Un acto en el campo que busca cambiar las reglas del juego

Claudia Sheinbaum bajó este miércoles a los campos de San Quintín con una promesa contundente: el gobierno federal está aquí para cumplir. No fue solo un discurso más. Fue el lanzamiento formal de un Plan de Justicia diseñado específicamente para los trabajadores agrícolas de esta región emblemática.

“¿Por qué estamos aquí? ¡Para cumplir!”

La escena tenía algo de teatral, pero el guión era pura sustancia. En el centro del anuncio, dos piezas claves: la instalación de un Centro de Justicia Laboral de la STPS y la creación de un certificado especial. Este documento obligaría a los empleadores que exportan productos del campo a garantizar la Seguridad Social de sus jornaleros.

Más allá del papel: infraestructura y salud

Pero Sheinbaum no se quedó en lo administrativo. Desplegó un paquete que toca la vida diaria. Habló de electrificar todas las viviendas con la CFE, repavimentar la carretera Transpeninsular y garantizar el acceso al agua. En salud, la promesa es atención universal en los 20 centros locales y un nuevo Hospital General construido por ingenieros militares.

Zoe Robledo, director del IMSS, puso números a esa promesa: 80 camas, 10 consultorios especializados y seis sillones para quimioterapia. También vendrán dos guarderías IMSS y un centro comunitario PILARES.

La estrategia, según explicó la secretaria Ariadna Montiel, nació tras visitar 30 mil familias desde abril del año pasado. El plan busca “materializar el bienestar” a través de contratos formales, regularización de tierras y programas sociales.

El compromiso final de la presidenta fue volver en seis meses. Su objetivo es hacer realidad el lema de la Cuarta Transformación justo aquí, en los surcos donde se cultiva parte de la riqueza nacional: “por el bien de todos, primero los pobres”. Ahora toca ver si el guión escrito en San Quintín se convierte en una obra con final feliz para sus protagonistas.

Madre e hija ejecutadas en su propio hogar

La madrugada del sábado, los vecinos de la colonia Placetas escucharon disparos. Eran las 4:30 AM. Cuando llegó la policía, encontraron a dos mujeres sin vida dentro de su casa.

María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, madre e hija. Se dedicaban a preparar y vender comida. Su crimen ocurrió en la calle Río Salado, en Colima.

“Al ingresar al domicilio, los policías encontraron a las dos mujeres sin vida y con heridas de arma de fuego”

El lugar fue acordonado. Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense. La escena del crimen quedó marcada con cinta amarilla.

Una ‘solución’ exprés y un comunicado oficial

Aquí es donde la historia oficial huele mal. La tarde del mismo sábado, la Secretaría de Seguridad Pública de Colima emitió un comunicado.

Anunciaron un enfrentamiento con presuntos delincuentes. En dicho choque, según ellos, fueron “abatidos” tres sujetos por su “probable participación” en el doble homicidio.

Probable. Esa palabra lo dice todo.

En el supuesto enfrentamiento resultó herido un agente de la Fiscalía General del Estado (FGE). Fue alcanzado por un disparo, pero se reporta fuera de peligro.

Las autoridades dicen que ubicaron un auto azul claro, marca Chevrolet, modelo Groove, en la colonia Punta Diamante, en Villa de Álvarez. Allí habrían sido agredidos a tiros.

La velocidad es sospechosa. Un doble feminicidio por la madrugada y para la tarde ya tienen presuntos responsables abatidos. Sin juicio. Sin investigación pública. Sin preguntas incómodas sobre motivos o vínculos.

¿Quién ordenó matar a estas dos mujeres que solo vendían comida? ¿Por qué? Esas preguntas quedan enterradas con los tres hombres muertos en el ‘enfrentamiento’.

La memoria colectiva es corta, pero los patrones se repiten: crimen brutal → rápido enfrentamiento → culpables muertos → caso cerrado. La justicia no se hace con balas en la calle al atardecer.

Se llama impunidad con maquillaje de eficiencia.

El grito que nadie escuchó

Minutos antes de que el Tren Interoceánico se saliera de las vías aquel 28 de diciembre, una pasajera escuchó lo que ahora suena a presagio. La tripulación le pedía al maquinista que redujera la velocidad.

Ese testimonio está hoy en el centro de la orden de aprehensión de la Fiscalía. Tres trabajadores están acusados de homicidio y lesiones culposas por un accidente que dejó 14 muertos y más de cien heridos.

Lo curioso – y aquí es donde se me eriza la piel – es que pese a las evidentes fallas técnicas, la investigación carga todo el peso sobre el factor humano.

Los nombres detrás de los cargos

Según los documentos, el maquinista Emilio Erasmo Canteros excedió el límite de velocidad. Iba a 65 km/h donde solo podía circular a 50. Pero hay más.

Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón – conductor y jefe de despachadores – no activaron la válvula de emergencia. Y aquí viene lo grave: ninguno tenía licencia vigente.

“Las licencias vencían desde 2020 y 2024”, detalla la investigación, lo que abre preguntas incómodas sobre la supervisión interna.

La empresa dice que facilita las renovaciones. Las autoridades federales insisten en que eso no causó el accidente. Pero dime tú: ¿confiarías tu vida a un piloto sin licencia actualizada?

El teatro detrás del desastre

Mientras señalan a tres trabajadores, los expertos pintan otro escenario. El tren era material viejo, comprado de segunda mano. Sin velocímetro propio para el conductor. Con radios que funcionaban a medias.

Las inspecciones previas ya habían detectado desgaste en ruedas y durmientes. La vía combinaba madera y concreto sin transición adecuada – una bomba de tiempo según académicos de la Ibero.

En sistemas modernos, existen mecanismos automáticos que detienen el tren si excede la velocidad. Aquí, todo dependía del ojo humano y de licencias vencidas.

Mi padre me decía: “En política – y en tragedias como esta – siempre mira quién sale beneficiado”. Hoy tres trabajadores enfrentan cargos mientras las fallas sistémicas quedan en segundo plano.

El maquinista aceleró, sí. Pero todo el sistema estaba diseñado para fracasar.