La SCJN Aplaza la Revisión del Impuesto a Repartidores por Aplicación
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido posponer el análisis de un recurso de amparo fundamental que desafía la implementación de un gravamen del 2% aplicado a los ingresos de los repartidores que laboran para plataformas digitales. Este tributo, impulsado por la bancada de Morena en la Ciudad de México, ha generado una intensa controversia legal y social, culminando en una manifestación de trabajadores frente al Alto Tribunal este jueves.
Durante la sesión, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, solicitó formalmente a la ministra ponente Lenia Batres Guadarrama el aplazamiento de la presentación de su proyecto de sentencia. Dicho documento se anticipa que propondría validar el cobro del impuesto a los conductores y repartidores por el uso de la infraestructura urbana. La petición de Aguilar Ortiz se fundamentó en el compromiso de la nueva integración de la Corte de fomentar el diálogo con todas las partes involucradas antes de emitir una resolución definitiva.
“Quiero pedir a la ministra Lenia Batres Guadarrama, que es la ponente en todos estos asuntos, si nos permite, pues dejarlo en lista o aplazarlo con la finalidad de escuchar a las partes, que esta nueva Corte ha ofrecido tener diálogo y escuchar a todos los interesados antes de tomar una decisión”, declaró el magistrado presidente. La ministra Batres Guadarrama accedió a la solicitud, por lo que el debate y la potencial resolución sobre este espinoso asunto quedaron en espera.
Antecedentes Legales y un Proyecto Anulado
El camino de este litigio ha sido complejo. Antes de su extinción como sala, la extinta Segunda Sala de la Corte había desechado un proyecto de sentencia elaborado por el entonces ministro Alberto Pérez Dayán. Dicho anteproyecto, ahora sin efecto, proponía confirmar el amparo interpuesto por la empresa Uber Portier México, lo que habría anulado el cobro del impuesto. Con la desaparición de esa sala y la invalidación de ese proyecto, la controversia fue reasignada a la ministra Batres Guadarrama, quien ha elaborado un nuevo dictamen que, según los indicios, se inclina por confirmar la legalidad del cobro a los repartidores.
Este giro en la postura judicial potencial refleja la naturaleza cambiante de la interpretación legal en materia de tributación digital y la regulación de la economía colaborativa. La situación deja a miles de trabajadores de plataformas como Uber, Didi y Rappi en un estado de incertidumbre jurídica y financiera, a la espera de un fallo que impactará directamente sus ingresos.
La Voz de los Afectados: Protesta e Inconformidad
Paralelamente a los procedimientos judiciales, una concentración de repartidores por aplicación se llevó a cabo a las afueras de la sede de la SCJN. Los manifestantes expresaron su contundente rechazo al impuesto, argumentando que representa una carga injusta sobre sus ganancias, especialmente considerando las precarias condiciones de la infraestructura vial que deben utilizar diariamente.
La postura de los trabajadores quedó plasmada en las palabras de Manuel Gaytán, un repartidor que durante la protesta declaró: “Si aprueban este 2% por una infraestructura que está mal, una infraestructura que nos está matando con sus coladeras abiertas, con sus baches, más nos van a dar en la torre. Si aprueban este impuesto, nos van a quitar 15% de nuestro sudor”. Esta afirmación subraya la principal queja: la percepción de que se les exige pagar por el uso de una infraestructura pública que se encuentra en mal estado, lo que añade un riesgo adicional a su ya demandante labor.
El análisis de este caso trasciende el mero debate fiscal. Se sitúa en la intersección entre la regulación estatal, los nuevos modelos de negocio digitales y los derechos laborales y económicos de los trabajadores autónomos. La decisión final de la Corte sentará un precedente crucial sobre cómo el sistema jurídico mexicano aborda la tributación en la denominada economía gig o por plataformas. Un fallo a favor del impuesto podría abrir la puerta a gravámenes similares en otras entidades federativas, mientras que una resolución en contra reforzaría la protección de los ingresos de este creciente sector de la población económicamente activa. La postura de la ministra Batres, y eventualmente de la mayoría de la Corte, será un termómetro de la visión institucional sobre la justicia distributiva en la era digital.
La demora en la resolución, aunque genera incertidumbre, también puede interpretarse como una oportunidad para un análisis más profundo y un diálogo constructivo que considere todas las aristas de este complejo fenómeno socioeconómico. El mundo observa cómo México resuelve este dilema entre la necesidad de financiamiento público y la protección de los actores más vulnerables en la cadena de valor digital.
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