Un acto final en el teatro de la austeridad
El escenario del Senado fue testigo esta tarde de una declaratoria que muchos creyeron imposible. Con la solemnidad que el momento requería, la senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva, anunció lo inevitable: la reforma contra las ‘pensiones doradas’ es constitucional.
La votación ya estaba cantada. Veinte congresos estatales habían dado el sí necesario para modificar el artículo 27 de la Constitución. La maquinaria legislativa, impulsada desde Palacio Nacional, completó su movimiento.
“Con esta reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se pone fin a los excesos de servidores públicos”, declaró Castillo desde la tribuna.
La narrativa oficial es clara: se fortalece la austeridad y el ‘humanismo’. Pero detrás del discurso hay números concretos que cambiarán vidas… o mejor dicho, expectativas.
El nuevo límite: cuando el sueño dorado se vuelve plateado
La regla es simple y brutalmente efectiva. A partir de ahora, ningún servidor público –ni de CFE, Pemex, Nafin ni ningún organismo– podrá jubilarse con más de la mitad del sueldo del presidente.
Hagan cuentas. Eso se traduce en un tope máximo de unos 67 mil pesos mensuales. Una cifra que para el mexicano promedio sigue siendo un sueño lejano, pero que para ciertos altos mandos significa un recorte drástico a sus planes de retiro.
Los estados que avalaron este cambio son una mezcla geográfica e ideológica: desde Baja California hasta Yucatán, pasando por la Ciudad de México. La lista es larga y significativa.
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Guerrero
- Hidalgo
- Michoacán
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
- Ciudad de México
¿El objetivo declarado? Poner freno a los beneficios excesivos y promover equidad en el sistema de pensiones. ¿El mensaje político? Más contundente: la época de los privilegios discrecionales se acabó.
Mi padre, que trabajó toda su vida en una oficina gubernamental sin nunca acercarse a esos montos, me habría dicho que esto era justicia básica. Mis hijas adolescentes, viviendo en un país donde conseguir un primer empleo digno es una odisea, preguntarán por qué esto no sucedió antes.
El teatro político tiene sus actos finales. Hoy, ante veinte testigos estatales y con una declaratoria constitucional, cayó el telón para uno de los beneficios más opacos del servicio público. Las consecuencias reales –los amparos, las transiciones, el impacto fiscal– son el próximo acto. Pero el guión ya está escrito.
