Una victoria en el papel, un desafío en la nómina
El pleno del Senado aprobó por unanimidad algo que debería ser obvio: pagar menos a una mujer que a un hombre por el mismo trabajo es violencia. Lo tipifican como violencia laboral. Suena bien, ¿verdad? Hasta que recuerdas que esto ya debería estar prohibido desde hace décadas.
La reforma modifica el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Ahora, la negativa ilegal a contratar, los impedimentos para la lactancia, las humillaciones y, claro, la brecha salarial, entran en esa categoría.
“En el empleo formal, las mujeres ganan en promedio 16 mil 434 pesos frente a 19 mil 361 pesos de los hombres”, según la ENOE 2025.
Esos números no son estadísticas frías. Son el precio oficial de la discriminación. En el empleo informal la cosa se pone más fea: ellas perciben 7,449 pesos frente a los 11,490 de ellos. El Inegi lo resume diciendo que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 75.
Aquí está el truco jurídico-social: ya existían leyes contra la discriminación salarial. El problema nunca fue la falta de normas, sino la falta de aplicación y la cultura empresarial que normaliza lo injusto. Cambiar una palabra en un artículo no cambia automáticamente las planillas.
La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados. Es decir, se mueve al siguiente eslabón del proceso legislativo donde, teóricamente, podría estancarse o modificarse.
Mi cinismo profesional me obliga a preguntar: ¿cuántas empresas serán realmente investigadas? ¿Cuántas trabajadoras tendrán el respaldo para denunciar sin miedo a represalias? Aplaudo el gesto, pero guardo los aplausos fuertes para cuando vea las primeras multas reales y los primeros ajustes de sueldo forzados por la ley. La justicia no está en el boletín oficial, está en la cartera.
