El telón se abre en San Quintín

El escenario es uno de los más duros del país: los campos agrícolas de San Quintín, Baja California. Allí, miles de manos—muchas de ellas indígenas—cosechan berries bajo condiciones que, francamente, nos deberían avergonzar a todos. Hoy, el gobierno federal sube a escena con lo que llama un Plan de Justicia. Suena épico. Suena necesario. Pero ¿será suficiente para cambiar un guión de décadas?

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, desglosó el plan desde Tijuana. No son solo palabras bonitas. Son nueve ejes concretos que van desde lo obvio—trabajo digno y seguridad social—hasta lo urgente: atender la violencia específica contra las mujeres jornaleras.

“Cuando nuestra Presidenta tomó protesta estableció en el compromiso 63 que habríamos de trabajar por la seguridad social de los jornaleros agrícolas… Y el Plan de Justicia busca cumplir este compromiso”, expresó Montiel Reyes.

Ahí está la clave. Esto no surgió de la nada. Es una promesa de campaña que ahora busca convertirse en realidad. Para fundamentarlo, hicieron algo inteligente: un censo casa por casa entre julio y septiembre. No es un diagnóstico desde un escritorio en CDMX; es un mapa detallado del dolor y las necesidades reales.

Más allá del salario: la vida entera en juego

Lo que me impacta es el alcance. El plan no se limita al cheque quincenal. Habla de vivienda, infraestructura urbana, salud y controlar la mancha urbana. Reconocen algo fundamental: la injusticia laboral es solo la punta del iceberg. Detrás hay comunidades completas viviendo en la precariedad.

San Quintín no es cualquier lugar. Es el corazón productor de fresas y moras que llegan a nuestra mesa. Y quienes siembran y cosechan son mayoritariamente indígenas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. La puesta en escena es perfecta para un acto de justicia histórica.

Funcionarios de varias secretarías ya han visitado la zona. La SEP, Sedatu, Bienestar… Es un esfuerzo coordinado. Pero yo me pregunto, como siempre: ¿quién gana con esto? Más allá del discurso humanitario, hay una jugada política clara: consolidar el apoyo en una región clave y enviar un mensaje nacional sobre quién defiende a los más vulnerables.

Mi padre, que era obrero, me decía: “Las promesas se miden por lo que cambian en la cocina”. Este plan suena bien en el papel—muy bien—pero su verdadero drama se escribirá día a día, en cada contrato respetado, en cada mujer que pueda denunciar sin miedo, en cada familia que tenga un techo digno.

El telón ya está arriba. Ahora toca ver si la obra cumple con su promesa épica o si se queda en un acto más del gran teatro político mexicano.

Un cheque que tardó 15 años en llegar

Ricardo Salinas Pliego, el magnate dueño de TV Azteca, empezó este jueves a saldar una cuenta pendiente con el país. Pagó los primeros 10,400 millones de pesos de una deuda que superaba los 32 mil millones. La cifra final incluye un descuento del 37% en recargos, otorgado por el SAT.

La letra pequeña del ‘acuerdo’

El Grupo Salinas no está contento. Aceptó pagar para “dar vuelta a la página”, pero asegura que el monto excede lo pactado. El gobierno federal, por su parte, desmintió tajantemente que existieran tales acuerdos previos.

“El conglomerado manifestó su desacuerdo con la cifra final, pero se comprometió a cumplir con los pagos.”

Con este movimiento, la deuda queda prácticamente cerrada. Un final negociado para un caso que parecía eterno.

Para Hacienda, esto es más que dinero. Es un triunfo simbólico después de más de 15 años de batallas legales infructuosas. La estrategia actual del gobierno, que incluyó renovar ministros en la Corte y apretar las tuercas fiscales, finalmente logró cercar a uno de los grandes.

La memoria es frágil, pero los números no mienten. Mientras el país debate otros temas, una factura multimillonaria empieza a cobrarse. Queda ver si esto sienta un precedente o será recordado como la excepción.

La versión oficial frente a la teoría conspirativa

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acaba de dar un portazo a las afirmaciones del consultor estadounidense Peter Schweizer. En un comunicado directo, calificaron sus acusaciones como “falsedades carentes de sustento”. Nada más, nada menos.

Schweizer, en su libro El golpe invisible, lanza una bomba: asegura que las embajadas y consulados mexicanos buscan que los migrantes influyan en decisiones políticas estadounidenses. Para rematar, vincula esto con supuestos intereses de China y la “hermandad musulmana”. Los medios conservadores estadounidenses ya están amplificando el ruido.

“La labor de la diplomacia mexicana se limita a la asistencia consular y a la promoción de relaciones económicas y culturales”, enfatizó la SRE.

Traducción: hacemos exactamente lo mismo que hace Estados Unidos en México. Nada de intervención directa o indirecta. La defensa de los derechos de los migrantes, insisten, no es acción política.

Libros de texto y batallas culturales

El consultor también cuestiona la distribución de libros mexicanos a estudiantes en Estados Unidos. Alega que fomentan la identidad mexicana sobre la estadounidense. Aquí entró también la Secretaría de Educación Pública para aclarar: son materiales para apoyar la educación de hijos de migrantes y promover el español. Punto.

México recordó algo que parece olvidarse cada ciclo electoral: su Constitución prohíbe meterse en asuntos soberanos de otros países. Con más de 38 millones de ciudadanos viviendo al norte, el mensaje es claro: proteger derechos sí, interferir en política no.

La pregunta que queda flotando es por qué resurgen estas teorías justo ahora. ¿Memoria selectiva o estrategia conveniente? La historia se repite, pero los titulares cambian.