Iniciativa para revitalizar los mercados tradicionales de la CDMX

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México emitió un llamado urgente a las autoridades capitalinas para implementar estrategias que refuercen la operatividad y seguridad de los mercados públicos. Este acuerdo surge tras un diálogo entre legisladores y representantes de los comerciantes, quienes destacaron la necesidad de proteger estos espacios vitales para la economía local.

Acciones clave para garantizar la sostenibilidad

Entre las medidas acordadas, se solicitó a las 16 alcaldías:

• Implementar protocolos contra extorsiones y delitos que afecten a los locatarios.
• Actualizar los Planes de Protección Civil en estos centros de abasto, con especial atención a riesgos eléctricos y de gas.

Además, la Auditoría Superior deberá presentar un informe detallado sobre las acciones realizadas entre 2022 y 2024 para el mejoramiento infraestructural de estos espacios.

La diputada Brenda Ruiz enfatizó que estos mercados abastecen al 33% de los hogares y son parte del patrimonio cultural de la ciudad. “Su valor histórico y social exige intervenciones integrales”, señaló durante su intervención.

Conflictos y soluciones en marcha

La tensión entre locatarios y diputados por los abastos populares —eventos donde se venden productos a bajo costo— fue otro punto crítico abordado. Los comerciantes argumentan que esta práctica representa competencia desleal, mientras que los legisladores defienden su carácter asistencial. Como solución, se acordó revisar el tema en la Jucopo para equilibrar ambos intereses.

Este acuerdo marca un paso hacia la modernización regulada de los mercados, combinando seguridad, preservación cultural y equidad comercial. Según datos oficiales, en 2021 se identificaron riesgos como instalaciones eléctricas obsoletas y manejo inadecuado de residuos, lo que subraya la urgencia de estas acciones.

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Intenso operativo en Culiacán neutraliza células criminales

En una serie de intervenciones coordinadas en Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a 10 presuntos integrantes de grupos delictivos, incluidos miembros de “Los Mayos” y “Los Chapitos”. Los operativos, realizados en Monte Verde de Villa, Alcoyonqui, Bellavista y Los Ángeles, dejaron un saldo de dos agresores abatidos y la incautación de arsenales, vehículos y equipo táctico.

Hallazgos clave en los allanamientos

Entre lo decomisado destacan:

• 3,209 litros de precursores químicos para fabricar metanfetamina
• 1.5 toneladas de sosa cáustica
• 7 armas largas con 68 cargadores y más de 1,000 cartuchos
• Vehículos blindados y poncha llantas

En Tecolotes y San Lorenzo, se desmantelaron laboratorios clandestinos, mientras que en Navolato fue capturado José Insunza Ruiz (“El 60”), lugarteniente de “Los Chapitos”, con un arsenal y 198 dosis de droga.

Participación multinstitucional

El operativo reunió a:
Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y SSPC, demostrando la estrategia interagencial contra el crimen organizado. Expertos señalan que estos golpes interrumpen cadenas logísticas clave para el narcotráfico en el Pacífico.

Análisis estratégico: La incautación de insumos químicos equivale a 12 millones de dosis potenciales de metanfetamina, según parámetros de la DEA. Esto representa un duro revés financiero para las células, con pérdidas estimadas en USD 8 millones.

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Detención de agentes municipales en Los Cabos

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó la aprehensión de seis elementos de la policía municipal de Los Cabos, Baja California Sur, vinculados a la desaparición forzada de dos jóvenes. Los agentes, cuyas identidades se reservan por ley, fueron detenidos en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina en la colonia Lomas del Sol, Cabo San Lucas.

Detalles del operativo y contexto legal

Los aprehendidos —cuatro hombres y dos mujeres de entre 21 y 33 años— enfrentan cargos por no presentar a los jóvenes Pablo Figueroa Martínez (17) y Jesús Torres Procopio (21) ante autoridades tras su detención el 26 de junio. El procurador Antonio López Rodríguez enfatizó que, aunque prima la presunción de inocencia, las pruebas sugieren su participación. “No hubo registro de su ingreso a barandilla ni comparecencia judicial”, declaró.

El caso ha generado conmoción por involucrar a servidores públicos encargados de garantizar seguridad. Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento, reiteró el compromiso de la administración con la legalidad y anunció medidas de capacitación interna y prevención del delito.

Crisis de desapariciones y hallazgos recientes

Organizaciones civiles como el Colectivo de Búsquedas por La Paz han intensificado sus demandas ante el incremento de casos. Solo en 2024, la Comisión Estatal de Búsqueda registra 240 reportes, con 77 personas aún desaparecidas. En julio, localizaron cuatro fosas con ocho osamentas en la capital estatal, sumándose a las 50 recuperadas en 2023.

Este escenario refleja un patrón preocupante en la región, donde la colaboración entre autoridades y colectivos es crítica. López Rodríguez reconoció el impacto social del caso: “Los agentes deben proteger, no vulnerar derechos. No ocultaremos estos hechos”.

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