Un derecho que llega con condiciones
Las cifras son contundentes y hablan de una realidad incómoda. En las pasadas elecciones judiciales, casi 7 de cada 10 personas con discapacidad que acudieron a votar necesitaron ayuda para hacerlo. El Instituto Nacional Electoral (INE) lo confirma: el 69% requirió apoyo, principalmente para leer las boletas y marcar su preferencia.
Estamos hablando de más de 134 mil personas. Una participación que, aunque valiente, apenas rozó el 1% del padrón total. ¿La razón? Las barreras son muchas y muy reales.
La mayoría recibió ayuda de acompañantes de confianza; sin embargo, en algunos casos fueron los propios funcionarios de casilla quienes brindaron asistencia.
La cruda fotografía de la exclusión
El informe pinta un panorama diverso. La mayoría de estos votantes fueron mujeres (54%). En cuanto al tipo de condición, predominó la motriz, seguida por la sensorial y la cognitiva. Pero todas compartieron un mismo obstáculo: la falta de autonomía.
Las dificultades visuales, la complejidad de las boletas y los problemas de accesibilidad física en los sitios de votación fueron los grandes frenos. El sistema, tal cual está diseñado, les obliga a depender de otros para un acto que debería ser secreto y personal.
Aquí no hay conspiración, solo incompetencia disfrazada de normalidad. Se trata del viejo hábito de construir un mundo para una mayoría imaginaria, dejando fuera a quien no encaja en el molde.
El INE lo reconoce—tarde, pero lo hace—y promete mejoras: materiales más claros, mejor capacitación y herramientas tecnológicas. Son promesas necesarias. Porque en política, como en el teatro, lo que importa no es el discurso sino el acto final. Y aquí, el acto falló para decenas de miles.
La verdadera democracia no se mide por quién gana, sino por quién puede participar en condiciones iguales. Hoy, esa igualdad es solo un guion pendiente.
