¿Un atajo legal o una violación flagrante?

El escenario es de película: abogados y familiares de integrantes de organizaciones criminales acusaron este lunes al gobierno mexicano de violar las leyes. El motivo: el envío de casi un centenar de ciudadanos a Estados Unidos sin una orden formal de extradición.

Esto ocurre apenas días después de que la administración de Claudia Sheinbaum entregara a 37 detenidos. Analistas lo ven como una “ofrenda” para calmar las crecientes amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, quien ha hablado de acciones militares contra los cárteles.

La estrategia bajo la lupa

Desde febrero, México ha enviado a 92 detenidos vinculados al crimen organizado en tres tandas. Es parte de una estrategia más amplia para tomar medidas enérgicas y mantener una relación positiva con Washington.

Pero el método es lo que prende los focos rojos. El gobierno insiste en que fue legal y por seguridad nacional. Washington dice que los detenidos eran buscados por crímenes allí y muchos tenían solicitudes de extradición pendientes.

“México hoy se encuentra presentando una fuerte presión en materia de seguridad y cooperación con Estados Unidos”, señaló Yarey Sánchez Lagunas, abogada de dos personas enviadas. “Esto nos obliga a preguntarnos… si este tipo de decisiones están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos, aun cuando implique sacrificar el debido proceso”.

Los argumentos son similares a los usados en su momento por los defensores de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Sánchez Lagunas defiende a Itiel Palacios García, del CJNG, y a Pablo Edwin Huerta Nuño, de los Arellano Félix.

La situación escaló cuando Vanesa Guzmán, pareja de un líder regional del cártel de los Zetas, interpuso una demanda penal contra altos funcionarios, incluido el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro”, subrayó Guzmán. “Al día de hoy no sabemos de él. No ha hecho ni siquiera su llamada legal permitida”.

Acusa a los funcionarios de “traición a la patria”, aunque los abogados admiten que ahora, con sus clientes fuera del país, tienen pocos recursos legales para impugnar.

Pero no todos ven esto como un drama judicial. Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, restó importancia a las quejas.

Elogió a las autoridades por “acelerar” un proceso que suele estancarse años gracias a amparos sucesivos. Recordó que la Constitución mexicana faculta al presidente para actuar así en protección de la seguridad nacional.

“Sheinbaum lo hizo para mejorar la cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pero al mismo tiempo entiende que estos individuos, si permanecen en prisiones allí… por lo general tienen acceso a sus organizaciones criminales”, declaró Vigil. “Estas vías rápidas son sumamente valiosas en términos de garantizar que se enfrenten a la justicia”.

Ahí está el meollo del asunto. ¿Es esto una medida pragmática para desactivar bombas políticas y criminales? ¿O es un peligroso precedente donde el fin justifica los medios?

Mientras los tribunales mexicanos reciben demandas por traición y los despachos diplomáticos celebran la cooperación reforzada, casi cien vidas quedan atrapadas en el limbo legal entre dos naciones. El telón aún no cae sobre este acto.

El escenario del horror

Los restos de la tragedia aún estaban ahí el lunes. Envases de cerveza, ropa con manchas y veladoras esparcidas sobre la tierra de un campo de fútbol en Salamanca, Guanajuato. El domingo, ese lugar donde la comunidad se reunía para un partido amateur se convirtió en una trampa mortal. Individuos armados dispararon contra la gente, dejando al menos 11 personas sin vida y otras 12 heridas.

La gobernadora Libia Dennise García salió a decir que la seguridad se ha “reforzado”. Prometió trabajar con “firmeza” para recuperar la tranquilidad. Pero las palabras chocan contra una realidad brutal: Guanajuato es el estado con más homicidios del país. Este no es un hecho aislado. Es el capítulo más reciente de una guerra territorial entre dos grupos que han convertido la vida pública en un campo de batalla.

El guion detrás de la balacera

Según una fuente federal que pidió anonimato, parte de las víctimas estarían vinculadas a una empresa de seguridad privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Antes del ataque, aparecieron cartulinas atribuidas al cártel rival de Santa Rosa de Lima, marcando su disputa. No fue casualidad.

“Todo apunta a que el cártel de Santa Rosa de Lima quería ‘provocar el arribo de fuerzas estatales y federales’ a esa zona y perjudicar a su enemigo”, estimó el analista David Saucedo.

El alcalde César Prieto lo llamó parte de la “ola de violencia” donde grupos criminales buscan “someter a la autoridad”. Pero el daño más profundo es social. Nancy Angélica Canjura, investigadora de Causa Común, lo explica claro:

Al margen de si los fallecidos están vinculados o no con la delincuencia, el hecho de que el ataque se dé en un lugar público y durante una actividad festiva tiene un gran impacto social… lo que queda es “no se puede salir… no hay que mantenerse en espacios abiertos”.

Este ataque llega en el peor momento posible. A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo que México coorganiza, mientras el gobierno federal promueve el fútbol como “herramienta poderosa para el desarrollo integral”. Saucedo lo sentencia: el suceso “echa por tierra la imagen que México quiere proyectar” justo antes del megaevento.

Detrás están dos organizaciones con alcance global. El CJNG, declarado terrorista por Estados Unidos durante la administración Trump. Y el cártel de Santa Rosa de Lima, cuyo negocio principal -el robo masivo de combustible- le roba miles de millones a Pemex según el Departamento del Tesoro estadounidense.

La semana pasada ya hubo una amenaza con artefacto explosivo en instalaciones de Pemex aquí mismo. La violencia no cesa. Se transforma. Y mientras los cuerpos se retiran del campo, lo que queda es el miedo sembrado en cada familia que piensa dos veces antes de salir a ver un simple partido de fútbol.

Un triunfo para la prensa, un golpe a la censura disfrazada

La Suprema Corte acaba de dar una lección magistral. Con seis votos a favor, anuló el delito de “halconeo” del Código Penal de Sinaloa. ¿La razón? Era una herramienta demasiado peligrosa y ambigua que ponía en la mira a periodistas y ciudadanos.

Esta norma pretendía sancionar a quien obtuviera información, “utilizando cualquier medio tecnológico”, sobre operativos de seguridad. Suena bien en el papel, ¿verdad? El problema es el guión oculto.

Una red demasiado amplia que atrapaba a los comunicadores

El ministro ponente, Giovanni Figueroa Mejía, fue claro como el agua. Dijo que la ley no precisaba la finalidad ilícita de la conducta ni el riesgo específico que quería evitar. Traducción: era una red tan amplia que podía pescar a cualquiera.

“Además, genera un efecto inhibidor particularmente grave para el gremio periodístico, al criminalizar la búsqueda de información vinculada con la seguridad pública”, explicó Figueroa Mejía.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz puso el dedo en la llaga con un ejemplo contundente:

“La ambigüedad es muy amplia… ‘utilizando cualquier medio tecnológico’, pues hasta usar internet cae en el tipo penal de la norma”.

Es decir, bajo esa ley, un reportero consultando redes sociales o un ciudadano grabando con su celular podían ser criminalizados. Un absurdo total en pleno 2026.

No todos estuvieron de acuerdo. La ministra María Estela Ríos defendió la norma. Argumentó que buscaba proteger a las instituciones de seguridad y evitar que el crimen organizado obtuviera ventaja.

“Entiendo que es muy respetable el derecho a la información, pero en este caso debe prevalecer la protección de la seguridad y la vida”, señaló.

Un argumento válido en teoría, pero que en la práctica se torcía hacia la censura. La balanza se inclinó por los derechos fundamentales.

Las reacciones no se hicieron esperar. La organización Artículo 19 celebró la decisión con bombo y platillo. Recordaron el contexto mexicano, donde la prensa es constantemente agredida y criminalizada.

Su alerta es grave: 19 entidades en México aún contemplan este delito en sus códigos. La batalla por desarmar estas leyes ambiguas apenas comienza.

El caso del periodista veracruzano Rafael León Segovia “Lafita”, procesado precisamente por la información que recibe y reporta, es el ejemplo vivo del peligro. La Corte, al menos en Sinaloa, cerró esa puerta.

Hoy ganó una narrativa simple pero poderosa: en una democracia, vigilar al poder no puede ser un delito. El derecho a saber prevalece sobre el miedo a informar.