El primer acto de la Corte del pueblo: controversia y camionetas

Apenas cruzó el umbral de los 100 días en funciones, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación —esa que por primera vez llegó por voto popular— ya está en el ojo del huracán. El fin de semana no fue de descanso, sino de tensiones internas y cuestionamientos públicos que pintan un primer cuadro complicado.

El teatro comenzó con un debate técnico pero profundo. Siete ministros se opusieron frontalmente a un párrafo del proyecto de Lenia Batres sobre la cosa juzgada. Fue una discusión intensa que dejó al descubierto las primeras grietas en el pleno recién estrenado. Al final, la mayoría impuso su criterio, pero el mensaje quedó claro: la unanimidad será un lujo.

El escándalo de las camionetas blindadas

Pero si algo encendió las alarmas ciudadanas fue lo otro: la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep, con un precio que oscila entre 1.1 y 1.8 millones de pesos cada una… ¡y eso sin contar el blindaje adicional! La justificación inicial se desmoronó ante el rechazo generalizado.

La respuesta de la Corte fue rápida, casi en modo damage control: anunciaron que los vehículos no serían utilizados y que buscarían devolverlos o reasignarlos a personas juzgadoras con “mayores riesgos”. Un gesto necesario, pero que llega después de que el daño a la imagen ya estaba hecho.

A esto se sumó el asunto del retrato de la ministra Batres. Aunque la Corte salió a aclarar que ella no participó en la contratación de la artista Diana Carolina López López, el solo hecho de que existiera una partida para eso generó más suspicacias.

Y luego están los viajes. La participación de Loretta Ortiz Ahlf en Costa Rica y un ritual tradicional con un costo superior al millón de pesos completaron un cuadro que, para muchos ciudadanos, huele más a opulencia que a austeridad.

La institución señaló que continuará con medidas para garantizar transparencia y apego a la normatividad vigente.

La promesa es clara, pero el pueblo que los votó está mirando. Esta Corte nació con una legitimidad histórica —la del voto directo— pero también con una carga expectativa monumental. Sus primeros pasos están siendo torpes, gastando capital político en discusiones sobre vehículos lujosos mientras casos cruciales esperan en la sombra.

El verdadero drama apenas comienza. Y el público —el soberano— no pierde detalle.

El telón se cierra sobre los pagos de enero

Esta semana marca el final de la entrega del primer bimestre del año. Si tu apellido empieza con S, T, U, V, W, X, Y o Z, es tu turno. El dinero ya está en camino.

La Secretaría de Bienestar mantiene su coreografía alfabética para evitar el caos. Como mi padre me enseñó: hasta la ayuda más noble necesita orden para llegar a quien la necesita.

“Este pago aplica para quienes forman parte del padrón activo”, señala el esquema oficial. La clave está en esa palabra: activo. No es automático; hay que cumplir los criterios.

¿Cuánto toca este bimestre?

Aquí está el desglose que afecta presupuestos familiares en todo el país:

• Personas Adultas Mayores: $6,400 pesos
• Mujeres Bienestar: $3,100 pesos
• Personas con Discapacidad: $3,300 pesos
• Madres Solteras y Trabajadoras: $1,650 pesos

Son números que para muchos significan medicinas, comida o pagar la luz. No son cifras en un informe; son vidas.

El cronograma final es claro:

• Lunes 26: Letra S
• Martes 27: Letras T, U, V
• Miércoles 28: Letras W, X, Y, Z

Si tu letra ya pasó y no recibiste nada, toca revisar tu situación en el padrón. A veces el sistema falla y hay que presionar donde corresponde.

Como periodista político, veo esto más allá del simple depósito. Es una operación logística masiva con alto costo político si falla. Cada retraso es una familia que cuenta los días.

Mi esposa maestra ve cómo estos apoyos cambian realidades en sus alumnas. Por eso insisto: detrás de cada calendario hay dramas humanos esperando su desenlace.

Que nadie se quede sin cobrar por no estar informado. Compartan estas fechas.

El telón se abre: México entrega capos bajo presión

La escena es clara. El gobierno mexicano, con el foco de Washington encima, aceptó subir el ritmo. La entrega acelerada de líderes criminales a Estados Unidos ya no es una posibilidad, es un hecho consumado tras la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad.

El SIG subrayó como prioridad poner fin a la crisis del fentanilo mediante la aceleración de extradiciones y traslados de objetivos de alto valor.

Ahí está el guión. La administración Trump presionó y México movió ficha. No es solo sobre capturas, es una jugada estratégica para desmantelar las redes que financian todo este desastre.

Pero el acuerdo tiene más actos. También incluye frenar el tráfico de armas hacia el sur y combatir el uso ilícito de drones. Un guiño importante ante los grandes eventos deportivos que se avecinan.

La pregunta que queda flotando en el aire del café es simple: ¿esto es cooperación genuina o una rendición táctica ante la presión norteamericana? Las extradiciones aceleradas son un triunfo para Washington, pero ¿a qué costo para la soberanía y la estrategia de seguridad nacional? El siguiente acto lo dirá.