La entrega voluntaria de dos exfuncionarios de Sinaloa a Estados Unidos reaviva el debate sobre la confianza en el sistema judicial mexicano.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del estado, se presentaron de forma voluntaria ante autoridades estadounidenses. El hecho ha sido interpretado por legisladores de oposición como una señal de desconfianza en la procuración de justicia nacional.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que ambos exfuncionarios habrían optado por esa vía ante el temor de enfrentar un proceso en México. A su juicio, la decisión refleja una percepción de debilidad institucional y falta de credibilidad en las autoridades encargadas de impartir justicia.
“Es un hecho lamentable que evidencia presuntas redes de complicidad”, afirmó la legisladora.
López Rabadán advirtió que este caso podría ser solo el inicio de una serie de investigaciones que involucren a más servidores públicos. Agregó que podrían surgir nuevos señalamientos relacionados con corrupción y vínculos con el crimen organizado en distintos niveles de gobierno.
Los dos exsecretarios fueron señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras siete personas, por presuntos nexos con el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses solicitaron detenciones y extradiciones por estos hechos.
La controversia se centra ahora en si las autoridades mexicanas actuarán para investigar los presuntos actos ilícitos y restablecer la confianza en el sistema de justicia.
