El impacto silencioso de la extorsión en el comercio capitalino
En junio de 2019, días antes del Día del Padre, un empresario del centro histórico de la Ciudad de México recibió una llamada anónima exigiendo 10,000 pesos semanales (aproximadamente 500 dólares) bajo amenaza de represalias. Este episodio marcó el inicio de un calvario que culminó en 2023 con el cierre definitivo de su tienda de ropa masculina, fundada por su abuelo en 1936. El caso ilustra una problemática sistémica: el llamado cobro de piso, una práctica delictiva que afecta al 11% de los comercios nacionales según la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), generando pérdidas anuales superiores a 25,964 millones de pesos.
Un delito con rostro múltiple y alta impunidad
Las estadísticas oficiales subestiman la magnitud real del fenómeno. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 97% de los casos de extorsión no se denuncian debido al temor a represalias y la desconfianza en las autoridades. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad capitalino, reconoce esta cifra negra: “No podemos resolver algo que no estamos viendo”. Los perpetradores operan con sofisticación creciente: desde individuos que se hacen pasar por carteles hasta células de grupos delictivos organizados como el Cártel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, según análisis de David Saucedo, especialista en seguridad.
La estrategia gubernamental anunciada en julio 2024 —que incluye unidades antiextorsión y bloqueo de cuentas bancarias— llega tarde para víctimas como el comerciante entrevistado, quien sufrió cuatro asaltos con violencia armada antes de claudicar. “Se trabaja toda la vida para que te destruyan la vida”, lamentó al desmantelar el local que albergó tres generaciones familiares.
Factores estructurales y soluciones pendientes
Expertos como Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano señalan que la rentabilidad del delito (con márgenes superiores al narcotráfico en algunas zonas) y la colusión con autoridades locales perpetúan el ciclo. Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara de Comercio capitalina, confirma que el problema se ha afianzado en la última década, especialmente en áreas como el Zócalo, pese a la presencia policial.
Mientras las reformas legales prometidas por el gobierno federal se materializan, pequeños empresarios como Daniel Bernardi adoptan posturas resignadas: “No hay mucho que hacer. Pagar cuando hay que pagar”. Esta normalización de la ilegalidad erosiona no solo la economía formal —el sector comercio aporta el 16% del PIB nacional— sino también el tejido social en zonas históricas.
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