La justicia alcanza a un fantasma del gobierno anterior

Dionicio Emanuel Álvarez, quien manejó el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo bajo el mandato de Cuauhtémoc Blanco, finalmente enfrenta a un juez. Lo acusan de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones. Un clásico combo en la política morelense.

La Fiscalía Anticorrupción lo agarró en Cuautla cerca de las cinco de la tarde. Para las nueve, ya lo trasladaban con un operativo digno de narcogran capo: soldados, policías preventivos y agentes de investigación criminal. Algo huele a mucho más que mal manejo de fondos.

Un expediente que mezcla corrupción con lo macabro

Lo buscaban desde 2025. Cuando allanaron una de sus casas en Cuernavaca el año pasado, el hallazgo fue… peculiar. No solo encontraron documentos comprometedores.

Hallaron cráneos humanos y rastros de sangre, así como un altar al Palo Mayombe.

Sí, leyó bien. Cráneos humanos. Eso no suele aparecer en los manuales de contabilidad gubernamental.

La investigación original era por la venta irregular de predios alrededor del lago. Terrenos que terminaron en manos de políticos, diputadas federales y servidores públicos cercanos a Blanco Bravo. La versión preliminar habla de un desvío de unos 20 millones de pesos cuando fue tesorero municipal de Cuautla.

Pero el pastel creció. Ahora se le imputa la malversación de fondos para programas sociales y pagos simulados por servicios fantasma. El tipo estuvo prófugo meses, hasta que lo ubicaron vinculándolo también con el manejo irregular de toneladas… ¡de fertilizante! Guardadas en bodegas familiares al sur del estado.

La Fiscalía dice que la captura fue coordinada entre estatales y federales en una Mesa para la ‘Construcción de Paz’. Ironías aparte, al menos esta vez el aparato funcionó para atrapar a uno que se creía intocable.

La pregunta que queda flotando, más allá de los cráneos y el dinero, es cuántos nombres saldrán a la luz ahora que Álvarez está frente a un juez. En Morelos, las redes de complicidad suelen ser extensas.

El teatro de la muerte: cuando las balas ‘Made in USA’ cruzan la frontera

Imagina una bala del tamaño de un puro. Diseñada para derribar helicópteros y destruir vehículos blindados. Ahora imagínala en las manos de un sicario. Ese es el guion que se está escribiendo hoy, y el escenario es México.

Una investigación del New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación acaba de destapar una trama digna de una película de espionaje, pero con consecuencias terriblemente reales.

“Municiones calibre .50 fabricadas para el ejército estadounidense han terminado en manos de los cárteles mexicanos”, reporta el medio.

El corazón de esta historia late en Independence, Missouri. Allí está la Planta de Municiones del Ejército de Lake City (LCAAP), un proveedor clave del Departamento de Defensa. Su producto estrella: los letales cartuchos calibre .50.

¿Cómo pasaron del arsenal federal al mercado negro?

La respuesta parece estar en los acuerdos entre el Ejército y los contratistas privados que gestionan la planta. Millones de páginas de documentos judiciales muestran cómo este sistema permitió que municiones y componentes fabricados allí ingresaran al mercado minorista… y luego se desviaran hacia el sur.

Los datos son escalofriantes. La Agencia ATF ha incautado más de 40,000 cartuchos calibre .50 en la frontera desde 2012.

“Aproximadamente un tercio provenía específicamente de Lake City”, señala el reporte. Una proporción mayor que la de cualquier otro fabricante.

En el campo, las víctimas y periodistas describen un macabro detalle: tras los ataques, el suelo queda sembrado de casquillos marcados con las iniciales “L.C.”.

El costo humano es atroz. Hombres armados con estas municiones han derribado helicópteros, asesinado funcionarios y masacrado civiles. En 2024, incluso se usaron balas incendiarias perforantes -capaces de traspasar blindajes- en un ataque contra la policía mexicana.

Y aquí viene el giro tragicómico: esas mismas balas están a la venta en línea hoy mismo. Al menos 16 minoristas digitales las comercializan.

El silencio cómplice y la ‘economía’ mortal

Ante las preguntas, las respuestas oficiales son un monumento a la desvinculación. El Ejército no detalló su postura sobre el uso narco de sus municiones. Un portavoz solo destacó, por correo electrónico, que permitir las ventas comercales “ha ahorrado a los contribuyentes unos 50 millones de dólares anuales”.

Piensa en eso por un segundo: se prioriza el ahorro presupuestario sobre el rastro de sangre que estas balas dejan a su paso.

Los gigantes contratistas -Olin Winchester, Northrop Grumman- o no respondieron o se escudaron en cumplir con lo contractual. Los distribuidores como SGAmmo o American Marksman guardaron silencio.

Mientras tanto, el gobierno mexicano también aparece en los documentos como comprador de municiones Lake City, aunque no se especifica el calibre. La ironía es densa.

Esta es la política vista desde mi living, con mis hijas adolescentes preguntándose qué mundo heredan. No es una conspiración lejana; es un negocio.Un circuito donde lo que ahorra impuestos en Missouri financia fosas clandestinas en Sinaloa.

El contrato operativo actual vale 8 mil millones de dólares. Las regulaciones federales y estatales supuestamente rigen cada venta. Pero en este teatro absurdo, las reglas escritas chocan con la realidad sangrienta en la frontera.

La próxima vez que escuches sobre un ‘enfrentamiento’ o una ‘masacre’ en México, recuerda este dato: hay una alta probabilidad de que las balas hayan empezado su viaje en una planta financiada por los contribuyentes estadounidenses.La línea entre la defensa nacional y alimentar una guerra civil ajena es más delgada que nunca.

La coincidencia oportuna de un allanamiento

La mañana del viernes, la Fiscalía de Sinaloa recibió una notificación más. Otra muerte. Fabián Alonso ‘N’ falleció en el área médica del centro penitenciario de Culiacán. El dato preliminar, ese que siempre es tan preliminar, apuntaba a una presunta insuficiencia respiratoria.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal lo confirmó horas después. Un privado de la libertad muerto. Se avisó a la autoridad judicial para determinar las causas, dijeron. El primer dictamen, insistieron, presumía ese problema respiratorio cuyo origen “tendrá que ser determinado” por los forenses.

Lo que sí encontraron rápido: drogas y celulares

Mientras la burocracia forense se pone en marcha para una sola muerte, los operativos dentro del penal fueron notablemente más eficaces. En nuevas revisiones tras el fallecimiento, el Grupo de Operaciones Especiales del Estado localizó diversos artículos de contrabando.

En una primera revisión: cinco dosis de hierba seca con características de marihuana, una dosis de un polvo blanco similar a cocaína, tres celulares, seis cargadores, uno para radio y una USB.

En una segunda revisión: tres dosis más de esa hierba, tres teléfonos adicionales, cinco chips para celulares, otro cargador y una botella (seguramente de agua mineral, ¿no?). Todo asegurado y puesto a disposición del ministerio público.

Es casi reconfortante ver la precisión con la que se inventarían los objetos ilegales, frente a la vaguedad perpetua que rodea la pérdida de una vida humana dentro de esos mismos muros.

La máquina administrativa puede ser lenta para explicar un deceso, pero es sorprendentemente ágil para hacer inventario. Una prioridades que hablan por sí solas.