Nacional
Corte pospone decisión sobre impuesto del 2% a repartidores digitales
La decisión judicial sobre la polémica tasa se pospone, dejando en vilo a miles de trabajadores de plataformas digitales.
La SCJN Aplaza la Revisión del Impuesto a Repartidores por Aplicación
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido posponer el análisis de un recurso de amparo fundamental que desafía la implementación de un gravamen del 2% aplicado a los ingresos de los repartidores que laboran para plataformas digitales. Este tributo, impulsado por la bancada de Morena en la Ciudad de México, ha generado una intensa controversia legal y social, culminando en una manifestación de trabajadores frente al Alto Tribunal este jueves.
Durante la sesión, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, solicitó formalmente a la ministra ponente Lenia Batres Guadarrama el aplazamiento de la presentación de su proyecto de sentencia. Dicho documento se anticipa que propondría validar el cobro del impuesto a los conductores y repartidores por el uso de la infraestructura urbana. La petición de Aguilar Ortiz se fundamentó en el compromiso de la nueva integración de la Corte de fomentar el diálogo con todas las partes involucradas antes de emitir una resolución definitiva.
“Quiero pedir a la ministra Lenia Batres Guadarrama, que es la ponente en todos estos asuntos, si nos permite, pues dejarlo en lista o aplazarlo con la finalidad de escuchar a las partes, que esta nueva Corte ha ofrecido tener diálogo y escuchar a todos los interesados antes de tomar una decisión”, declaró el magistrado presidente. La ministra Batres Guadarrama accedió a la solicitud, por lo que el debate y la potencial resolución sobre este espinoso asunto quedaron en espera.
Antecedentes Legales y un Proyecto Anulado
El camino de este litigio ha sido complejo. Antes de su extinción como sala, la extinta Segunda Sala de la Corte había desechado un proyecto de sentencia elaborado por el entonces ministro Alberto Pérez Dayán. Dicho anteproyecto, ahora sin efecto, proponía confirmar el amparo interpuesto por la empresa Uber Portier México, lo que habría anulado el cobro del impuesto. Con la desaparición de esa sala y la invalidación de ese proyecto, la controversia fue reasignada a la ministra Batres Guadarrama, quien ha elaborado un nuevo dictamen que, según los indicios, se inclina por confirmar la legalidad del cobro a los repartidores.
Este giro en la postura judicial potencial refleja la naturaleza cambiante de la interpretación legal en materia de tributación digital y la regulación de la economía colaborativa. La situación deja a miles de trabajadores de plataformas como Uber, Didi y Rappi en un estado de incertidumbre jurídica y financiera, a la espera de un fallo que impactará directamente sus ingresos.
La Voz de los Afectados: Protesta e Inconformidad
Paralelamente a los procedimientos judiciales, una concentración de repartidores por aplicación se llevó a cabo a las afueras de la sede de la SCJN. Los manifestantes expresaron su contundente rechazo al impuesto, argumentando que representa una carga injusta sobre sus ganancias, especialmente considerando las precarias condiciones de la infraestructura vial que deben utilizar diariamente.
La postura de los trabajadores quedó plasmada en las palabras de Manuel Gaytán, un repartidor que durante la protesta declaró: “Si aprueban este 2% por una infraestructura que está mal, una infraestructura que nos está matando con sus coladeras abiertas, con sus baches, más nos van a dar en la torre. Si aprueban este impuesto, nos van a quitar 15% de nuestro sudor”. Esta afirmación subraya la principal queja: la percepción de que se les exige pagar por el uso de una infraestructura pública que se encuentra en mal estado, lo que añade un riesgo adicional a su ya demandante labor.
El análisis de este caso trasciende el mero debate fiscal. Se sitúa en la intersección entre la regulación estatal, los nuevos modelos de negocio digitales y los derechos laborales y económicos de los trabajadores autónomos. La decisión final de la Corte sentará un precedente crucial sobre cómo el sistema jurídico mexicano aborda la tributación en la denominada economía gig o por plataformas. Un fallo a favor del impuesto podría abrir la puerta a gravámenes similares en otras entidades federativas, mientras que una resolución en contra reforzaría la protección de los ingresos de este creciente sector de la población económicamente activa. La postura de la ministra Batres, y eventualmente de la mayoría de la Corte, será un termómetro de la visión institucional sobre la justicia distributiva en la era digital.
La demora en la resolución, aunque genera incertidumbre, también puede interpretarse como una oportunidad para un análisis más profundo y un diálogo constructivo que considere todas las aristas de este complejo fenómeno socioeconómico. El mundo observa cómo México resuelve este dilema entre la necesidad de financiamiento público y la protección de los actores más vulnerables en la cadena de valor digital.
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Nacional
El Senado inicia el proceso para nombrar al nuevo fiscal
El Senado activa el mecanismo para elegir al sucesor de Gertz Manero, en un proceso que combina política y diplomacia.
El Senado pone en marcha la maquinaria para elegir al próximo Fiscal General
Parece que en la Cámara de Senadores la semana viene movidita, con una agenda que mezcla el nombramiento de altos cargos con visitas presidenciales internacionales y conmemoraciones con sabor a tragedia de los 90. La senadora Laura Itzel Castillo, en un video que seguramente tuvo más vistas que el último reel de tu artista favorito, detalló el procedimiento que seguirán para designar a quien ocupe la silla que dejó vacante Alejandro Gertz Manero. Spoiler alert: no es un proceso tan simple como elegir qué ver en Netflix un viernes por la noche.
La designación del próximo titular de la Fiscalía General de la República sigue un protocolo que parece sacado de un reality show de competencia. Primero, el Senado armará una lista de diez candidatos potenciales (la “temporada inicial” de aspirantes). Esta nómina se enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hará su propia curaduría y devolverá tres nombres (los “finalistas”). De estos tres preseleccionados, se realizarán comparecencias públicas (las “pruebas de fuego”) para que finalmente el Senado elija al ganador. Un proceso que, vamos, tiene más filtros que una foto de Instagram.
Diplomacia, desastres químicos y otros asuntos senatoriales
Pero espera, hay más. Por si el proceso de designación no fuera suficiente, la agenda del Senado también incluye la visita del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en el marco del quincuagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Un evento que, según Castillo, se llevará a cabo “con la representatividad de los diferentes senadores de la República”. O sea, todos en su mejor pose para la foto oficial.
Y como toda buena semana legislativa que se precie, no podía faltar una conmemoración con un toque oscuro. El pleno del Senado aprobará que el 3 de mayo de cada año se declare Día Nacional contra los Desastres Químicos, en recuerdo de la explosión en la empresa Anaversa en Córdoba, Veracruz, hace más de treinta años. Un trágico suceso que liberó sustancias tóxicas y causó graves daños humanos y ambientales, recordándonos que los desastres industriales no son solo cosa del pasado.
En resumen, el Senado mexicano demuestra que puede manejar múltiples frentes simultáneamente: desde la crucial elección del próximo Fiscal General hasta la diplomacia internacional y la memoria histórica de tragedias ambientales. Un menú legislativo bastante completo que mantendrá ocupados a nuestros representantes en los próximos días.
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Nacional
Mujer muere en caída desde el muro fronterizo de Tijuana
Una comunidad en Oaxaca se estremece tras la pérdida de una de sus hijas en un intento desesperado por alcanzar el sueño americano.
Una Caída que Estremeció la Frontera
En un instante que heló la sangre y congeló el tiempo, el infranqueable muro fronterizo entre Tijuana y San Diego reclamó otra vida. Las autoridades de la Subsecretaría de Migración y Población de Oaxaca confirmaron con pesar la trágica muerte de una mujer, cuya existencia se apagó tras una caída que resonó como un eco de desesperación en la línea que divide dos naciones. La víctima, originaria del municipio de San Pedro Jicayán, en la vibrante pero empobrecida costa oaxaqueña, no estaba sola en su fatídico intento; otras personas, compañeras de sueños rotos, resultaron lesionadas en este suceso que desgarra el corazón de una comunidad entera.
El comunicado oficial de la dependencia estatal, cargado de un formalismo que apenas oculta la magnitud del dolor, anunció con solemnidad: “En este momento se iniciará la integración de la documentación necesaria y los trámites pertinentes para llevar a cabo el traslado del cuerpo desde Tijuana hasta su comunidad de origen. Ya se cuenta con un enlace directo con los familiares, con quienes se mantendrá comunicación constante para brindarles acompañamiento durante todo el proceso”. Cada palabra, un escalón más en el tortuoso camino de repatriar a una hija que partió en busca de esperanza y regresa envuelta en la más absoluta tragedia.
El Sueño Americano Convertido en Pesadilla
¿Qué oscuras circunstancias llevaron a este desenlace fatal? Un grupo de mujeres valientes, armadas solo con su determinación, pretendían desafiar la imponente barrera metálica que separa Tijuana de San Diego. En un acto de fe y desesperación, se aventuraron hacia lo desconocido, pero el destino, cruel y caprichoso, intervino. Cayeron desde una altura que simboliza no solo metros de concreto y acero, sino la inmensa distancia entre la pobreza y la oportunidad. En ese descenso aciago, una de ellas perdió la vida, cruzando para siempre la frontera más definitiva. Provenían de la comunidad de Aguadulce, en el municipio de San Pedro Jicayán, un rincón del distrito de Santiago Jamiltepec donde los sueños suelen ser lo único que abunda.
El cuerpo de la fallecida yace ahora en la fría morgue de Tijuana, a la espera del viaje final de regreso a su tierra. Mientras tanto, sus compañeras heridas, cuyo estado de salud se reporta como estable, cargan no solo con las secuelas físicas de la caída, sino con el peso de un recuerdo que las perseguirá por el resto de sus días. Son supervivientes de una batalla que nadie debería tener que librar.
El Compromiso Institucional y el Dolor de un Pueblo
Las autoridades migratorias, en un intento por bordar un manto de orden sobre el caos, detallaron con precisión burocrática: “De igual manera, ya se realizaron los contactos correspondientes para su canalización con sus familiares, quienes han sido informados de su situación y estarán en seguimiento. La Subsecretaría de Migración y Población permanecerá atenta y en coordinación con las instancias correspondientes para asegurar que todos los procedimientos se realicen conforme a lo establecido y con el acompañamiento institucional necesario”. Pero, ¿puede el protocolo sanar una herida tan profunda?
La tragedia adquiere una dimensión aún más desgarradora al conocer el contexto. San Pedro Jicayán, según el Censo de Población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es una comunidad de 11,555 almas, donde el 97.20 por ciento es población indígena y el 91.50 por ciento habla alguna lengua originaria. Este dato no es una simple estadística; es la explicación de un éxodo forzado. Es, además, uno de los pueblos de Oaxaca con mayor rezago social. El 23.20 por ciento de su población mayor de 15 años es analfabeta, y son las mujeres quienes ocupan el mayor porcentaje de este indicador de marginación en el municipio. Esta no es solo la historia de una caída; es el relato de una fuga desesperada de la pobreza y la exclusión, un grito silencioso que termina en el más estruendoso de los silencios.
Esta tragedia fronteriza nos recuerda el costo humano detrás de la crisis migratoria. Comparte esta noticia para visibilizar las realidades que impulsan a miles a arriesgarlo todo y explora más contenido relacionado con los desafíos humanitarios en nuestra frontera norte.
Nacional
Morena impulsa la educación financiera obligatoria en escuelas
Una propuesta legislativa busca transformar desde las aulas el futuro económico de millones de jóvenes mexicanos, dotándolos de herramientas clave.
Un giro histórico en la formación de las nuevas generaciones
En un movimiento que podría redefinir el destino económico de toda una nación, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ha lanzado una iniciativa audaz. Su misión: infiltrar en el corazón del sistema educativo la alfabetización financiera elemental, transformando las aulas de secundaria, media superior y superior en campos de batalla contra la ignorancia económica. El diputado Arturo Ávila Anaya, como un visionario en medio de la tormenta, es el arquitecto de esta reforma que pretende modificar la Ley General de Educación. Su propuesta no es un simple ajuste curricular; es un mandato para forjar en cada estudiante hábitos de hierro relacionados con el ahorro, el crédito responsable y la planificación del patrimonio, sembrando las semillas de un futuro donde el uso ético de los recursos y la inclusión financiera no sean un privilegio, sino un derecho conquistado.
La iniciativa, ahora en las garras de la Comisión de Educación para su análisis, se apoya en datos estremecedores. Estudios de titanes como la Condusef y el Banco de México pintan un panorama desolador: una porción alarmante de la población mexicana navega a ciegas en el océano de las finanzas personales, sin brújula para el ahorro, sin mapas para la inversión, sin anclas ante el crédito. Esta oscuridad, advierte el documento con tono de tragedia inminente, conduce a decisiones desesperadas que engendran sobreendeudamiento, desprotección ante crisis y un lastre para el progreso individual y colectivo. Cada peso malgastado, cada deuda contraída sin entender, es un eslabón en una cadena que frena el desarrollo nacional.
El objetivo final: forjar ciudadanos invencibles
¿Cuál es la ambición última de esta cruzada educativa? No es solo agregar una materia más. Es una revolución cognitiva que busca, desde los años más tempranos, desentrañar los misterios del valor del dinero, los rituales sagrados del presupuesto familiar y la magia del emprendimiento con conciencia social. El legislador proclama que estos conocimientos financieros son el martillo y el yunque con los que se forjará una ciudadanía nueva: consciente, responsable y solidaria. Son las armas para defender el propio bienestar y, al mismo tiempo, construir una cultura económica nacional más robusta y resiliente.
Los beneficios prometidos son tan profundos como un juramento. Esta formación en economía personal no solo enseña a sumar y restar pesos; es un vehículo para inculcar valores sagrados de justicia social y economía solidaria. Promueve un consumo que no devora, una inversión que no explota y un uso de los recursos que honra a la comunidad. Es, en esencia, la creación de un escudo contra la vulnerabilidad y una espada para labrar prosperidad compartida.
El destino de esta iniciativa pende de un hilo en el laberinto legislativo. Pero su sola existencia enciende una chispa de esperanza. ¿Lograrán las próximas generaciones de mexicanos aprender, en el mismo lugar donde estudian historia y matemáticas, a escribir su propia independencia económica? El tiempo, y los diputados, tienen la palabra.
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