Cuando el “dulce negocio” era demasiado literal

Imagina esto: vas manejando tu tractocamión, escuchando tu playlist de corridos tumbados, pensando que tu mayor preocupación es el tráfico en la carretera… hasta que el Ejército te para y descubre que tu mercancía no son Skittles, sino 500 kilos de cocaína. Así le pasó a Israel “N” (porque, claro, en México hasta los narcos tienen derecho al anonimato), quien ahora debe explicar cómo una empresa “comercializadora de dulces” terminó exportando algo más estimulante que el azúcar.

El operativo: más sorpresivo que un final de telenovela

Todo ocurrió en el puesto militar Cucapah, en San Luis Río Colorado, Sonora (sí, el mismo estado donde el calor y los narcodeals compiten por cuál quema más). Los soldados, con ese olfato que solo dan los años de ver ”

, decidieron revisar el tractocamión. Y voilà: 503 paquetes de “endulzante especial”, cada uno de un kilo, que nada tenían que ver con los gomitas de osito. Eso sí, la logística era impecable: el vehículo salió del Estado de México (clásico) con rumbo a Tijuana (más clásico aún), disfrazado de repartidor de caramelos. ¿La empresa fantasma? Radicada en Jalisco, porque hasta el crimen organizado sabe que el tequila no es lo único que se exporta bien desde allí.

Las autoridades, con esa seriedad que les queda cuando no están haciendo TikToks, confirmaron que la droga pertenecía a un grupo criminal (sorpresa: nadie pensó en un emprendedor independiente). Ahora, Israel “N” enfrenta el viaje menos glamoroso: de la carretera al MP, donde lo esperan preguntas incómodas como “¿En qué momento pensaste que esto era buena idea?” y “¿Realmente creíste que ‘dulces’ era un buen eufemismo?”.

Moraleja: en la vida, como en el narcotráfico, los atajos tienen GPS

Este episodio nos deja varias lecciones: 1) El Ejército mexicano tiene mejor ojo que los scanners de aeropuerto, 2) Si tu negocio de “dulces” mueve medio millón de gramos de algo, quizá no sean confites, y 3) En México, hasta los repartidores llevan más adrenalina que un repartidor de Uber Eats en hora pico. Eso sí, nadie le ganará al detalle de que la cocaína viajara en un tractocamión con identificación legítima. Porque, ¿qué es más mexicano que la burocracia incluso en el crimen?

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Operación Restitución: Cuando la justicia decide ponerse los pantalones (por fin)

Parece que en el Estado de México la Fiscalía General de Justicia decidió dejar de tomar café y ponerse a trabajar. Con la Operación Restitución, no solo están desarticulando entramados criminales, sino también destapando un festival de corruptelas que haría sonrojar hasta al más experimentado político. Y eso es decir mucho.

¿Los protagonistas de este reality show? Servidores públicos con más creatividad que un artista callejero (pero para falsificar documentos), notarios que confundieron su sello con una varita mágica, y hasta miembros de instituciones que juraron proteger la ley… pero solo de dientes para afuera.

El elenco de esta tragicomedia

La FGJEM ya tiene en la mira a 12 personas que, según parece, se dedicaban a jugar Monopoly con propiedades ajenas. Entre los investigados hay:

• 5 empleados del IFREM (porque qué mejor que usar tu puesto público para hacer trampa en el registro de propiedades).
• 2 directores de Desarrollo Urbano (que desarrollaban todo menos la ética).
• 1 ex Director de Catastro (que ahora tendrá que catastrar su propia situación legal).
• 1 Jefa de Mercados Municipales (que, al parecer, también manejaba mercados de terrenos ilegales).

Los del IFREM, en particular, se lucieron: registraban propiedades a nombre de cualquiera menos de los dueños reales, como si estuvieran jugando a las sillas musicales con escrituras. Y eso que el propio organismo había detectado documentación apócrifa, pero claro, ¿para qué hacer caso?

Notarios: de fedatarios a falsificadores

Pero no todo el protagonismo se lo llevan los funcionarios. Tres notarios (dos en Toluca y uno en Ecatepec) decidieron que su trabajo no era validar documentos, sino fabricarlos. Ahora enfrentan cargos por falsificación, porque al parecer confundieron su sello notarial con un “pase libre” para el delito.

Las audiencias de imputación están agendadas para junio, así que pronto sabremos si estos personajes terminan con un final feliz (para la justicia) o uno de esos giros inesperados que tanto ama el sistema mexicano.

Moraleja: Si vas a robar propiedades, al menos no dejes un rastro de papelitos firmados. Aunque, viendo cómo les fue, quizá mejor dedícate a otra cosa.

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La democracia yucateca, o cómo quemar 105 millones en papelitos confusos

Ah, las elecciones judiciales en Yucatán: ese emocionante evento donde el 87.33% de los ciudadanos decidió que literalmente cualquier otra cosa era más interesante que votar. El IEPAC, con su habitual eficiencia, confirmó los nombres de los 14 afortunados que ocuparán las magistraturas, en un proceso donde el costo por voto (462.48 pesos) casi supera el precio de un iPhone usado. ¿Y qué obtuvieron a cambio? Un 30% de votos anulados por pura confusión. ¡Bravo!

Los ganadores: ¿mérito o carnet del partido?

Erika Beatriz Torres López, exfuncionaria del gobierno estatal, se llevó la corona con 119,829 votos, seguida de cerca por otros nombres que, casualmente, también tienen un historial de cercanía al poder. ¿Coincidencia? ¡Claro que no! El Tribunal de Disciplina Judicial, por su parte, tuvo su propia estrella: Sara Leonor Estrella León, con 121,905 votos, demostrando que, en Yucatán, el apellido correcto puede ser tan útil como un manual de instrucciones (algo que, por cierto, faltó en las casillas).

De los 1.7 millones de electores registrados, solo 227,577 se molestaron en votar. Es decir, el 12.67% de la población demostró que, o no entendió el proceso, o simplemente le importó un comino. Para colmo, el 23.4% de los votos fueron nulos, porque nada dice “participación ciudadana” como marcar la boleta equivocada. El TSJ lideró este desfile de confusiones con un 30% de votos anulados, mientras el Tribunal de Disciplina se conformó con un modesto 16.8%. ¿Qué pasó aquí? ¿Eran boletas o exámenes de cálculo diferencial?

El costo de la indiferencia: 105 millones en juego

El gobierno estatal, en un acto de generosidad sin precedentes, invirtió 100 millones de pesos en este festival de la apatía, más otros 5.2 millones del IEPAC. Traducción: cada voto válido costó 43.13 pesos, lo que equivale a dos cafés en Starbucks o, si lo prefieren, a un billete de lotería con peores probabilidades. Eso sí, al menos cumplieron con la paridad de género: cinco mujeres y cuatro hombres en el TSJ, y tres magistradas contra dos magistrados en Disciplina Judicial. ¡Igualdad en la desilusión!

Lo más irónico es que, mientras en las presidenciales de 2024 la participación fue del 61.04%, aquí apenas rozaron el 12%. ¿Será que a la gente le interesa más quién gobierna el país que quién decide sus juicios? Nah, imposible. Seguro fue solo que las boletas rosa y verde parecían un test de daltonismo.

Los nuevos magistrados tomarán posesión el 1 de septiembre de 2025, marcando el inicio de una “nueva etapa” en la justicia yucateca. O, como algunos lo llaman, “más de lo mismo, pero con acta notarial”.

¿Te sorprende este desastre democrático? Comparte esta joya de la participación ciudadana y descubre más contenido que demuestra que la política nunca decepciona… en lo absurdo. #DemocraciaCara #YucatánVotaPeroNoMucho