Un Cambio Estratégico en la Procuración de Justicia Mexicana
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó el viernes que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) representa una oportunidad histórica para reorientar la procuración de justicia en el país. Según sus declaraciones en conferencia de prensa, el objetivo central de este cambio de liderazgo es instituir una fiscalía más transparente, que fortalezca la estrategia de seguridad gubernamental y, fundamentalmente, que demuestre resultados concretos en la impartición de justicia.
La mandataria expresó de manera enfática que, desde su perspectiva personal, la institución requiere una transformación profunda para el beneficio de la nación. Sus declaraciones insinuaron la posibilidad de que existan aspectos del funcionamiento de la FGR durante el mandato anterior que merezcan un análisis detallado, aunque precisó que el enfoque no debe ser una investigación punitiva del pasado, sino la asunción de un compromiso irrevocable con la ciudadanía para avanzar en la seguridad, la paz y el objetivo de cero impunidad.
Nombramientos y Coordinación Institucional
Previo a su salida, Gertz Manero designó a Ernestina Godoy Ramos, una figura de extrema confianza para la Presidenta Sheinbaum, como consejera jurídica a cargo de la institución de manera interina. Godoy, quien se desempeñó como fiscal de la Ciudad de México, estará al frente del organismo hasta que el Senado de la República, de mayoría oficialista, designe a un nuevo titular de forma permanente. Sheinbaum no ocultó su preferencia, calificando a Godoy como “una mujer extraordinaria, de principios, honesta, de muchas convicciones y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México.”
La Jefa del Ejecutivo confía en que esta nueva etapa permitirá una coordinación sinérgica con la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y las fiscalías estatales, con el fin de robustecer las capacidades de investigación. Como ejemplos de esta nueva prioridad, mencionó dos casos de alta relevancia nacional que han enfrentado obstáculos significativos: la investigación sobre el contrabando de hidrocarburos, que implica a altos mandos de la Marina, y la investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014. Este último, un caso emblemático, experimentó serias trabas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador debido a la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas.
Antecedentes y Contexto Internacional
Alejandro Gertz Manero, un veterano abogado de 86 años que ocupó el cargo de Fiscal General durante casi siete años de un mandato de nueve, fue una figura constantemente envuelta en la polémica. Su gestión fue objeto de numerosas críticas por la presunta utilización de la institución para fines políticos y personales, además de generar tensiones recurrentes en la relación bilateral con Estados Unidos. Su salida de la FGR se materializó para asumir el cargo de embajador de México en un destino que aún no ha sido revelado, una transición que fue solicitada por la propia Presidenta Sheinbaum.
La necesidad de que México lleve a cabo investigaciones criminales más eficaces es una demanda que ha sido reiterada de manera insistente por el gobierno de los Estados Unidos. Este punto fue uno de los ejes centrales discutidos durante la visita a México del secretario de Estado, Marco Rubio, en el mes de septiembre, subrayando la dimensión internacional y la importancia geopolítica de una reforma exitosa en el sistema de justicia mexicano. La transformación de la FGR no es solo una promesa doméstica, sino un elemento crucial para la cooperación en seguridad entre las dos naciones.
Este análisis concluye que el reemplazo de Gertz Manero y la potencial designación de Ernestina Godoy simbolizan un punto de inflexión estratégico en la política de seguridad del gobierno de Sheinbaum. El éxito de esta reorientación se medirá por la capacidad de la fiscalía para deslindarse de prácticas anteriores, resolver casos de alto impacto que han erosionado la confianza pública y establecer un nuevo paradigma de transparencia y eficacia en la procuración de justicia para todos los mexicanos.
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