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Nacional

Ministros de la Corte dialogan con repartidores sobre impuesto

Ministros escuchan a repartidores mientras un polémico impuesto del 2% queda en el limbo legal y las empresas podrían reclamar millones.

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Cuando la Corte se volvió el grupo de chat de los repartidores

Imaginen esta escena: cinco de las mentes jurídicas más poderosas del país, esos seres que usualmente debaten temas que el común de los mortales no terminamos de entender, sentaditos y escuchando con “respeto y cordialidad” (léase: tratando de no parecer totalmente desconectados de la realidad) a un grupo de repartidores de Uber. Sí, pasó. En lo que parece el spin-off menos esperado de “La Ley y el Orden”, pero versión CDMX.

El drama de fondo, porque siempre lo hay, es un amparo que estaba en la SCJN sobre el cobro de un impuesto del 2% a las apps por eso que el gobierno llama poéticamente “aprovechamiento de infraestructura urbana”. Básicamente, una tarifa por el privilegio de tener a miles de motos y coches dando vueltas por la ciudad. La revisión de este tema, que suena aburrido pero afecta directamente el bolsillo de quienes mueven nuestra comida y nuestros pedidos, fue aplazada. O en lenguaje millennial: le dieron pause.

Y para hacer las cosas más interesantes, entró en escena el dream team ministerial: Hugo Aguilar Ortiz, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa y, no podía faltar, Lenia Batres Guadarrama, la autoproclamada “ministra del Pueblo”. Su sola presencia garantiza que la reunión no sería un aburrido intercambio de formalidades. Fue ella quien soltó la bomba: el amparo se retiró de la sesión de ese día precisamente para, atención, “escuchar a este grupo”. Un movimiento que huele a estrategia de relaciones públicas con un toque de “vean, sí nos importan”.

El impuesto fantasma y los millones en juego

Aquí es donde la cosa se pone jugosa. Según narró nuestra ministra estrella, se les explicó a los repartidores que este impuesto del 2% ya está vigente desde 2022. O sea, no es un cobro nuevo. El giro de la trama es que, si se otorga el amparo, el gobierno de la CDMX tendría que devolverle a Uber Portier México la modesta suma de más de 3 millones 361 mil pesos que ya ha pagado. Nada, solo un vuelto.

Pero esperen, hay más. Lenia, en su rol de narradora de este thriller fiscal, detalló que, en conjunto, las empresas de este rollo han pagado alrededor de 67 millones de pesos por este concepto. Lo que significa que, si el amparo prospera, podríamos estar ante la madre de todas las solicitudes de reembolso. Imaginen la fila virtual en Hacienda. Un verdadero festival de “devuélvanme mi lana”.

Y luego vino la perla, la justificación que hizo a más de uno arquear una ceja: “La promoción de este amparo le ha permitido no seguir cubriendo este aprovechamiento”. Una frase digna de un laberinto legal, que básicamente nos deja claro que el recurso legal ha sido un pase libre temporal para la empresa mientras se resuelve el desmadre.

La ministra no se mordió la lengua y apuntó directo al corazón del modelo de negocio: “Es necesario regular los modelos de negocios novedosos que, pese a generar ganancias exponenciales, no requieren permiso o autorización alguna”. Aquí, traducido al español coloquial: “Estas apps ganan un dineral con un modelo que opera en una zona gris gigante y su colaboración fiscal es casi tan inexistente como la paciencia de quien espera una pizza fría”.

Y claro, no podía faltar el recordatorio de la precariedad laboral detrás de la comodidad de un click. Batres recalcó que este sistema le permite a Uber y compañía dejar a sus trabajadores en un limbo legal: sin contrato laboral, sin salario fijo, sin prestaciones y, lo más grave, sin seguridad social. O sea, todo el riesgo lo asume el de la moto.

El final no tan feliz (pero predecible)

Mientras esta reunión de alto nivel ocurría puertas adentro, afuera de la sede del Máximo Tribunal, la vida real sucedía. Repartidores de Uber, Didi y Rappi se manifestaban, alzando la voz para dejar clara su inconformidad con este impuesto. Porque al final del día, ¿quién termina pagando realmente los platos rotos de estas batallas legales y fiscales? Sí, ellos.

Es la crónica de un desencuentro anunciado: por un lado, el Estado tratando de meter la mano en un negocio hiperrentable; por el otro, las empresas buscando cualquier resquicio legal para maximizar sus ganancias; y en medio, los trabajadores, atrapados en una discusión donde su voz suele ser la última en ser escuchada, a pesar de que son el engranaje fundamental de toda esta maquinaria.

Esta reunión, con todo y su ambiente “de respeto y cordialidad”, es solo un capítulo más en la eterna pugna por definir los derechos y obligaciones en la economía gig. Un mundo donde la innovación tecnológica va a la velocidad de la luz, pero la legislación laboral y fiscal avanza a paso de tortuga. El resultado es un panorama lleno de inseguridad jurídica, malestar social y una pregunta flotando en el aire: ¿realmente alguien tiene el control de esto?

Lo único seguro es que este impuesto del 2% es mucho más que un número. Es la punta del iceberg de un debate monumental sobre el futuro del trabajo, la justicia fiscal y el papel del Estado en la era digital. Un debate que, está claro, está lejos de terminar.

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Nacional

El Senado inicia el proceso para nombrar al nuevo fiscal

El Senado activa el mecanismo para elegir al sucesor de Gertz Manero, en un proceso que combina política y diplomacia.

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El Senado pone en marcha la maquinaria para elegir al próximo Fiscal General

Parece que en la Cámara de Senadores la semana viene movidita, con una agenda que mezcla el nombramiento de altos cargos con visitas presidenciales internacionales y conmemoraciones con sabor a tragedia de los 90. La senadora Laura Itzel Castillo, en un video que seguramente tuvo más vistas que el último reel de tu artista favorito, detalló el procedimiento que seguirán para designar a quien ocupe la silla que dejó vacante Alejandro Gertz Manero. Spoiler alert: no es un proceso tan simple como elegir qué ver en Netflix un viernes por la noche.

La designación del próximo titular de la Fiscalía General de la República sigue un protocolo que parece sacado de un reality show de competencia. Primero, el Senado armará una lista de diez candidatos potenciales (la “temporada inicial” de aspirantes). Esta nómina se enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hará su propia curaduría y devolverá tres nombres (los “finalistas”). De estos tres preseleccionados, se realizarán comparecencias públicas (las “pruebas de fuego”) para que finalmente el Senado elija al ganador. Un proceso que, vamos, tiene más filtros que una foto de Instagram.

Diplomacia, desastres químicos y otros asuntos senatoriales

Pero espera, hay más. Por si el proceso de designación no fuera suficiente, la agenda del Senado también incluye la visita del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en el marco del quincuagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Un evento que, según Castillo, se llevará a cabo “con la representatividad de los diferentes senadores de la República”. O sea, todos en su mejor pose para la foto oficial.

Y como toda buena semana legislativa que se precie, no podía faltar una conmemoración con un toque oscuro. El pleno del Senado aprobará que el 3 de mayo de cada año se declare Día Nacional contra los Desastres Químicos, en recuerdo de la explosión en la empresa Anaversa en Córdoba, Veracruz, hace más de treinta años. Un trágico suceso que liberó sustancias tóxicas y causó graves daños humanos y ambientales, recordándonos que los desastres industriales no son solo cosa del pasado.

En resumen, el Senado mexicano demuestra que puede manejar múltiples frentes simultáneamente: desde la crucial elección del próximo Fiscal General hasta la diplomacia internacional y la memoria histórica de tragedias ambientales. Un menú legislativo bastante completo que mantendrá ocupados a nuestros representantes en los próximos días.

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Mujer muere en caída desde el muro fronterizo de Tijuana

Una comunidad en Oaxaca se estremece tras la pérdida de una de sus hijas en un intento desesperado por alcanzar el sueño americano.

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Una Caída que Estremeció la Frontera

En un instante que heló la sangre y congeló el tiempo, el infranqueable muro fronterizo entre Tijuana y San Diego reclamó otra vida. Las autoridades de la Subsecretaría de Migración y Población de Oaxaca confirmaron con pesar la trágica muerte de una mujer, cuya existencia se apagó tras una caída que resonó como un eco de desesperación en la línea que divide dos naciones. La víctima, originaria del municipio de San Pedro Jicayán, en la vibrante pero empobrecida costa oaxaqueña, no estaba sola en su fatídico intento; otras personas, compañeras de sueños rotos, resultaron lesionadas en este suceso que desgarra el corazón de una comunidad entera.

El comunicado oficial de la dependencia estatal, cargado de un formalismo que apenas oculta la magnitud del dolor, anunció con solemnidad: “En este momento se iniciará la integración de la documentación necesaria y los trámites pertinentes para llevar a cabo el traslado del cuerpo desde Tijuana hasta su comunidad de origen. Ya se cuenta con un enlace directo con los familiares, con quienes se mantendrá comunicación constante para brindarles acompañamiento durante todo el proceso”. Cada palabra, un escalón más en el tortuoso camino de repatriar a una hija que partió en busca de esperanza y regresa envuelta en la más absoluta tragedia.

El Sueño Americano Convertido en Pesadilla

¿Qué oscuras circunstancias llevaron a este desenlace fatal? Un grupo de mujeres valientes, armadas solo con su determinación, pretendían desafiar la imponente barrera metálica que separa Tijuana de San Diego. En un acto de fe y desesperación, se aventuraron hacia lo desconocido, pero el destino, cruel y caprichoso, intervino. Cayeron desde una altura que simboliza no solo metros de concreto y acero, sino la inmensa distancia entre la pobreza y la oportunidad. En ese descenso aciago, una de ellas perdió la vida, cruzando para siempre la frontera más definitiva. Provenían de la comunidad de Aguadulce, en el municipio de San Pedro Jicayán, un rincón del distrito de Santiago Jamiltepec donde los sueños suelen ser lo único que abunda.

El cuerpo de la fallecida yace ahora en la fría morgue de Tijuana, a la espera del viaje final de regreso a su tierra. Mientras tanto, sus compañeras heridas, cuyo estado de salud se reporta como estable, cargan no solo con las secuelas físicas de la caída, sino con el peso de un recuerdo que las perseguirá por el resto de sus días. Son supervivientes de una batalla que nadie debería tener que librar.

El Compromiso Institucional y el Dolor de un Pueblo

Las autoridades migratorias, en un intento por bordar un manto de orden sobre el caos, detallaron con precisión burocrática: “De igual manera, ya se realizaron los contactos correspondientes para su canalización con sus familiares, quienes han sido informados de su situación y estarán en seguimiento. La Subsecretaría de Migración y Población permanecerá atenta y en coordinación con las instancias correspondientes para asegurar que todos los procedimientos se realicen conforme a lo establecido y con el acompañamiento institucional necesario”. Pero, ¿puede el protocolo sanar una herida tan profunda?

La tragedia adquiere una dimensión aún más desgarradora al conocer el contexto. San Pedro Jicayán, según el Censo de Población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es una comunidad de 11,555 almas, donde el 97.20 por ciento es población indígena y el 91.50 por ciento habla alguna lengua originaria. Este dato no es una simple estadística; es la explicación de un éxodo forzado. Es, además, uno de los pueblos de Oaxaca con mayor rezago social. El 23.20 por ciento de su población mayor de 15 años es analfabeta, y son las mujeres quienes ocupan el mayor porcentaje de este indicador de marginación en el municipio. Esta no es solo la historia de una caída; es el relato de una fuga desesperada de la pobreza y la exclusión, un grito silencioso que termina en el más estruendoso de los silencios.

Esta tragedia fronteriza nos recuerda el costo humano detrás de la crisis migratoria. Comparte esta noticia para visibilizar las realidades que impulsan a miles a arriesgarlo todo y explora más contenido relacionado con los desafíos humanitarios en nuestra frontera norte.

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Morena impulsa la educación financiera obligatoria en escuelas

Una propuesta legislativa busca transformar desde las aulas el futuro económico de millones de jóvenes mexicanos, dotándolos de herramientas clave.

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Un giro histórico en la formación de las nuevas generaciones

En un movimiento que podría redefinir el destino económico de toda una nación, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ha lanzado una iniciativa audaz. Su misión: infiltrar en el corazón del sistema educativo la alfabetización financiera elemental, transformando las aulas de secundaria, media superior y superior en campos de batalla contra la ignorancia económica. El diputado Arturo Ávila Anaya, como un visionario en medio de la tormenta, es el arquitecto de esta reforma que pretende modificar la Ley General de Educación. Su propuesta no es un simple ajuste curricular; es un mandato para forjar en cada estudiante hábitos de hierro relacionados con el ahorro, el crédito responsable y la planificación del patrimonio, sembrando las semillas de un futuro donde el uso ético de los recursos y la inclusión financiera no sean un privilegio, sino un derecho conquistado.

La iniciativa, ahora en las garras de la Comisión de Educación para su análisis, se apoya en datos estremecedores. Estudios de titanes como la Condusef y el Banco de México pintan un panorama desolador: una porción alarmante de la población mexicana navega a ciegas en el océano de las finanzas personales, sin brújula para el ahorro, sin mapas para la inversión, sin anclas ante el crédito. Esta oscuridad, advierte el documento con tono de tragedia inminente, conduce a decisiones desesperadas que engendran sobreendeudamiento, desprotección ante crisis y un lastre para el progreso individual y colectivo. Cada peso malgastado, cada deuda contraída sin entender, es un eslabón en una cadena que frena el desarrollo nacional.

El objetivo final: forjar ciudadanos invencibles

¿Cuál es la ambición última de esta cruzada educativa? No es solo agregar una materia más. Es una revolución cognitiva que busca, desde los años más tempranos, desentrañar los misterios del valor del dinero, los rituales sagrados del presupuesto familiar y la magia del emprendimiento con conciencia social. El legislador proclama que estos conocimientos financieros son el martillo y el yunque con los que se forjará una ciudadanía nueva: consciente, responsable y solidaria. Son las armas para defender el propio bienestar y, al mismo tiempo, construir una cultura económica nacional más robusta y resiliente.

Los beneficios prometidos son tan profundos como un juramento. Esta formación en economía personal no solo enseña a sumar y restar pesos; es un vehículo para inculcar valores sagrados de justicia social y economía solidaria. Promueve un consumo que no devora, una inversión que no explota y un uso de los recursos que honra a la comunidad. Es, en esencia, la creación de un escudo contra la vulnerabilidad y una espada para labrar prosperidad compartida.

El destino de esta iniciativa pende de un hilo en el laberinto legislativo. Pero su sola existencia enciende una chispa de esperanza. ¿Lograrán las próximas generaciones de mexicanos aprender, en el mismo lugar donde estudian historia y matemáticas, a escribir su propia independencia económica? El tiempo, y los diputados, tienen la palabra.

¿Crees que este conocimiento es vital para el futuro? Comparte esta noticia en tus redes sociales y ayúdanos a difundir la importancia de la educación financiera. Explora más contenidos sobre economía y desarrollo en nuestra sección dedicada.

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