La SHCP anuncia un cambio de reglas para equiparar las obligaciones tributarias de las fintech con las de la banca tradicional, cerrando brechas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implementará un significativo endurecimiento fiscal dirigido a las instituciones de Tecnología Financiera para el próximo ejercicio fiscal. Paralelamente, procederá a la eliminación de la deducibilidad impositiva aplicable a los pagos efectuados por la banca comercial al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Estas medidas, contenidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos 2026, representan un esfuerzo deliberado por homogenizar el panorama fiscal y prevenir prácticas de elusión fiscal.
El documento oficial presentado por la dependencia federal detalla la identificación de irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones de retención y entero de contribuciones por parte de diversas plataformas fintech que operan como intermediarias. En respuesta, la propuesta legislativa establece de manera explícita: “Se propone que las Instituciones de Financiamiento Colectivo cumplan con la obligación de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a las operaciones en las que participan como intermediarias”.
Homologación fiscal para competencia equitativa
Durante una conferencia de prensa con motivo de la presentación del Paquete Económico 2026, el titular de la SHCP, Edgar Amador, explicó la racionalidad detrás de esta decisión. Subrayó que las empresas de tecnología financiera han operado históricamente bajo un trato diferenciado en comparación con sus competidores del sector bancario tradicional, a pesar de ofrecer productos financieros idénticos, como cuentas de ahorro, cuentas de cheques y instrumentos de inversión.
“Aquí también estamos buscando homologación de condiciones, se trata de homologar el tratamiento al mismo producto. Las fintechs probablemente por su novedad, probablemente por su condición de un sector naciente y creciente, han tenido hasta hoy un trato ni siquiera fiscal, un trato operativo diferenciado respecto del sector bancario”, afirmó el secretario.
Amador hizo hincapié en la disparidad actual: “Los ahorradores en productos fintech no tienen la retención que tienen los ahorradores en el sistema bancario, la verdad es que la intención es facilitarle a los contribuyentes la transparencia en la forma en que tributan para que las fintechs sean también retenedores”. El objetivo final es garantizar equidad competitiva y transparencia en el ecosistema financiero, asegurando que todos los actores contribuyan de manera equitativa al erario público.
Revisión de la deducibilidad de las contribuciones al Fobaproa
En otro frente de su estrategia de política hacendaria, la SHCP también decretó la anulación de la deducibilidad de las cuotas que los bancos destinan al financiamiento del Fobaproa, ahora administrado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Esta medida busca evitar posibles abusos por parte de las instituciones de crédito y, fundamentalmente, alinear el marco regulatorio mexicano con los estándares internacionales predominantes en esta materia.
El secretario Amador contextualizó esta decisión dentro de un marco global: “Respecto de la no deducibilidad de las cuotas de la banca múltiple que van al financiamiento de los adeudos, de los pasivos del IPAB, ha estado en conversaciones con la banca comercial… lo que estamos haciendo también es una homologación respecto de otras jurisdicciones, por ejemplo en Canadá y en la mayor parte de las jurisdicciones”.
Para ilustrar el punto, citó el caso específico de los Estados Unidos, donde las cuotas que las entidades financieras pagan al Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – organismo análogo al IPAB – tampoco son consideradas deducibles de la base gravable. Esta acción, por lo tanto, es presentada como una armonización contable y fiscal con prácticas internacionalmente aceptadas, fortaleciendo la solidez del sistema de protección al ahorro.
En conjunto, estas iniciativas reflejan una estrategia integral de la autoridad hacendaria para modernizar la legislación, cerrar flancos vulnerables a la evasión y elusión fiscal, y promover un campo de juego nivelado donde la innovación financiera y la tradición bancaria convivan bajo las mismas reglas del juego, fomentando una competencia sana y transparente que beneficie al sistema en su conjunto.
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