La decisión judicial sobre la polémica tasa se pospone, dejando en vilo a miles de trabajadores de plataformas digitales.
Ministros escuchan a repartidores mientras un polémico impuesto del 2% queda en el limbo legal y las empresas podrían reclamar millones.
Una exclusión masiva deja sin protección vital a la gran mayoría de los repartidores, revelan las cifras oficiales.
