Sancionan a escoltas de diputada por ingresar a bar con uniforme

Escoltas de la diputada Montoya, en proceso sancionador por ingresar uniformados a un bar.

Dos escoltas de la diputada local Elizabeth Montoya (Movimiento Ciudadano) enfrentan un proceso disciplinario por parte del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. El motivo: ingresaron uniformados a un bar durante un partido de la Copa Mundial entre México y Ecuador.

El secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López, confirmó el proceso. Los elementos estaban asignados a la protección de la legisladora, quien sufrió un ataque armado el pasado 28 de enero. A raíz de ese incidente, su seguridad se extendió a su esposo e hijas.

“Los elementos incurrieron en una irregularidad al ingresar uniformados a un bar para cuidar a un miembro de la familia”, declaró Téllez.

¿Qué ocurrió esa noche?

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En el establecimiento, al concluir el partido, varios asistentes gritaron “fuera Morena”. Entre ellos, según identificó la diputada con licencia Teresa Guerra Ochoa —aspirante a la coordinación estatal de la Cuarta Transformación—, se encontraba el esposo de Montoya, acompañado de los dos escoltas vestidos de uniforme.

Montoya aclaró que su esposo no participó en los gritos ni los alentó. Defendió que los protocolos de seguridad los definen los propios elementos asignados, y que su esposo tiene derecho a escolta cuando sale solo.

El ataque contra Montoya y su compañero de bancada Sergio Torres Félix, ocurrido en enero, le provocó a la diputada una lesión irreversible en un ojo. Pese al proceso sancionador a los escoltas, el secretario Téllez aseguró que la protección de la diputada continuará sin cambios. Las sanciones son solo para los elementos por portar el uniforme en un lugar no permitido.

Litigios migratorios tensan la relación México-EE.UU.

Especialistas advierten que denuncias contra centros de detención podrían generar consecuencias para connacionales.

Implicaciones de los litigios migratorios

El inicio de acciones legales y civiles contra centros de detención de migrantes en Estados Unidos podría tensar la relación bilateral. Especialistas advierten que estas denuncias tienen pocas probabilidades de éxito y podrían desencadenar medidas adversas contra connacionales.

La internacionalista Arlene Ramírez Uresti señaló que recurrir al Departamento de Justicia o presentar querellas civiles enfrenta un escenario político y jurídico desfavorable. Como alternativa, propuso acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, reconoció que México tiene pendientes en la atención a migrantes y el cumplimiento de compromisos internacionales.

Promover litigios en un contexto político restrictivo hacia la migración podría resultar contraproducente. Ramírez Uresti afirmó que la confrontación con el gobierno estadounidense limitaría la capacidad de negociación y provocaría consecuencias para los mexicanos en ese país.

El politólogo de la UNAM, Sebastián Godínez Rivera, coincidió en que la estrategia jurídica carece de elementos técnicos sólidos. Advirtió que, ante un gobierno como el de Donald Trump, estas acciones podrían fortalecer argumentos para adoptar medidas contra México.

Ambos expertos coinciden en que el camino legal actual ofrece pocas garantías. La relación bilateral enfrenta así un nuevo frente de tensión en materia migratoria.

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Rocha Moya asegura que permanece en su domicilio en Culiacán

Gobernador con licencia afirma que lleva 69 días en su casa desde que fue señalado por EE.UU.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que desde el 1 de mayo permanece en su domicilio en Culiacán. Esto ocurre luego de que Estados Unidos presentara acusaciones en su contra por tráfico de drogas.

A través de su cuenta de X, Rocha Moya indicó que este jueves 9 de julio se cumplen 69 días de haber solicitado licencia para separarse del cargo. “Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país”, escribió.

“Con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes”, agregó.

El exmandatario estatal busca que las indagatorias avancen sin obstáculos legales. Hasta ahora, no hay información sobre el estatus de las pesquisas en su contra.

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Vinculan a proceso a cuatro agentes de la Guardia Nacional por secuestro exprés

Cuatro agentes de la Guardia Nacional fueron vinculados a proceso por secuestro exprés en el aeropuerto de Ciudad Juárez.

Cuatro elementos de la Guardia Nacional fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro exprés, luego de ser detenidos en el aeropuerto Abraham González de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los hechos

Los agentes identificados como Fernando P.R., Horacio De la C.S., Alfredo G.C. y Jesús Gerardo R.A. enfrentan cargos por haber exigido dinero a al menos cinco personas. Según la audiencia de vinculación, las víctimas presentaron evidencia de que los acusados las retenían para que depositaran recursos en cuentas bancarias de los propios elementos.

La jueza Haydee de Santiago Wong Edges determinó que los imputados permanezcan en prisión preventiva por un plazo de investigación de tres meses.

Reacción de la gobernadora

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, celebró la resolución judicial y la acción de la propia corporación al presentar la denuncia.

“Me da mucho gusto que haya habido una denuncia por parte de la Guardia Nacional. Sería importante que en todos los órdenes y niveles de gobierno nuestras fuerzas de seguridad se comporten conforme a derecho y hagan el trabajo de servir a la población”, declaró Campos Galván.

El caso subraya los esfuerzos internos de depuración en las fuerzas federales, aunque persisten dudas sobre la magnitud de conductas irregulares al interior de la corporación.

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