Un triunfo para la prensa, un golpe a la censura disfrazada

La Suprema Corte acaba de dar una lección magistral. Con seis votos a favor, anuló el delito de “halconeo” del Código Penal de Sinaloa. ¿La razón? Era una herramienta demasiado peligrosa y ambigua que ponía en la mira a periodistas y ciudadanos.

Esta norma pretendía sancionar a quien obtuviera información, “utilizando cualquier medio tecnológico”, sobre operativos de seguridad. Suena bien en el papel, ¿verdad? El problema es el guión oculto.

Una red demasiado amplia que atrapaba a los comunicadores

El ministro ponente, Giovanni Figueroa Mejía, fue claro como el agua. Dijo que la ley no precisaba la finalidad ilícita de la conducta ni el riesgo específico que quería evitar. Traducción: era una red tan amplia que podía pescar a cualquiera.

“Además, genera un efecto inhibidor particularmente grave para el gremio periodístico, al criminalizar la búsqueda de información vinculada con la seguridad pública”, explicó Figueroa Mejía.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz puso el dedo en la llaga con un ejemplo contundente:

“La ambigüedad es muy amplia… ‘utilizando cualquier medio tecnológico’, pues hasta usar internet cae en el tipo penal de la norma”.

Es decir, bajo esa ley, un reportero consultando redes sociales o un ciudadano grabando con su celular podían ser criminalizados. Un absurdo total en pleno 2026.

No todos estuvieron de acuerdo. La ministra María Estela Ríos defendió la norma. Argumentó que buscaba proteger a las instituciones de seguridad y evitar que el crimen organizado obtuviera ventaja.

“Entiendo que es muy respetable el derecho a la información, pero en este caso debe prevalecer la protección de la seguridad y la vida”, señaló.

Un argumento válido en teoría, pero que en la práctica se torcía hacia la censura. La balanza se inclinó por los derechos fundamentales.

Las reacciones no se hicieron esperar. La organización Artículo 19 celebró la decisión con bombo y platillo. Recordaron el contexto mexicano, donde la prensa es constantemente agredida y criminalizada.

Su alerta es grave: 19 entidades en México aún contemplan este delito en sus códigos. La batalla por desarmar estas leyes ambiguas apenas comienza.

El caso del periodista veracruzano Rafael León Segovia “Lafita”, procesado precisamente por la información que recibe y reporta, es el ejemplo vivo del peligro. La Corte, al menos en Sinaloa, cerró esa puerta.

Hoy ganó una narrativa simple pero poderosa: en una democracia, vigilar al poder no puede ser un delito. El derecho a saber prevalece sobre el miedo a informar.

Un desayuno que terminó en el hospital

La escena parece sacada de una mala película, pero es real. Un grupo aún no determinado de elementos de la Guardia Nacional, destacamentados en Veracruz, comenzó su día normal. Desayunaron en su cuartel y salieron a sus rondines.

Pero algo salió terriblemente mal.

Síntomas alarmantes y traslado de emergencia

Los primeros mareos y vómitos no se hicieron esperar. Lo que parecía una jornada rutinaria se convirtió en una emergencia médica. Los efectivos tuvieron que ser trasladados urgentemente al Hospital Militar de La Boticaria.

“Fue en las propias patrullas como fueron trasladados para su atención médica”

Las versiones extraoficiales hablan fuerte: entre 30 y 40 agentes afectados. Treinta o cuarenta personas que despertaron para servir y terminaron con síntomas de intoxicación. La corporación guarda silencio, pero las ambulancias hablaron por ellas.

Mientras tanto, preguntas urgentes flotan en el aire veracruzano. ¿Qué comieron? ¿Fue un accidente o algo más? En el teatro de la seguridad pública, este acto inesperado abre un misterio que va más allá de los síntomas físicos.

La zona conurbada Veracruz-Boca del Río amaneció con menos guardianes en las calles y más camas ocupadas en el hospital militar. La seguridad tiene hoy un hueco preocupante, y decenas de familias esperan respuestas que aún no llegan.

Brasil entra al quite diplomático entre México y Perú

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo que ya olía a solución de manual. Ante la ruptura total con Perú, México necesitaba a alguien que cuidara las llaves de su embajada en Lima. Y Brasil levantó la mano.

En su conferencia de este lunes, Sheinbaum agradeció al gobierno brasileño por aceptar el encargo. Un gesto que, en el frío lenguaje diplomático, se llama “asumir la representación de intereses”. En cristiano: ser el cerrajero temporal.

“Brasil accedió a resguardar estas instalaciones y en estas instalaciones sigue esta mujer que pidió asilo en nuestro país”, dijo Sheinbaum.

Ahí está el detalle que mantiene caliente el conflicto. Dentro de ese edificio ahora bajo custodia brasileña sigue Betssy Chávez, exministra del depuesto Pedro Castillo. Una figura política perseguida que México acogió y a la que Perú no quiere dejar salir.

Sheinbaum recordó el origen del rompimiento: “A partir de ahí, el gobierno de Perú decidió romper relaciones con México”. La SRE hizo oficial el arreglo: Brasil actuará con el consentimiento de ambas partes. Un parche diplomático mientras se decide qué pasa con Chávez y su salvoconducto.

La imagen es poderosa: una embajada mexicana vacía de mexicanos, custodiada por brasileños, con una refugiada peruana adentro. El triángulo diplomático más extraño de la región.