero que en los hechos funcionan como campañas anticipadas. Pese a ello, aseguró que el PAN mantiene una ruta clara de trabajo, con procesos de capacitación, afiliación y fortalecimiento de su vida interna rumbo a los próximos comicios.

Respecto a los ayuntamientos, dio a conocer que algunos alcaldes entrantes han reportado administraciones municipales en condiciones críticas, con parque vehicular desmantelado y finanzas prácticamente inexistentes, por lo que consideró necesario realizar revisiones exhaustivas en los procesos de entrega-recepción y, de ser procedente, presentar las denuncias correspondientes.

Finalmente, al referirse a la inseguridad y a las presiones del crimen organizado, advirtió que la violencia no se limita a un solo municipio, sino que se extiende por todo Veracruz y el país, donde grupos delictivos buscan influir en los gobiernos locales. Reiteró que sin seguridad, certeza jurídica y respeto a la propiedad privada no habrá inversión ni crecimiento económico.

“Mientras no se aplique la ley y se garantice la paz, la gente no va a querer invertir ni emprender”, concluyó.

Integrantes del Consejo Regional del Café de Coatepec y de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) denunciaron un severo castigo al precio del café en pleno centro de la cosecha 2025-2026, así como un incremento desmedido en las importaciones de café robusta de baja calidad, situación que, afirmaron, impacta directamente en la economía de los productores mexicanos.

Durante una manifestación realizada en la Plaza Lerdo, representantes del sector cafetalero agradecieron la cobertura de los medios de comunicación y expusieron que la actual cosecha registra un retraso considerable, provocado por un invierno atípico con temperaturas extremas, además de fuertes afectaciones por la roya y prácticas de rapiña por parte de los comercializadores, un problema que, señalaron, se repite año con año.

Los productores acusaron que, de manera recurrente, los comercializadores presuntamente se coordinan con el mercado bursátil para imponer castigos al precio del café, particularmente en el periodo de mayor volatilidad, que coincide con el centro de la cosecha. A ello se suma, dijeron, la ausencia de mecanismos gubernamentales claros y transparentes para la defensa del precio del aromático.

Con base en datos documentados al cierre de la bolsa del pasado 16 de enero, el precio internacional del café se ubicó en 355.30 dólares por cada 100 libras. Al sumar un diferencial castigado de 8.50 dólares, el precio alcanzaría 363.80 dólares; sin embargo, al descontar los gastos de comercialización, estimados entre 60 y 70 dólares, el ingreso real se reduce a 303.80 dólares, lo que al tipo de cambio actual representa alrededor de 5 mil 500 pesos por quintal de café pergamino.

Bajo este escenario, los cafetaleros señalaron que el precio justo del café cereza en campo debería situarse entre 20.50 y 21 pesos por kilo. No obstante, reportes de diversas comunidades al cierre del 17 de enero indican que el precio más alto registrado fue de 17.50 pesos, mientras que la mayoría de los productores recibe entre 16 y 17 pesos por kilo, lo que representa un castigo de entre 3 y 3.50 pesos por kilo.

Aclararon que algunos precios de hasta 18 pesos por kilo corresponden a compras directas de cafeterías especializadas que pagan un sobreprecio por calidad, pero advirtieron que estos casos no reflejan el comportamiento del mercado convencional, que continúa castigando al productor.

Fernando Celis Callejas, representante de las organizaciones convocantes, señaló que uno de los principales factores que presionan a la baja el precio es el aumento excesivo de las importaciones de café robusta, de menor calidad y costo, provenientes principalmente de Vietnam y Brasil. Detalló que Vietnam incrementó sus exportaciones de café a México en mil 220 por ciento, mientras que Brasil lo hizo en alrededor de 400 por ciento en los últimos meses.

Indicó que, de acuerdo con la Organización Internacional del Café (OIC), el precio del café robusta en diciembre fue de 190.50 dólares, muy por debajo del precio del café mexicano pergamino, que ronda los 381.60 dólares, lo que evidencia que el robusta vale menos de la mitad del café nacional.

Asimismo, refirió que la OIC reportó exportaciones de México por 3.6 millones de sacos en el ciclo 2024-2025, pese a que la producción nacional es de 3.9 millones de sacos y el consumo interno asciende a 3.1 millones, lo que deja una diferencia de aproximadamente 800 mil sacos, atribuible a café importado que se estaría exportando como si fuera de origen mexicano.

Los cafetaleros denunciaron además que empresas transnacionales estarían importando grandes volúmenes de café robusta barato para mezclarlo con café nacional y exportarlo, incluso bajo esquemas que presuntamente violan acuerdos comerciales. Mencionaron el caso de la empresa francesa Louis Dreyfus, que recientemente amplió una bodega de gran tamaño en Tuxtepec, Veracruz, la cual —aseguraron— estaría destinada al almacenamiento de café robusta importado.

Finalmente, criticaron el estancamiento de la Ley Cafetalera, la cual, acusaron, fue frenada en la Secretaría de Economía por intereses de grandes corporaciones transnacionales, dejando al sector cafetalero nacional en un estado de indefensión frente a prácticas que continúan depreciando el precio del café mexicano y afectan gravemente la economía de miles de productores.

Trabajadores administrativos vinculados a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se manifestaron este día para exigir el pago de diversos adeudos laborales y solicitar la intervención del Gobierno del Estado, luego de que la asociación que los contrató incumpliera con obligaciones económicas establecidas en sus contratos.

Los inconformes señalaron que la asociación responsable, identificada como Inmob, mantiene pendientes el pago de la primera quincena de enero, aportaciones de Infonavit correspondientes al mes de diciembre, prima vacacional y otros conceptos laborales. Indicaron que esta situación afecta a entre 150 y 200 trabajadores, principalmente auxiliares y personal administrativo que laboraba en la sede de la UPAV en Xalapa.

De acuerdo con los manifestantes, aunque su contrato concluyó recientemente, fueron objeto de un despido injustificado, ya que no se les cubrieron las prestaciones devengadas ni se les notificó con anticipación que no recibirían el pago correspondiente. “La quincena ya estaba devengada y muchas familias dependemos de ese ingreso para el sustento diario”, expresaron.

Los trabajadores informaron que entregaron un oficio formal a las autoridades, en el que detallan sus demandas, con el objetivo de que el proceso se atienda de manera legal. Entre sus principales exigencias se encuentra el pago inmediato de los adeudos y el cumplimiento total de lo estipulado en sus contratos laborales.

Asimismo, señalaron que el pasado viernes sostuvieron un acercamiento con el director de Política Regional, quien se comprometió a dar seguimiento al caso, por lo que este día esperaban nuevamente ser atendidos por autoridades estatales.

Indicaron también que actualmente se encuentran suspendidos de sus labores, aunque dijeron contar con la promesa de que serán considerados para una futura recontratación directa por parte del Gobierno del Estado, una vez que concluya el proceso de transición de la UPAV de un esquema privado a uno público. En ese sentido, solicitaron que se les reconozca su experiencia y se les tome en cuenta de manera prioritaria para ocupar cargos administrativos.

Los manifestantes aclararon que el conflicto legal es directamente con la asociación Inmob; no obstante, insistieron en la necesidad de que el Gobierno del Estado intervenga para garantizar el pago de los adeudos y evitar mayores afectaciones.

Finalmente, pese a la incertidumbre y la falta de información sobre los cambios en la universidad, manifestaron su confianza en que serán llamados nuevamente a laborar, al asegurar que cuentan con la palabra del rector de la UPAV, y reiteraron su llamado a las autoridades para atender una situación que ha generado una severa afectación económica a decenas de familias.