¿Un acuerdo con los detalles en la sombra?

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, salió a celebrar. El motivo: el nuevo Plan de Acción con Estados Unidos sobre Minerales Críticos, anunciado por el representante comercial estadounidense Jamieson Greer.

La idea, según Ebrard, es asegurar el suministro de estos insumos clave para la industria mexicana. Todo en el marco de la integración económica con el vecino del norte. Suena bien sobre el papel.

Pero aquí viene lo jugoso. En una rueda de prensa tras un evento con Claudia Sheinbaum, Ebrard deslizó los cómo. La cancillería (SRE) llevará la parte política. Y a su secretaría le toca “lo operacional”.

“Ya en lo operacional la Secretaría de Economía, porque de nosotros depende el Servicio Geológico Nacional y la regulación de minas”, dijo.

Es decir, el equipo técnico y regulatorio queda del lado mexicano. Ebrard pintó un cuadro de colaboración ordenada.

“Entonces, se hace un equipo y vamos a desarrollar un plan de trabajo conjunto… cada quien, respetando sus normas legales, son diferentes las nuestras a las de ellos. Y respetando cada quien la soberanía del otro”.

Palabras bonitas: equipo, soberanía, respeto. El clásico lenguaje diplomático que busca calmar aguas. Sin embargo, cuando uno escarba un poco, aparecen las lagunas.

El funcionario admitió que hay una lista de 60 minerales considerados críticos en este acuerdo. Pero luego soltó la bomba: desconocía si el litio forma parte de ella.

Ahí lo tienes. Se celebra un acuerdo estratégico sobre recursos minerales, pero el titular de Economía no sabe si incluye al mineral del que más se habla, al que se le ha llamado ‘el oro blanco’ y por el que hay una fiebre regulatoria en el país.

¿Cómo se firma algo tan importante sin ese dato clave? ¿O será que sí lo sabe y la evasiva es estratégica? La sombra del detalle siempre es más larga que el anuncio oficial.

El telón cae, otra vez, para el ‘Mini Lic’

Un juez federal en Virginia le dio este jueves cinco años de prisión a Dámaso López Serrano. El llamado ‘Mini Lic’, hijo de un operador clave de ‘El Chapo’, cayó en una trampa del FBI mientras negociaba la importación de fentanilo desde México.

La escena en la corte fue dramática. López Serrano, con uniforme verde de prisión y el pelo rapado, pidió perdón a través de un intérprete.

“No hay palabras para expresar lo arrepentido que estoy”, dijo. “Mi deseo más profundo es volver con mi familia y demostrarles que he cambiado”.

Son las mismas promesas que hizo en 2017, cuando se entregó y se declaró culpable por tráfico de cocaína y heroína. En esa ocasión, su cooperación con la DEA le valió una sentencia reducida y eventualmente la libertad condicional.

Una operación encubierta que lo atrapó

Pero la libertad duró poco. En 2024, ya mudado a Virginia, comenzó a negociar con quien creía un socio. Era un informante del FBI.

Según los registros judiciales, el ‘Mini Lic’ aseguró tener gente en el sur de California para distribuir la sustancia. Incluso mencionó financiar las transacciones vendiendo propiedades familiares en México.

La captura llegó a finales del año pasado, cuando pensaba que concretaba una compra para distribución.

Esta nueva condena se cumple simultáneamente con otra de cinco años por violar su libertad supervisada anterior. Luego vendrán cinco años más bajo vigilancia federal.

La sentencia podría cambiar otro tablero: la extradición a México. Las autoridades mexicanas lo señalan como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdéz en 2017. Hasta ahora, EE.UU. se había negado a extraditarlo alegando su condición de testigo protegido.

Con su padre, ‘El Licenciado’, y ‘El Chapo’ cumpliendo cadena perpetua en cárceles de máxima seguridad, el teatro familiar del narcotráfico suma otro acto trágico. Las promesas de cambio chocan contra la cruda realidad: el escenario criminal parece ser un guión demasiado arraigado para abandonar.

La jugada oficial contra las ‘Habichuelas’

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 18 máquinas tragamonedas, conocidas coloquialmente como ‘Habichuelas’, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. El botín, según las autoridades, probablemente pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El hallazgo se dio durante un operativo interinstitucional donde se localizaron comercios que operaban estos aparatos sin los permisos correspondientes de la Secretaría de Gobernación. La consecuencia fue inmediata: clausura y aseguramiento.

El material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades para la integración de la carpeta de investigación.

¿Un golpe a las finanzas del crimen?

La Semar salió rápidamente a vender la narrativa del éxito. Argumentan que esta incautación ‘reduce puntos de reclutamiento’ y combate el lavado de activos, así como la venta y consumo de sustancias prohibidas. Un paquete completo contra las actividades ilícitas.

En el operativo también participó la Fiscalía General de la República (FGR). Las dependencias subrayan, en un comunicado que ya huele a copia-pece oficial, que estas acciones ‘contribuyen a la suma de esfuerzos’ y coadyuvan con los tres órdenes de gobierno.

Su objetivo declarado: inhibir actividades ilícitas, mantener el orden y ‘garantizar el bienestar de las familias en Nayarit’. Una promesa tan grandiosa como difícil de medir. Mientras tanto, 18 máquinas fuera de circulación. El resto del ecosistema criminal, presumiblemente, sigue su curso.