Postura del Senado frente a la injerencia militar extranjera
La Comisión de Economía del Senado de México emitió un comunicado enfático tras conocerse la firma de un acuerdo por parte del exmandatario estadounidense Donald Trump, que autoriza al Pentágono a emplear fuerzas militares contra cárteles de droga en Latinoamérica. El órgano legislativo subrayó que, conforme al artículo 76 constitucional, solo la Cámara Alta puede permitir el ingreso de tropas foráneas al territorio nacional, destacando que cualquier acción contraria constituiría una violación al derecho internacional.
Fundamentos jurídicos y advertencias
El senador Emmanuel Reyes Carmona explicó que la directiva estadounidense —que clasifica a ciertos cárteles como organizaciones terroristas— busca frenar el tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas mediante operativos en aguas internacionales y suelo extranjero. Sin embargo, recalcó que dichas acciones requieren autorización expresa del Senado mexicano, tras un análisis detallado por comisiones especializadas como Relaciones Exteriores o Defensa Nacional. “La soberanía nacional no es negociable”, afirmó.
Además, citó el artículo 89 constitucional, que otorga a la presidenta Claudia Sheinbaum, como Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, la facultad exclusiva de velar por principios como la no intervención y la solución pacífica de conflictos. “Cualquier despliegue militar no consentido derivaría en sanciones y responsabilidades legales para Estados Unidos, pese a nuestra histórica cooperación en seguridad”, advirtió.
Implicaciones internacionales y cooperación bilateral
El legislador enfatizó que, aunque Estados Unidos tiene soberanía sobre sus decisiones de seguridad interna, el uso de fuerza militar en otro país sin consentimiento viola tratados internacionales y podría enfrentar obstáculos legales internos, como la aprobación previa del Congreso estadounidense. “México siempre ha sido claro: rechazamos la injerencia extranjera, pero valoramos la colaboración bilateral cuando se ajusta al marco jurídico”, señaló.
Finalmente, reiteró el compromiso del gobierno mexicano con la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico, pero insistió en que toda acción conjunta debe respetar los protocolos establecidos. “La presidenta Sheinbaum ya lo expresó: no habrá operaciones encubiertas en nuestro territorio sin transparencia y acuerdos formales”, concluyó.
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