Nacional
Fiscalía de CDMX investiga 41 denuncias por pinchazos en el transporte público
Autoridades confirman análisis de sustancias en víctimas tras una ola de ataques en el transporte capitalino.

Análisis detallado de los casos reportados
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ha documentado un total de 41 denuncias relacionadas con presuntos ataques mediante pinchazos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y otras redes de movilidad urbana. Según los datos oficiales proporcionados por Bertha Alcalde, titular de la dependencia, en 15 de estos casos se verificó médicamente la existencia de lesiones punzocortantes, mientras que en 4 se identificó la presencia de sustancias químicas. Estas últimas, actualmente bajo examen toxicológico, corresponderían a diversos psicoactivos, aunque la FGJ no ha especificado su naturaleza exacta pendiente de resultados concluyentes.
Distribución geográfica y modalidades de los incidentes
El desglose estadístico revela que el 80.5% de las agresiones (33 casos) ocurrieron dentro de instalaciones del STC Metro, seguido por 4 episodios en el Metrobús, 3 en espacios públicos y 1 en el Pumabús. Esta distribución sugiere un patrón de focalización en sistemas masivos de transporte, particularmente en horarios de alta afluencia. Cabe destacar que, aunque las autoridades no han establecido un vínculo entre los eventos, la recurrencia en entornos similares ha generado protocolos de vigilancia reforzada con unidades especializadas en delitos contra la integridad física.
Desde una perspectiva criminológica, estos hechos podrían asociarse a modalidades delictivas documentadas en otras latitudes, como el uso de jeringas contaminadas para generar alarma social o la administración forzada de sustancias con fines de explotación criminal. Sin embargo, la FGJ enfatiza que las investigaciones permanecen en fase de recolección de evidencia, incluyendo revisiones de videovigilancia y peritajes forenses para determinar posibles responsables.
Contexto y medidas institucionales
Este fenómeno se enmarca en un aumento global de reportes sobre ataques con objetos punzantes en espacios concurridos, con casos registrados en Europa y América Latina durante los últimos cinco años. Expertos en seguridad urbana señalan que tales incidentes suelen responder a dinámicas multicausales, desde intentos de robo hasta violencia psicológica colectiva. La Procuraduría capitalina ha activado un grupo interdisciplinario que integra especialistas en medicina legal, químicos analíticos y agentes de inteligencia para descartar o confirmar hipótesis sobre motivaciones y autorías.
Paralelamente, el gobierno local anunció la implementación de operativos preventivos con detectores de metales en estaciones clave y capacitación a personal operativo para identificar conductas sospechosas. Estas acciones se complementan con una campaña informativa dirigida a usuarios, donde se recomienda verificar asientos antes de ocuparlos y reportar inmediatamente cualquier situación anómala al número de emergencias.
Implicaciones sociales y desafíos jurídicos
El impacto psicosocial de estos eventos trasciende las cifras oficiales, generando percepciones de vulnerabilidad entre los usuarios. Organismos civiles han exigido protocolos claros para la atención médica inmediata de posibles víctimas, incluyendo pruebas rápidas para descartar intoxicaciones o contagios. Jurídicamente, los casos presentan complejidades derivadas de la dificultad para identificar agresores en entornos masivos, lo que ha llevado a replantear estrategias de persecución penal para delitos cometidos en transporte público.
Como medida adicional, la FGJ habilitó un canal exclusivo para recibir testimonios relacionados, garantizando reserva de identidad. Hasta la fecha, no se han emitido órdenes de aprehensión, aunque fuentes oficiales confirman el rastreo de patrones recurrentes en ubicaciones y horarios de los ataques.
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Nacional
Eliza Cruz Zaragoza víctima de feminicidio en Oaxaca exigen justicia
La impunidad y la violencia sistémica en Oaxaca cobran otra vida, mientras familiares claman por acciones concretas.

Un crimen que refleja la violencia sistémica en México
Eliza Cruz Zaragoza, una joven de 28 años originaria de San Isidro en el municipio de San Lucas Zoquiápam, Oaxaca, fue encontrada sin vida el pasado 26 de mayo. Su caso ha conmocionado a la comunidad y evidenciado, una vez más, la alarmante prevalencia de la violencia de género en la región. Según testimonios, Eliza salió de su domicilio para resolver un problema de abastecimiento de agua potable, pero durante el trayecto fue víctima de agresión sexual y posteriormente asesinada. Este hecho no solo truncó la vida de una madre de dos niñas —de seis años y ocho meses—, sino que también dejó al descubierto las fallas estructurales en materia de seguridad y justicia.
Las cifras detrás de la emergencia
De acuerdo con el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), entre diciembre de 2022 y mayo de 2025, Oaxaca registró 237 asesinatos de mujeres. Solo en los primeros 19 días de mayo de 2025, se documentaron 33 casos, distribuidos en distintas franjas etarias: siete víctimas tenían entre 30 y 44 años; cinco eran jóvenes de 19 a 29 años; cuatro pertenecían al rango de 44 a 59 años; tres eran adolescentes (13-18 años); tres superaban los 60 años; una era menor de 12 años, y en 10 casos no se pudo determinar la edad. Las regiones más afectadas fueron el Istmo y los Valles Centrales, con ocho feminicidios cada una, seguidas por la Sierra Sur (6), la Costa (5), la Sierra Norte (3), la Mixteca (2) y la Cuenca del Papaloapan (1).
Estos datos no solo reflejan una crisis humanitaria, sino también un patrón geográfico y demográfico que demanda intervenciones focalizadas. La falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades ha generado indignación social, como lo demuestran las exigencias de la familia y amistades de Eliza: “Exigimos que su crimen no sea un caso más en las estadísticas. Que las autoridades actúen con la urgencia que este horror merece”.
Un llamado a la acción colectiva
El feminicidio de Eliza Cruz Zaragoza no es un incidente aislado, sino parte de una cadena de violencia estructural que afecta especialmente a mujeres en contextos rurales y marginados. Organizaciones civiles insisten en la necesidad de protocolos de investigación con perspectiva de género, así como en la capacitación de funcionarios para evitar la revictimización. La exigencia de justicia trasciende lo legal: implica reparación simbólica, garantías de no repetición y políticas públicas que prioricen la vida de las mujeres.
Mientras el caso sigue bajo investigación, colectivos y familiares mantienen la presión para evitar que quede en la impunidad. “A Eliza la mataron. Y queremos verdad, justicia y reparación”, subrayan. Su lucha es un recordatorio de que cada cifra esconde una historia, una familia destrozada y una deuda pendiente del Estado.
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Nacional
Roban más de 131 mil boletas electorales en Chiapas
Un incidente grave compromete el proceso electoral en Chiapas, con miles de boletas sustraídas horas antes de los comicios.

Incidente de seguridad electoral en Chiapas
Un grupo de individuos encapuchados sustrajo 131,580 boletas electorales destinadas a los comicios del Poder Judicial de la Federación en Chiapas. El hecho ocurrió en municipios de las regiones Altos, Norte y Costa del estado, afectando directamente a 16 de las 2,915 casillas programadas para este domingo. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el robo e inició acciones legales ante el Ministerio Público.
Detalles de la sustracción
La Junta Local Ejecutiva reportó el viernes la desaparición de paquetes electorales en tres distritos clave:
- Distrito 04 (Pichucalco): 65,244 boletas para Copainalá, en seccionales 317-329.
- Distrito 05 (San Cristóbal de las Casas): 10,746 boletas para la seccional 2094.
- Distrito 07 (Tonalá): 55,590 boletas para Jiquipilas, en seccionales 644-660.
Funcionarios del INE realizaron una verificación exhaustiva para identificar los folios de las boletas robadas. “Estamos corroborando la información para darla de manera precisa”, señaló una portavoz, quien posteriormente precisó la cifra total.
Consecuencias inmediatas
El INE anunció que 15 casillas no podrán instalarse debido a la falta de documentación: 9 en Copainalá y 6 en Jiquipilas. En San Cristóbal, se evalúan alternativas para garantizar el proceso. Cada órgano subdelegacional presentará denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel), aportando evidencias recabadas.
En un comunicado, el INE condenó el hecho: “Estos actos coartan la libertad del voto en Chiapas”. Por otro lado, comunidades como San Antonio del Monte confirmaron que su paquetería electoral está intacta e instaron a la participación ciudadana.
Postura institucional
La consejera presidenta Guadalupe Taddei detalló que se sustrajeron 25 paquetes electorales y que ya se interpuso la denuncia correspondiente. Durante la inauguración de la Macro Sala de Prensa, Taddei enfatizó la importancia de salvaguardar los procesos democráticos.
Impacto y medidas de contingencia
Este incidente subraya vulnerabilidades en la logística electoral, especialmente en zonas con historial de conflictos. El INE activó protocolos de reemplazo, aunque reconoció limitaciones operativas. Analistas señalan que la sustracción podría afectar la percepción de transparencia en las elecciones judiciales.
Más allá de las acciones legales, el organismo trabaja en coordinación con autoridades locales para minimizar disrupciones. “Cada voto cuenta”, recordó Taddei, destacando la necesidad de resguardar los materiales restantes.
Llamado a la acción
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Nacional
Agente policial desaparece en Sinaloa mientras la violencia no da tregua
La ola de violencia en Sinaloa no discrimina: ahora los uniformados también son blanco fácil.

Un héroe anónimo que, irónicamente, nadie puede encontrar
Porque qué mejor manera de demostrar el “compromiso con la seguridad” que perdiendo a un agente de la Policía Estatal Preventiva como si fuera un par de llaves. Martín “N” (porque, claro, proteger la identidad es primordial… hasta que desapareces) fue visto por última vez en Navolato, un municipio tan tranquilo que hasta los policías se esfuman sin dejar rastro. Con este caso, ya son cuatro elementos de seguridad en una semana que han tenido encuentros poco amistosos con la delincuencia. ¿Coincidencia? Probablemente no, pero quién está contando.
La familia pide ayuda, las autoridades, silencio
Los familiares de Martín, en un acto de fe digno de un milagro bíblico, recurrieron a redes sociales para pedir ayuda. Porque, obviamente, cuando un policía desaparece, lo lógico es tuitear en vez de, no sé, mover los hilos del sistema diseñado para… ¿proteger a la ciudadanía? Eso sí, detalles sobre lo ocurrido: cero. Solo sabemos que iba de civil (porque en su día libre, ¿para qué querría ir armado y uniformado, verdad?). Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública guarda un silencio tan elocuente que hasta da risa. O llorar. Depende del humor que tengas hoy.
Sinaloa: donde los policías son el blanco móvil
Por si alguien pensaba que esto era un caso aislado, aquí van más perlas de la gestión de seguridad en el estado. El viernes pasado, un agente municipal en Culiacán pidió refuerzos al ver a un grupo armado. Spoiler: cuando llegaron los refuerzos, lo encontraron tirado, golpeado y, lo más importante, sin sus 150 cartuchos de munición. Porque en el crimen organizado, primero saqueas, luego preguntas. O ni eso.
Y como si fuera una mala temporada de Narcos, un día antes, otro agente, Fausto “N”, terminó en el hospital tras un ataque a balazos. Lo curioso es que lo atendieron primero en el Hospital de la Mujer (¿error de sistema o ironía cósmica?). Por suerte, sobrevivió, aunque uno se pregunta: ¿qué hay que hacer para que esto pare? ¿Un ritual con velas? ¿Una carta a Santa Muerte?
Y por si faltaba drama, el miércoles intentaron secuestrar a un comandante policial (fuera de servicio, porque los criminales también respetan los horarios laborales). El tipo forcejeó como en una escena de telenovela, corrió hacia un edificio y, sorpresa, los delincuentes… desaparecieron. ¿Magia? No, solo otro día normal en Sinaloa.
¿Moraleja? Si eres policía en Sinaloa, quizá deberías considerar un seguro de vida. O mudarte. O ambas.
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