FGR analizaría extradición de ‘El Mayo’ Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves recibirá en Palacio Nacional a Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos (USTR). El encuentro abordará la relación económica bilateral, en un contexto de expectativa por posibles nuevos aranceles desde el gobierno estadounidense.

Reunión clave en Palacio Nacional

Respecto a las declaraciones de Greer sobre la preparación de aranceles para aproximadamente 60 países, Sheinbaum llamó a esperar la definición de Washington. Explicó que el esquema está vinculado con una nueva aplicación de sanciones comerciales.

“Vamos a esperar, pero esta aplicación de aranceles tiene que ver con una nueva forma que le llaman la 301; es un esquema de sanción que tiene que ver con aranceles que en su momento puso el presidente Trump”, señaló.

La mandataria recordó que, durante la implementación de los llamados aranceles recíprocos, México quedó fuera de esas medidas gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Los gravámenes aplicaban a productos no amparados por el acuerdo comercial.

Argumentos de México para evitar aranceles

Sheinbaum informó que la Secretaría de Economía ya presentó la semana pasada los argumentos del gobierno mexicano ante las autoridades estadounidenses para evitar la imposición de nuevos aranceles.

“La Secretaría de Economía, la semana pasada, si mal no recuerdo, fue a dar todos los argumentos de por qué no debe haber mayores aranceles a México, pero vamos a esperar”, afirmó.

Desde su conferencia matutina en Toluca, Estado de México, la presidenta indicó que la reunión se realizará por la mañana, aunque no precisó la hora exacta. “Voy a recibir al embajador Greer en Palacio Nacional. En la mañana, todavía no tengo la hora, pero en la mañana”, concluyó.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó un acuerdo que frena la minería en Áreas Naturales Protegidas (ANP). La medida, ya vigente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), prohíbe a particulares realizar exploración y explotación si no cuentan con la autorización de impacto ambiental correspondiente.

Restricción a concesiones mineras

El acuerdo establece que los permisos ambientales son un trámite independiente de las concesiones mineras. La prohibición aplica incluso para concesiones otorgadas antes de la reforma a la Ley Minera del 8 de mayo de 2023. Previamente, las concesiones cubrían todos los minerales y el agua; ahora se limitan a un mineral específico y con controles hídricos.

“Tener una concesión no otorga un derecho automático para explotar, el titular está obligado a obtener una autorización ambiental”, detalló Semarnat.

Evaluación vinculante de Conanp

Cuando Semarnat reciba una solicitud de impacto ambiental relacionada con minería, deberá informar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Este organismo elaborará un informe técnico vinculante para determinar si la obra afecta áreas protegidas federales. La medida se alinea con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avaló la reforma minera y estableció que las concesiones no otorgan derechos automáticos de explotación.

El acuerdo también obliga a los funcionarios ambientales a supervisar que los concesionarios implementen programas de restauración ambiental desde 2024. Semarnat no podrá otorgar permisos en sitios protegidos por su ecosistema, ni autorizar la disposición de residuos mineros en humedales, cauces o zonas federales de agua, debido al riesgo para la salud y el ambiente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 13 de julio, el embajador Roberto Lazzeri presentó 20 denuncias ante fiscalías de Estados Unidos. Estas acciones responden al fallecimiento de 17 mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ocho de las denuncias se presentaron ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado, en jurisdicciones de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.

Medidas diplomáticas

Un día después, la Embajada de México transmitió al Departamento de Justicia, a través del Departamento de Estado, la denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los 17 casos. Solicitó abrir investigaciones y recibir información sobre su avance.

También el canciller Roberto Velasco envió una carta al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk. En ella, pidió recabar información mediante solicitudes de aclaración a EE.UU. y analizar la compatibilidad con instrumentos internacionales. El objetivo es prevenir hechos similares.

El embajador Lazzeri se reunió en Washington con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE. Expresó las preocupaciones de México sobre las condiciones en centros de detención, incluidos los privados. Solicitó esclarecer cada caso.

“Se trata de una comunicación dirigida a la empresa privada que opera dicho centro, en la que se le exhorta a apegarse a los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo”, explicó Lazzeri sobre la carta de cese y desistimiento enviada al centro de Adelanto, California.

La embajada señaló que la carta se emitió con base en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, respetando las leyes de EE.UU. México tomó nota de la devolución de la comunicación, pero confirmó que las preocupaciones quedaron planteadas por la vía diplomática.

“México continuará dando seguimiento puntual a cada caso y trabajando en coordinación con las autoridades estadounidenses bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”, indicó la SRE.

La red consular brinda asistencia a las familias de los 17 fallecidos: acompañamiento jurídico, apoyo para traslado de restos y demás gestiones solicitadas.