El acto final del descarrilamiento: certificación o nada

El escenario político se tensa. Tras el dictamen de la Fiscalía que apunta al exceso de velocidad en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, Claudia Sheinbaum sube al podio con un guión claro: defender a los operadores pero imponer condiciones durísimas para que el servicio vuelva.

“Muchos de ellos son ferrocarrileros, entonces son maquinistas experimentados”, declaró la presidenta en su conferencia mañanera.

Pero esa defensa viene con un pero monumental. El reinicio del transporte de pasajeros está congelado. Congelado hasta que una agencia certificadora internacional no sólo revise todo, sino que emita recomendaciones específicas y éstas se apliquen.

Un telón que no se levanta

Es una jugada de alto riesgo político. Por un lado, evita echarle toda la culpa a los trabajadores. Por otro, manda un mensazo: la seguridad nacional no basta. Se necesita un sello global.

“Ya estaba certificado nacionalmente, pero queremos la certificación internacional y ahí lo más importante son las recomendaciones”, insistió Sheinbaum.

Mientras tanto, las víctimas y sus familias esperan. La presidenta aclaró que los montos de apoyo los determina la FGR caso por caso, protegiendo la privacidad de los afectados. “Ellos tienen que aceptarlo, no es algo que se imponga”, dijo.

El tren de carga podría rodar antes, una vez liberadas las vías y con “ciertos mecanismos”. Pero el de personas… ese tendrá que esperar a que suene el silbato de un auditor externo. El gobierno federal pone toda la responsabilidad del próximo acto en manos internacionales.

Un asiento nuevo en la mesa más importante

La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de revelar un cambio de guion en el corazón de su estrategia de seguridad. La fiscal general Ernestina Godoy ahora tiene un lugar fijo, una vez por semana, en las reuniones diarias del gabinete de seguridad. Esto marca una diferencia clara con la era de Alejandro Gertz Manero.

La coreografía matutina del poder

El ritual empieza todos los días a las 6:00 AM. El secretario de Seguridad abre el acto con el informe del día anterior: detenciones, casos especiales, lo más relevante. Luego, todos miran el tablero que desglosa los números nacionales: homicidios y otros delitos, estado por estado, municipio por municipio.

“A partir de ahí tomamos algunas decisiones y después se trata algún tema en particular”, explicó Sheinbaum.

Ahí es donde entra Godoy. Su presencia semanal no es decorativa. Viene a informar sobre la coordinación entre su fiscalía y el resto del gabinete federal. Viene a dar seguimiento a acuerdos conjuntos. Es un intento claro por coser una tela que muchas veces ha estado rasgada.

La reunión concluye con discusión y definición de acuerdos, que luego se revisan en sesiones posteriores. Mientras, la secretaria de Gobernación monitorea el pulso social: movilizaciones, conflictos, gobernabilidad.

El mensaje detrás del gesto es potente. Sheinbaum está apostando por una coordinación forzada, llevando a la fiscalía al mismo espacio donde se toman las decisiones operativas diarias. Es una jugada para evitar que los casos se pierdan en el laberinto burocrático o en rencillas entre instituciones.

¿Funcionará? El teatro político está lleno de buenas intenciones que chocan con realidades más duras. Pero por primera vez en mucho tiempo, la persona que investiga los delitos se sienta, cada semana, con quienes intentan prevenirlos. Eso ya es un guion distinto.

La reforma que ‘pide la ciudadanía’

Claudia Sheinbaum salió al quite. Ante las primeras críticas y el amago del Partido del Trabajo de no apoyar su reforma electoral, la presidenta fue clara: esto no se negocia con individuos.

“Nosotros vamos a plantear la reforma con los ejes que nosotros consideramos necesarios y que pide la ciudadanía. No porque una persona u otra no esté de acuerdo (no) vamos a presentar lo que consideramos indispensable”, subrayó.

Su discurso es un ejercicio de equilibrio político. Por un lado, insiste en que la propuesta nació de foros, encuestas y una comisión especial. Por otro, reconoce que al final es su gobierno quien decide qué es ‘indispensable’.

El Congreso tendrá la última palabra

Sheinbaum descartó usar la figura de iniciativa preferente, ese atajo legislativo que acelera trámites. Una concesión retórica, quizás, cuando afirma confiar en que ‘la mayoría va a estar de acuerdo’.

“Ya la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pues discutirá si está de acuerdo o no”, señaló, dejando claro que el debate parlamentario será inevitable.

Mientras tanto, adelantó otras iniciativas en camino, algunas relacionadas con el ámbito cultural. La maquinaria legislativa del nuevo gobierno comienza a moverse. Veremos cuánto de lo ‘indispensable’ sobrevive al filtro de la realidad política.